Constitución avanza en proyecto que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil
Con la presencia remota del ministro de Justicia, Hernán Larraín, los parlamentarios aprobaron una serie de artículos ligados al modelo de intervención y sus estándares de aplicación. Además, la autoridad de Gobierno anunció el pronto envío del proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados avanzó en la votación en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes (boletín 11.174).
La instancia retomó el debate con la aprobación de un conjunto de artículos ligados al modelo de intervención y cuyos alcances se relacionan con la emisión de informes estadísticos y la cuenta pública, por parte del servicio, sobre el funcionamiento del sistema que administra. Asimismo, la obligatoriedad en la entrega de información por parte de los organismos acreditados y el diseño y administración de registros por parte del servicio, por ejemplo, de los programas disponibles en cada región del país, los organismos acreditados y en el que consten las sanciones aplicadas y los mediadores penales juveniles.
Dentro del capítulo sobre los estándares para la aplicación del modelo de intervención, el grupo parlamentario dejó pendiente el artículo 34 referido al sistema de ejecución de programas y el conjunto de estándares que se aplicarán a la ejecución de medidas y sanciones, a la espera del perfeccionamiento comprometido por parte del Ejecutivo, representado en la sesión por el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
En el caso de la propuesta del artículo 35, la instancia aprobó la indicación del Ejecutivo en el que, en términos generales, se establece la acreditación de organismos, personas naturales y programas para que, en el marco de la aplicación del modelo de intervención y el cumplimiento de sus funciones, el servicio pueda contratar los servicios de organismos externos que no tengan fines de lucro y de personas naturales, ambos debidamente acreditados para esos efectos.
De igual manera avanzaron en la aprobación de artículos sobre la normativa aplicable a los roles en el proceso de licitación y las situaciones especiales en este escenario.
La comisión avanzó el debate del artículo 39, sobre la administración provisional, cuyo análisis parlamentario y las observaciones de parte de la Defensoría de la Niñez y el Ejecutivo derivaron en la presentación de indicaciones que serán dadas a conocer en la próxima sesión donde se continúe con la tramitación de este proyecto.
Tribunales de Ejecución de Penas
En otra materia, y frente a los cuestionamientos por parte de la ciudadanía y autoridades al Poder Judicial, tras la liberación de personas cuyos delitos han sido de alta connotación social, como el “Caso Ámbar”, las y los diputados plantearon al ministro Hernán Larraín la importancia de contar con una iniciativa que revise las libertades condicionales y cuya importancia se ha traducido en distintos proyectos al respecto.
En este sentido, la autoridad señaló que se trata de una “deuda pendiente del sistema judicial” y anunció que se está elaborando un proyecto que “ingresará dentro de este año, de todas maneras, y que establecerá los Tribunales de Ejecución de Penas, a partir del actual sistema judicial, de la judicatura penal actual, en torno a los Juzgados de Garantía”, precisó.
Larraín agregó que esto significará un aumento en el número de jueces de garantía, ya que con los mismos no se puede hacer ahora el control jurisdiccional de los procesos de ejecución y cumplimiento de las penas. Adicionalmente, explicó que esto requerirá que se involucre el Ministerio Público y la Defensoría Penal. “Un proyecto que, por cierto, implicará costos”, subrayó el secretario de Estado.