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Presidente de la Corte Suprema se refirió a la acusación constitucional contra ministra Donoso

Ante la comisión que estudia el libelo acusatorio el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Enrique Silva, acompañado de la Magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, estimó que no es posible escrutar las decisiones judiciales a partir de los efectos indirectos que ellas producen.

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Enrique Silva, asistió vía remota a la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, en el marco del llamado “Caso Ámbar”.

La autoridad, señaló que los jueces y juezas se deben al derecho por lo que el día que ello deje de ser así, y que por temor a sanciones o represalias se deba mirar por un ojo el derecho y con otro el riesgo inminente de ser acusado constitucionalmente, removidos de los cargos o amonestados, “ya no estaremos hablando propiamente de un estado democrático de derecho”.

“Estimamos que no es posible escrutar las decisiones judiciales a partir de los efectos indirectos que ellas producen. Las decisiones judiciales no son ejercicios de prestidigitación, adivinatorios ni en base a pronósticos. Por lo mismo, se debe tener especial precaución con el estándar que se exija para dar por satisfecha la causal de notable abandono de deberes”.

Agregó que “al existir una tensión entre la acusación constitucional a magistrados del Poder Judicial y la independencia y autonomía necesaria para el debido cumplimiento de nuestro mandato constitucional y legal, el notable abandono de deberes es un estándar que no puede darse por satisfecho, meramente, por el disgusto de una decisión específica ni por el natural horror y rechazo que produce un crimen cometido por una persona, cuya libertad se asume como la causa directa de ese reprochable hecho, asumiendo una relación de causa y efecto entre la decisión de la Comisión de Libertad Condicional y ese grave hecho punible”.

El titular del máximo tribunal argumentó que, de ser así, el mensaje que se estaría dando arriesga ser sumamente dañino para el estado de derecho y contrario, además, incluso a los estándares internacionales.

“Un poder judicial expuesto a un estándar que pudiera ser tachado de liviano simplemente no gozaría de independencia para el ejercicio de sus funciones por verse expuesto a represalias políticas (…) no solo nuestro sistema constitucional, por su propia configuración, consagra la acusación constitucional como un mecanismo de última ratio, de manera coherente con el principio de independencia judicial (…), también a nivel de instrumento que trasciende en el ordenamiento nacional, no existe duda sobre la mesura con que ha de ejercerse una atribución de este tipo para no afectar la autonomía de cada magistrado”.

Silva explicó que, la situación puntual está referida al ejercicio de una función desarrollada por una ministra hace cuatro años, bajo un sistema legal que, de acuerdo a los antecedentes conocidos, fue cumplido por dicha instancia. Estatuto legal que ha sido modificado recientemente en aspectos sustantivos, lo que desde ya, deja en evidencia, explicó, que el panorama normativo ha sido cambiado y cualquier apreciación que se haga a la luz de la nueva legalidad que gobierne la materia resultaría inapropiada.

El presidente de la Corte Suprema subrayó que la reflexión sobre la situación precisa por la que se acusa a la ministra Donoso lleva también a considerar el feble sistema que el ordenamiento ofrece para el cumplimiento de penas.

“Cabe recordar que las comisiones de libertad condicional son entes ad hoc, que se conforman para  conocer el grupo preciso de solicitudes que les toca revisar, y esa naturaleza transitoria de su función es demostrativa de una liviandad en la manera en que el Estado ha asumido lo que ocurre con las personas una vez que han sido condenadas”.

Relatoras Comisión de Libertad Condicional  2016

En la sesión también participaron las abogadas relatoras de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el año 2016, Paulina Martínez y Paz Cataldo, quienes entregaron detalles de la labor que desarrollan estos funcionarios, que consiste en estudiar cada una de las carpetas donde están las postulaciones de los condenados a la libertad condicional para luego ser expuestas ante la comisión.

En esa oportunidad, detalló la abogada Martínez, se les ordenó en Sala relatar solamente los antecedentes relativos al tiempo mínimo y conducta. No se les permitió relatar en orden alfabético dentro del tramo que tenían, porque se les solicitó que relataran las causas dividiéndolas en “cumple tiempo mínimo o no cumple tiempo mínimo”.

Eso significó, especificó la profesional, que se tuvo que reajustar el trabajo que habitualmente realizaban porque lo tenían ordenado en paquetes de 10 y en orden alfabético.

Detalló que se les ordenó revisar los cómputos para determinar los tiempos mínimos.

“Nosotras habíamos trabajado conforme a los lineamientos de comisiones anteriores; por lo tanto, nuestros cómputos obedecían a comisiones anteriores, por lo que ese día tuvimos muchos problemas con el tema de los cómputos porque no calzaban con los criterios que había adoptado esta comisión”.

Otros invitados

En la instancia también intervino la abogada Jeanette Bruna, de la ONG Abogadas Pro Chile, y Alejandra Oporto, sobrina de Verónica Vázquez y prima de Eugenio Vásquez, asesinados por Hugo Bustamante en el año 2005.

Alejandra Oporto relató el dolor y el miedo de su familia tras lo ocurrido y la pena que vivieron al saber que Hugo Bustamante obtuvo el beneficio de libertad condicional, el año 2016.

Oporto respaldó la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, y lamentó la falta de criterio de la magistrada a la hora de otorgar la libertad condicional, recalcando que la reinserción de un asesino no existe y que la muerte de Ámbar les ha dado la razón a las múltiples críticas que se han realizado a este fallo.