Comisión oficiará por falta de matrícula en establecimientos educacionales
El tema fue abordado por la instancia de Educación, donde se manifestó la preocupación por alumnos que no cuentan con cupo en distintas regiones del país.
El diputado Juan Santana (PS) manifestó su preocupación por más de 500 familias de la comuna de Copiapó que no tienen matrícula. Tema que calificó como “impresentable”, por lo que pidió el pronunciamiento del Mineduc y del SLEP Atacama.
En el marco de la sesión de la Comisión de Educación, el parlamentario pidió conocer cómo funciona el Sistema de Admisión Escolar desde el punto de vista administrativo. Agregó que existe una “desprolijidad evidente” de fiscalizar cómo funciona el sistema.
Al respecto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, respondió que se encuentran en etapa de regularización de matrículas en todo el país. E informó que hay listas de espera que van corriendo.
En específico sobre Atacama, la personera dijo desconocer la cifra mencionada por el parlamentario socialista y aseguró que existe un número más bajo de familias sin matrícula. Añadió que hay otras comunas que también tienen problemas de cobertura, como Alto Hospicio, Antofagasta y Lampa, entre otras.
En cuanto a las soluciones, explicó que primero se verifica si hay más cupos en otro establecimiento de la comuna. Luego, los sostenedores pueden pedir que se autoricen más cupos a la Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Posterior a ello, se pueden generar sobrecupos o crear nuevos cursos con flexibilidad horaria, es decir, en doble jornada.
Arratia agregó que los principales problemas se producen en primero y tercero medio. Pero, recalcó que desde agosto de 2023 al 31 de enero de 2024 se han creado más de 5 mil nuevas plazas.
Finalmente, planteó que efectivamente existe “menos oferta que la demanda que hay” y, en otros casos, la oferta en algunos establecimientos no es atractiva para las familias. Por lo tanto, postulan a varios colegios. En ese sentido, expresó que durante el mes de marzo se debe solucionar el tema.
Oficios solicitados
Sobre la materia, el grupo parlamentario acordó solicitar información pormenorizada y oficial de la falta de matrícula en establecimientos escolares públicos y particulares subvencionados del país. A su vez, consultar a la Superintendencia de Educación si les corresponde hacerse parte en el proceso administrativo, ya que se estaría vulnerando el derecho de niños y niñas al no asistir a clases, como lo explicó el diputado Eduardo Cornejo (UDI).
La petición también se extenderá a la matrícula en jardines infantiles, escuelas de lenguaje y especiales. Por otra parte, detectar si existieron problemas en la Plataforma del Sistema de Admisión, como habría ocurrido en la Región del Maule.
Profesores
En otro tema abordado en la comisión, la diputada Catalina Pérez (IND) lamentó el suicidio de la profesora de Antofagasta, Katherine Lloma, quien sufrió maltrato, hostigamiento y agresión de parte de un apoderado. Señaló que pese a denunciar el hecho ante la escuela y en Carabineros, no contó con apoyo de la Corporación municipal, ni del establecimiento.
Al respecto, se oficiará al Mineduc y a la Superintendencia de Educación para conocer si se aplican o no los protocolos sobre el tema. Tema que también esperan analizar con el ministro del ramo Nicolás Cataldo.
Por otra parte, la Agrupación de Docentes de Recursos de Reposición 2022 denunció falencias en la Evaluación Docente de ese año. Lilian Carrera explicó que representan a cerca de mil profesores que fueron mal evaluados.
En particular criticaron la licitación a cargo de la Universidad de la Frontera y la falta de experiencia de los correctores de portafolio. Además, lamentaron la falta de transparencia y retroalimentación necesaria para mejorar los puntos mal evaluados. Sobre todo, para docentes que cuentan con riesgo de desvinculación.
Investigación
Finalmente, en la sesión también participaron representantes de la Asociación Nacional de Investigadoras de Posgrado (ANIP), que solicitaron el apoyo de la comisión para una encuesta sobre las condiciones laborales que enfrentan y para que la Biblioteca del Congreso Nacional les ayude al procesamiento de datos. Tema que fue acogido por la instancia.
Marianela Aravena denunció la precarización de las y los trabajadores del conocimiento. En su mayoría, afirmó, pese a tener doctorados trabajan a honorarios, lo que les impide tener derechos sociales, como pensiones, seguro de cesantía y pre o post natal.
Igualmente, se ha detectado que el 50% de ellas gana menos de un millón de pesos y que existe una brecha de género en la adjudicación de fondos. Al respecto, sólo el 30% de los proyectos se asignan a mujeres, informó.