CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

En sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó el paquete de indicaciones presentado esta semana al proyecto de ley que “establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas en las circunstancias que se señala” (boletín 15805).

En particular, la personera debió abordar la polémica por la norma que plantea que los reglamentos “deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”.

Diversos parlamentarios cuestionaron este punto. El diputado José Miguel Castro (RN) consideró una falta de respeto su inclusión, especialmente al dar “una especial protección a los migrantes antes que a cualquier chileno”, y que esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley. Por ello llamó a la ministra a repensar y retirar esta indicación.

Por su parte, el diputado Gustavo Benavente (UDI) reconoció que la norma estaba presente en la propuesta entregada en agosto del año pasado, pero que ahora incorpora a otros grupos en la redacción, como los migrantes y pueblos originarios. A su vez, el diputado Luis Sánchez (PREP) también llamó la atención por la norma sobre uso diferenciado de la fuerza y afirmó que se mantiene en el texto la vaguedad de instrucciones que exige un excesivo ejercicio mental para su cumplimiento en situaciones urgentes.

Grupos de especial protección

Por el contrario, la diputada Lorena Fries (CS) agradeció que se incorpore a grupos de especial protección. Dijo que es un error comparar cómo actuaría una persona común y cómo lo hará el personal que está entrenado y tiene una formación profesional.

En la misma línea, el diputado Gonzalo Winter (CS) sostuvo que en este proyecto no hay diferencias sobre las ideas sino sobre las “caricaturas que se hacen del texto”. Afirmó que en ninguna parte se plantea actuar con más o menos fuerza frente a la criminalidad. Es un proceso complejo y que no se trata de desconfianza, ya que mientras más preciso sea lo que se puede o no hacer, será mejor la protección de los ciudadanos”.

El diputado independiente Jaime Araya remarcó que el proyecto fija principios orientadores. Ejemplificó que hoy esa diferenciación ya es parte de la regulación del uso de la fuerza, porque no se actúa igual frente a una manifestación de trabajadores de jardines infantiles que en el caso de una marcha violenta con bombas molotov, por ejemplo.

Sobre este punto, la ministra Tohá reiteró que no se proponen criterios más laxos o menos fuerza, etc., sino que se busca que en los reglamentos que regulan estas materias se tengan en cuenta a estos grupos. Y, también ejemplificó señalando que en el control fronterizo por pasos informales, hay un manejo diferente cuando cruzan, por ejemplo, personas que por sus tradiciones ancestrales circulan entre uno y otro territorio, y no son crimen organizado, como ocurre en la zona norte del país. “No es más blandura”, sino atender a las particularidades para trabajar bien, remarcó la personera.

Eximente de responsabilidad

Otro punto que fue criticado por la oposición, es la norma sobre eximente de responsabilidad penal. A juicio del diputado Henry Leal (UDI), la redacción propuesta derogaría la ley Naín-Retamal. Afirmó que esta ley es “el desde” y advirtió que si no se retira será un obstáculo para avanzar en este proyecto.

Frente a las nuevas modificaciones presentadas, algunos diputados y diputadas propusieron nuevamente invitar a exponer a representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Al respecto, la diputada Pamela Jiles (PH) sostuvo que es necesario escuchar esa opinión técnica, porque a la luz de lo presentado, estamos frente a un proyecto, en la práctica, nuevo.