Plantean dar prioridad al Plan de Reactivación Educativa
En la resolución, aprobada por unanimidad, se da cuenta de la falta de matrícula a nivel nacional y de las altas cifras de deserción escolar.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 1032. A través de ella se solicita al Presidente de la República y al Ministerio de Educación que se implementen todas las medidas legales y administrativas para otorgar prioridad al Plan de Reactivación Educativa.
En dicho marco, se requirió destinar mayores recursos para su financiamiento. El objetivo es reducir los niveles de deserción escolar y llegar a cifras prepandemia del Covid-19.
La solicitud se funda en una preocupación por las altas cifras de deserción y falta de matrícula escolar. Según datos entregados en el documento, la falta de cupos en colegios superaría los tres mil. La deserción escolar, en tanto, habría llegado en 2022 a los 50.500 estudiantes.
La situación la plantearon a la Sala las y los diputados de la bancada de la UDI, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Cristian Labbé, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez, Flor Weisse, Renzo Trisotti y Natalia Romero.
Falta de matrícula
Resaltaron que el Plan de Reactivación Educativa se impulsó en enero del año 2023, con el fin de incentivar el regreso de los estudiantes a clases post cuarentenas. Sin embargo, según lo planteó el diputado Felipe Donoso en la Sala, ahora se suma la falta de matrículas a nivel nacional.
“A tres semanas del inicio del año escolar, aún hay niños que no saben dónde estudiar”, remarcó. Agregó que, “se necesitan medidas urgentes” y se deben dar los cupos a los alumnos que no tienen dónde estudiar.
En la resolución, se hace alusión al artículo 19 de la Constitución Política de la República. “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”, especifica la resolución.
De igual manera, establece que “la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.”