A segundo trámite proyecto que prohíbe tránsito de vehículos en playas y dunas costeras
La Sala de la Cámara respaldó las indicaciones ingresadas a la normativa, que fue remitida al Senado para continuar con su tramitación legislativa.
La Sala de la Cámara aprobó, por 96 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones, las indicaciones hechas al proyecto de ley que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas y terrenos de playas; así como dunas costeras del territorio nacional (boletín 15666).
El texto fue objeto de cambios en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por intermedio de estos, se incorporó a los humedales costeros en la zona de la prohibición.
De tal forma, la normativa, que busca otorgar protección a la biodiversidad y morfología del borde costero, quedó en condiciones de ser analizada por el Senado.
Participaron en el debate Mauro González (RN), Marisela Santibáñez (IND), Carolina Marzán (PPD), Felipe Donoso (UDI), Diego Ibáñez (PCS), Nathalie Castillo (PC), María Francisca Bello (PCS) y Andrés Jouannet (AMA).
En la oportunidad, las y los legisladores relevaron la importancia de las zonas costeras en materia de biodiversidad. Destacaron, además, la relevancia de tomar conciencia y propender al cuidado de las especies y su hábitat. Conjuntamente, plantearon la necesidad contar con una fiscalización eficiente, con el objeto de que la norma no sea letra muerta.
Excepciones y fiscalización en playas y dunas
El texto no será aplicable a los vehículos que transiten por caminos públicos, rurales o urbanos, o por vías públicas urbanas, que sean parte en cualquier proporción de una playa, terrenos de playa o dunas costeras
Asimismo, exceptúa de la prohibición, la circulación en el borde costero de vehículos de emergencia, seguridad y fiscalización. Lo propio con aquellos destinados a la vigilancia, mantención, aseo u otras actividades debidamente autorizadas.
La fiscalización de esta ley corresponderá a la autoridad marítima, a carabineros, y a las municipalidades, según sus respectivas competencias.
El proyecto en trámite establece que las infracciones se denunciarán, por los organismos fiscalizadores, al juzgado de policía local correspondiente. Dichas infracciones serán sancionadas con multa de cinco unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las otras responsabilidades que corresponda de acuerdo a la ley.
En caso de reincidencia, el costo de la multa será del doble de la sanción preliminar.