Sala aprueba nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de delitos
La nueva institucionalidad contará con un presupuesto de alrededor de 12 mil millones de pesos y otorgará asesoría, representación jurídica y atención integral a las víctimas de delitos.
La Sala de la Cámara aprobó el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos (boletín 13991). Iniciativa se remitió al Senado a segundo trámite legislativo.
El texto crea un nuevo servicio integral de alcance nacional a partir de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios para contar con defensa legal, dotando al Estado de una nueva institucionalidad integral de protección a las víctimas vulneradas en sus derechos fundamentales, para proveerlas de defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica.
Entre sus ejes también está promover soluciones colaborativas y radica en este la mediación familiar.
De esta manera, el servicio otorgará asistencia jurídica gratuita a las personas que requieran orientación legal, defensa y representación judicial. El beneficio llegará a quienes no puedan procurársela por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección.
Personal profesional calificado entregará las prestaciones y contarán con apoyo de postulantes al título de abogado que estén realizando su práctica profesional.
El proyecto ingresó a trámite en enero de 2021. Posteriormente, el actual gobierno ingresó indicaciones, en diciembre de 2023, y elevó su presupuesto de 800 millones a 12 mil millones de pesos.
Los diputados RN Andrés Longton y Sofía Cid, de las comisiones de Constitución y Hacienda, respectivamente, entregaron los informes a la Sala.
Atención a las Víctimas
El nuevo servicio atenderá las necesidades de las personas naturales víctimas de delitos, mediante asesoría, representación jurídica y asistencia sicológica y social. Se incorpora para ello una Defensoría de las Víctimas.
Para ello consolidan en esta estructura los dos principales programas públicos de víctimas actualmente existentes:
– los Centros de Atención integral a víctimas de delitos violentos (CAVI), a cargo de las Corporaciones de Asistencia Judicial
– el Programa de apoyo a víctimas (PAV) a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El objetivo es establecer una ventanilla única de atención prioritaria y generar un modelo común de intervención que mejore los servicios prestados a las víctimas.
En particular, la Defensoría dará asesoría a las víctimas sobre sus derechos y medidas de protección que puedan solicitar a su favor. También orientación sobre los programas estatales a los que puedan acceder.
Asimismo, les entregará representación jurídica para posibilitar su participación en el proceso penal y atención psicosocial. Esto último con el fin de procurar la mitigación de los efectos negativos del delito y evitando su victimización secundaria.
Normas sobre acceso al sistema
En votación separada, la Sala rechazó parte de la norma que regulaba la asesoría y representación especializada a grupos de especial protección.
Además, respaldó tres indicaciones renovadas por parlamentarios de la oposición referidos a la atención preferente en el servicio de acceso a la justicia.
En primer lugar, la indicación de la diputada Camila Flores (RN) que estipula que en casos de delitos que afecten bienes jurídicos de índole patrimonial, no se priorizará la atención de personas extranjeras en situación migratoria irregular o que hayan ingresado en forma clandestina al país.
A continuación, la norma de los diputados Jorge Alessandri y Gustavo Benavente, de la UDI. Esta prioriza la atención de las víctimas de crímenes como los contenidos en la ley que sanciona conductas terroristas, femicidio, homicidio, robo con violencia o secuestro, entre otros.
Además, la propuesta del diputado Andrés Longton (RN) que extiende el acceso a las prestaciones del nuevo sistema a los funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Esto, cuando sean víctimas de delitos en razón de su cargo o ejercicio de sus funciones y no puedan acceder a una atención preferente provista por sus instituciones. Asimismo, para el personal de las Fuerzas Armadas con motivo del ejercicio de sus funciones en el resguardo del orden público en estados de excepción, resguardo fronterizo o protección de infraestructura crítica.
Debate
En sus intervenciones, las/os diputados destacaron que este es un proyecto transversal. Asimismo, que es parte de la agenda priorizada de seguridad acordada entre el gobierno y el Congreso Nacional.
Y, valoraron que el nuevo servicio podrá contar con los recursos necesarios para su funcionamiento por el aumento incorporado en la actual administración.
Además, se recalcó que la justicia es uno de los pilares de la democracia pero, las personas enfrentan obstáculos que impiden su acceso, en particular de carácter económico. Esto porque habría una justicia para quienes pueden pagar un abogado y otra para los que no cuentan con los recursos.
Por ello, se destacó el fortalecimiento de la defensa gratuita a la población más vulnerable y que esta sea una política de Estado. Pero, hubo voces críticas sobre la especial protección a algunos grupos, que algunos legisladores consideran que atenta contra la igualdad ante la ley. El ministro de Justicia, Luis Cordero, rebatió este punto, recordando que la definición de grupos vulnerables está en la ley, actualmente.
Las/os legisladores también manifestaron la importancia de la creación de la Defensoría de las víctimas. Afirmaron que es un anhelo lograr el apoyo a las víctimas que quedan desamparadas. Sin embargo, también se criticó el sistema garantista hacia los delincuentes, el cual genera una sensación de impunidad en la ciudadanía.
Intervinieron Daniel Lilayu (UDI), Jaime Sáez (RD), Andrés Longton (RN), Mauricio Ojeda (IND), Erika Olivera (DEM), Johannes Kaiser (IND); Jorge Guzmán (Evopoli), Francisco Pulgar (IND), Marta Bravo (UDI), Diego Schalper (RN), Marcela Riquelme (IND), Luis Sánchez (PREP); Camila Rojas (Comunes), Miguel Mellado (RN), Vlado Mirosevic (PL) , Henry Leal (UDI), Raúl Leiva (PS), Gustavo Benavente (UDI), Catalina Pérez (RD), Jaime Mulet (FRVS), Andrés Jouannet (AMA) y Leonardo Soto (PS),
También expusieron Natalia Romero (IND), Frank Sauerbaum (RN), Felipe Camaño (IND); Marcos Ilabaca (PS), Chiara Barchiesi (PREP), Gaspar Rivas (PDG), Marlene Pérez (IND), Jorge Brito (RD), Sebastián Videla (IND); Andrés Celis (RN), Emilia Schneider (CS), Felipe Donoso (UDI), Joanna Pérez (DEM), Flor Weisse (UDI), Juan Carlos Beltrán (RN), Karol Cariola (PC), Leonidas Romero (IND), Ximena Ossandón (RN); Christian Matheson (IND), Stephan Schubert (IND), Jorge Rathgeb (RN), Camila Flores (RN), Daniel Melo (PS) y Cristian Araya (PREP).