Cámara despachó proyecto que mejora la persecución penal
En el debate de la iniciativa, iniciada en una moción que vuelve a tercer trámite al Senado, se agregaron normas que modifican la Ley de responsabilidad penal adolescente con el fin de mejorar la persecución penal de delitos cometidos por menores.
La Sala despachó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el fin de mejorar la persecución penal. Esto, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social (boletín 15661).
La moción fue presentada en el Senado en enero de 2023. El objetivo de la norma, que forma parte de la agenda de seguridad, es establecer una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación real de las penas. Para esto, busca un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia. Todo esto, sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.
En el debate en la Comisión de Constitución de la Cámara, el texto tuvo una serie de modificaciones. Entre ellas, se aprobó una indicación para normar la reformalización de imputados.
Dicha norma señala que, después de formalizada la investigación y hasta el cierre de ésta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario. Esto, junto con comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.
Agrega que, una vez reformalizada la investigación, cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación. Así, podrá solicitar al Ministerio Público las diligencias que considere necesario.
Colaboración eficaz y decomisos
En la Cámara también se respaldó la norma que busca fortalecer la cooperación eficaz de condenados. El texto señala que el tribunal podrá reconocerla, aun cuando ella no fuese invocada por el fiscal. Todo esto, si durante el juicio se acredita que la persona cooperó con la investigación y existió un acuerdo de cooperación con el fiscal.
El objetivo de este cambio es fomentar la colaboración en la etapa de investigación. Además, la idea es no abrir espacios para que quienes son condenados busquen rebaja de penas una vez que el proceso penal haya avanzado.
Adicionalmente, se aprobó que el tribunal pueda destinar a los organismos policiales que correspondan los instrumentos tecnológicos decomisados. Esto, previa solicitud del Ministerio Público. En específico, se refiere a elementos decomisados en delitos de asociación ilícita o criminal establecidos en el Código Penal. Aquí se contemplan computadores, reproductores de imágenes o sonidos y otros similares.
De igual modo, el proyecto contiene una modificación para incluir a Gendarmería y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante dentro de las instituciones a las que pueden destinarse recursos provenientes de decomisos.
Otras normas de persecución penal
La iniciativa, por otra parte, contempla una modificación a la Ley que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN (Ley 19.970). En ella se establece que, si un imputado formalizado por un crimen o simple delito se encuentra en situación migratoria irregular, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro.
La idea es evitar que la indocumentación de la persona genere dificultades para la persecución penal o, incluso, impunidad ante los delitos cometidos. Además, con esta medida se podría identificar si está involucrado en otro tipo de delitos. Junto a esto, en el debate se argumentó que puede servir como una medida disuasiva para la comisión de crímenes.
Paralelamente, la iniciativa contempla sanciones por la divulgación de contenido entregado en procesos de colaboración. Se añade a lo anterior modificaciones a la normativa bancaria. Aquí se establece un plazo para la entrega de información de determinadas operaciones en bancos, a solicitud del Ministerio Público. Ella se deberá entregar en un formato específico y en un plazo no superior a cinco días.
Cambio en la Sala
Tras una extensa votación de las diferentes normas que componen el proyecto, la Sala rechazó la creación de la figura del procurador común. El texto señalaba que, en aquellos casos en que existen dos o más querellantes privados en un mismo proceso, estos debían nombrar un procurador común. Esta medida le permitía actuar en todas las audiencias del procedimiento.
Por otro lado, el diputado Andrés Longton (RN) repuso durante las votaciones dos indicaciones. Ellas habían sido declaradas inadmisibles en Constitución, pero la Sala las declaró admisibles y las aprobó. Sin embargo, se restaron de dichos textos aquellas normas que exigían un quórum de aprobación mínimo de 78 votos, rango que no se alcanzó.
La primera enmienda aprobada busca mejorar las medidas para la persecución penal de adolescentes entre 14 y 18 años.
Para esto, la propuesta modifica la Ley 20.084, de responsabilidad penal adolescente. Establece que, para delitos sancionados con presidio o reclusión perpetua, o presidio perpetuo calificado cometidos por menores de 16 años las sanciones de internación en régimen cerrado o semi cerrado con programa de reinserción social no podrán exceder de 15 años.
Este límite no será válido para los mayores de 16 años. Además, agrega que en el caso de reincidencia se deberá aplicar el máximo de la pena establecida.
Finalmente, establece que quien infrinja su condena será sancionado con la internación por un período idéntico al tiempo que durare el quebrantamiento. Eso sí, con un máximo de hasta un máximo de un año.
La segunda indicación respaldada permite que el Presidente de la República recompense a aquellas personas que, de manera voluntaria, aporten antecedentes sustanciales, veraces, precisos, comprobables y desconocidos por las policías y el Ministerio Público, respecto de investigaciones relativas a los delitos de asociación delictiva o criminal.
Cabe destacar que, previo al despacho del proyecto a tercer trámite, tanto el Gobierno como el diputado Marco Ilabaca (PS) hicieron reserva de constitucionalidad por dichas disposiciones.
Debate persecución penal
En el debate se manifestó que el proyecto es una herramienta para recuperar la seguridad, sobre todo ante el avance del crimen organizado. Por otra parte, plantearon que se trata de una iniciativa que busca dar certezas a la ciudadanía.
Además, destacaron que es uno de los proyectos más importantes desde la Reforma Procesal Penal. Esto, porque reduce el “garantismo”, que genera sensación de impunidad ante la comisión de delitos.
Otro punto destacado es que se excluya el grado menor de la pena cuando la persona es reincidente. Así como también que se aumente en un grado la segunda reincidencia, permitiendo asegurar una pena proporcional.
No obstante, se lamentó la falta de recintos carcelarios, para evitar escuelas de delitos, teniendo a los privados de libertad como corresponde y no en el hacinamiento.
Por último, entre otras opiniones, se valoraron las medidas de protección a jueces y testigos. Sin embargo, manifestaron que hay deficiencias en materia de cooperación eficaz.
En las dos sesiones donde se analizo el proyecto intervinieron Marta Bravo (UDI), Mercedes Bulnes (IND), Andrés Longton (RN), Gloria Naveillan (IND), Erika Olivera (DEM), Daniel Lilayu (UDI), Andrés Jouannet (AMA), Henry Leal (UDI), Mauricio Ojeda (IND), Leonardo Soto (PS), Francisco Pulgar (IND), Raúl Leiva (PS), Frank Sauerbaum (RN), Johannes Kaiser (IND), Bernardo Berger (IND), Nelson Venegas (PS), Enrique Lee (IND) y Sara Concha (PSC).