CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Abordar el accionar del Gobierno ante el continuo aumento de la delincuencia y el crimen organizado en el país fue el objeto de la sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En el tiempo previo de los solicitantes de la cita, intervino el diputado Andrés Longton (RN). Criticó que, a dos años de gobierno, las autoridades digan que estamos mejor que antes de acuerdo a la realidad en materia de delincuencia. Consideró aquello como “indignante” respecto a lo que los chilenos viven a diario que, incluso, corren riesgo de perder sus vidas.

Agregó que las víctimas están cansadas de la permisividad y complacencia, así como que se modifiquen las mediciones para decir que está todo bien. Acotó que contrasta con las cifras de delitos violentos más altas de los últimos 9 años: 194 mil casos y 1.200 homicidios al año.

Respecto a la migración, lamentó que en los últimos 2 años se superaron los 97 mil ingresos ilegales. Además, resaltó que las expulsiones administrativas pasaron de 32 a cerca de 400 a la fecha.

Luego, fue el turno de la legisladora Francesca Muñoz (PSC) quien agregó que la crisis de seguridad no es novedad para nadie. Indicó que, en 12 de 16 regiones, se incrementaron los delitos de mayor connotación. Principalmente, en Biobío, La Araucanía y Los Lagos, donde, además, hay violencia rural.

Sostuvo que no se puede normalizar que se encuentren partes de cuerpos dispersos, extorsiones, casas de tortura, balazos, ajustes de cuentas, explotación sexual, drogas y crimen organizado. “Nos estamos convirtiendo en tierra de nadie donde los ciudadanos no pueden salir a las calles”, recalcó.

Por ello, llamó en los dos años restantes del Gobierno a enmendar el rumbo y ejercer el rol constitucional que le corresponde en mantener el orden público y el resguardo de la seguridad de la ciudadanía. “Basta de excusas, se debe hacer un trabajo conjunto y avanzar de manera determinada y sin vacilaciones. Chile no soporta más la delincuencia y el crimen organizado”, enfatizó. Asimismo, llamó a utilizar las herramientas constitucionales que sean necesarias para dicho objetivo.

Otras exposiciones

Lorena Fries (PCS) valoró los avances del Gobierno en responder a las nuevas dinámicas criminales y la delincuencia, en general. Dijo que se han implementado nuevas capacidades legales para investigar, creando institucionalidad a través de leyes y aumentado el presupuesto para robustecer a las policías. Por otra parte, llamó a pasar de la cultura de la violencia a la de la evidencia a la hora de legislar.

Sebastián Videla (IND) pidió información sobre un acuerdo del 18 de agosto de 2023, para la recuperación de vehículos y el tráfico de personas. Dijo que no ve acciones para la recuperación de ellos, por lo que pidió la renuncia del encargado del tema. Sostuvo que se conoce a las bandas que operan en Calama y que pasan a Bolivia, pero criticó que no hay soluciones.

Por su parte, Rubén Darío Oyarzo (PDG) lamentó lo que viven los vecinos de la región Metropolitana norponiente y que crezcan las narcotomas, con mafias donde el Estado no llega. “La labor del Gobierno es cuidar y este Gobierno no lo hace”, enfatizó.

Participaron también en el debate Natalia Romero (IND), Lorena Pizarro (PC), Raúl Leiva (PS), José Carlos Meza (PREP), Johannes Kaiser (IND), Carolina Tello (PC), Stephan Schubert (PREP), Maite Orsini (RD), Gaspar Rivas (PDG), Enrique Lee (PRI), Joanna Pérez (DEM) y Francisco Pulgar (IND).

Ejecutivo

En representación del Ejecutivo desarrolló una extensa presentación la ministra del Interior, Carolina Tohá. Partió dando un contexto en el que se desarrolló la estrategia del Gobierno. Al respecto, comentó que en algunas cosas se ha avanzado, aunque reconoció que en otras no ha habido gran movilidad, mientras aparen también problemas nuevos.

Sostuvo que el problema más grave está dado con los homicidios violentos, empero reveló que el crecimiento se viene produciendo desde 2016. Acotó que en ellos se ha producido un incremento de armas de fuego y se han dado en mayor frecuencia en la vía pública.

A lo anterior se sumarían perfiles de delitos que antes no se conocían o eran poco frecuentes, como los secuestros (826 el año pasado, 132 del tipo extorsivos).

Recalcó que la política de seguridad no se había actualizado desde 2004. Ello se complicó, aun más, por efecto de la pandemia, donde las prioridades estuvieron puestas en salud y reactivación. Así, se descuidaron las inversiones necesarias en materias que en estos últimos años hicieron crisis.

Relató que la estrategia gubernamental tiene cinco líneas:

• Fortalecimiento institucional.
• Contar con una política específica contra el crimen organizado y control de armas.
• Intervenir los distintos territorios con planes concretos.
• Reforzar la prevención.
• Lograr acuerdos de Estado en materia de seguridad.

 

Entre las múltiples materias que detalló, dijo que, entre las acciones se contempla el fortalecimiento de las policías (equipamiento y personal) y Fiscalía. También se desarrolla la política nacional contra el crimen organizado (CO). Esta tiene 107 acciones y diez ejes (desbaratamiento del poder económico del CO, disminuir el poder de fuego, recitos penitenciarios, agenda legislativa, entre otros).

Igualmente, se refirió a las inversiones y destacó que, en los últimos años, se han entregado recursos históricos para estas materias. Solo en este año más de 78 mil millones de pesos. Pero remarcó que se requerirán más dineros para continuar con las acciones, si se quiere una respuesta más efectiva. Por ejemplo, para dar un salto en dotaciones policiales y acelerar los planes de compra.

Finalmente, entre otros datos, dijo que hubo una reducción de 18 mil ingresos ilegales y que las expulsiones administrativas son mayores que el promedio de los años anteriores.

Más combate a la delincuencia

Culminado el debate se aprobaron seis (1210, 1212, 1213, 1214, 1216 y 1217) de ocho resoluciones presentadas en la sesión. En general, en ellas se solicita al Presidente de la República que instruya una serie de medidas para avanzar en el combate a la delincuencia y el CO.

Por ejemplo, entre los planteamientos mencionados está que se agilicen medidas legislativas para que las Fuerzas Armadas colaboren con las Fuerzas de Orden y Seguridad en el control del crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos de mayor connotación social.

Por otra parte, se solicita la creación de una Agencia de Inteligencia Criminal en el país. También concretar un “comando de élite” y la articulación en la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional. Asimismo, se respaldó la labor de Carabineros y se pidió que se refuerce el combate contra la delincuencia organizada.

Por otra parte, se llama a un plan de construcción y gestión de cárceles para condenados para el crimen organizado.