Avanza entrega de argumentos en comisión que estudia acusación contra ministro Montes
En una sesión que se desarrolló en tres partes, la comisión recibió Agustín Romero, representante de los diputados que impulsaron el libelo acusatorio contra el ministro de Vivienda. Además, expusieron la defensa de Carlos Montes, el abogado Pablo Ruiz-Tagle; y el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, entre otros invitados.
La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, desarrolló hoy una extensa audiencia para profundizar en los diversos capítulos del libelo.
Inició la jornada el diputado Agustín Romero (PREP), en representación de los querellantes. A su juicio, hay infracciones a los principios de probidad de parte del ministro Carlos Montes. En este sentido, recalcó que es, a lo menos, inverosímil esta situación. Planteó que no se puede creer que un ministro tenga un control político tan laxo.
Asimismo, dijo que “no es una acusación fundada en su gestión política, sino en su negligencia y desidia”. Estimó que, teniendo todas las atribuciones de control no lo hizo en el momento adecuado. “Lo hizo después”, acotó.
“Creemos que hubo incumplimiento grave, teniendo toda la información, porque no fue transparente en la gestión. No buscamos responsabilidades civiles, penales o administrativas; sino políticas”, finalizó.
Abogado defensor
El abogado defensor del ministro Carlos Montes, Pablo Ruiz Tagle, dijo que el ministro ha tomado toda clase de medidas transparentes y de manera proactiva. A su juicio, las causales expuestas no se sostienen.
Entre los puntos analizados planteó que no se configuran las causales del articulo 52, número 2. Sostuvo que muchas páginas del libelo fue pegar y copiar de tablas de la Contraloría, donde no hay referencias al ministro acusado con tachas sin referencias. Agregó que hay errores magnos en cuanto a la estructura del Estado y cómo funciona el Ministerio de Vivienda, las secretarías regionales ministeriales y el Serviu.
Asimismo, recalcó que la acusación se equivoca en la forma de presentar la evidencia y las referencias al citado artículo, pues “no menciona hechos claros, precisos y completos referidos al ministro acusado y, por eso, no es posible construir un vínculo entre las cuestiones que se alegan y el señor ministro”.
La fundamentación también es defectuosa, expresó. “Esta alegación, de no haber entregado los correos, sería una forma de faltar a la probidad y eso es ya el extremo de la argumentación, que llega a proponer que casi los ministros de Estado, por el hecho de asumir el cargo, dejan de ser personas humanas que pierden sus derechos fundamentales”, sentenció.
Pablo Ruiz Tagle expresó que se le acusa de una falta de probidad de manera liviana. “Eso no es correcto. Ha priorizado el interés general y hay muchas acciones que ha realizado para mejorar el sistema que había sido creado antes”, añadió.
En cuanto a la omisión de denuncias, él no tuvo la convicción de que hubiese un delito. “Parece que tampoco los denunciantes lo tuvieron ni ninguno de quienes recibieron la información. No se trata de un criterio excepcional”, expuso.
Indicó que, cuando se reciben estos antecedentes, “no se puede actuar como una máquina”. En este contexto, recordó que las cuestiones jurídicas son difíciles y que el ministro no es un abogado. Por ello se requerían informes que estaban en curso cuando salió la información a la opinión pública.
Puntualizó que las irregularidades ocurridas, especialmente en Antofagasta, han sido enfrentadas con vigor y responsabilidad. Comentó que se pidió la renuncia a más de una docena de funcionarios y se abrieron los sumarios correspondiente. Adicionalmente, se entregaron los antecedentes a la Contraloría, al ministerio Público y a otras instituciones, adoptando medidas internas para evitar que vuelvan a ocurrir estos hechos.
Jefe de asesores de La Moneda
El jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, llegó a la sesión para declarar ante la comisión. El exdiputado se limitó a responder preguntas planteadas por las y los integrantes. En este sentido, recordó que hubo información que le llegó, a través de un asesor de su gabinete, sobre Daniel Andrade, quien, a través de una fundación, tendría un convenio o relación con la seremi de Antofagasta.
Señaló que, con aquella información, conversó con la ahora exsubsecretaria, Tatiana Rojas. Ella le dijo que existía información parcial, pero que estaban recabando antecedentes. Explicó que no habló con el ministro Montes, sino con la subsecretaria como jefa jerárquica.
“En mi opinión, la información que dispuso el ministro es una enorme proactividad para hacerse cargo normativamente, pero también políticamente, de la indignación que sentimos como Gobierno con respecto a lo que ocurrió”, remarcó.
Consultado por la obligación de denunciar, dijo que, mirando a la distancia, seis meses después, se puede construir el juicio de que, obviamente, se tuvo que hacer la denuncia en el mismo momento que el ministro Montes tuvo conocimiento de algo. Sin embargo, alertó que muchos de esos “algo” terminaron siendo nada.
En tal plano, subrayó que las denuncias deben realizarse con suficientes antecedentes, porque son asuntos de alta responsabilidad. Agregó que parte de la responsabilidad de un funcionario público es dar cuenta de los actos fundadamente.
En la jornada estuvieron presentes, además, los abogados Francisco Zúñiga y Julio Palavicini.
La comisión se reunirá mañana, miércoles 3 de enero, para votar la procedencia del libelo. A su vez, la Sala se reunirá el jueves 4 para analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes,