Analizan casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el “Bono Clase Media”
En la sesión especial de la Sala se aprobaron dos resoluciones que plantean, respectivamente, perseguir la responsabilidad administrativa y penal de funcionarios públicos que hayan percibido irregularmente beneficios estatales e instruir al Servicio de Impuestos Internos para que este adopte las medidas necesarias para la investigación y fiscalización de estos casos.
La Sala de la Cámara realizó una sesión especial para analizar la situación del alto número de trabajadores de los distintos estamentos del Estado que habrían falseado información con el objeto de cumplir los requisitos que establecía la Ley 21.252, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media afectados por la crisis producida por la pandemia.
De acuerdo con cifras entregadas por el Servicio de Impuestos Internos, en un total de 37.100 declaraciones de trabajadores del Estado se observaron diferencias entre el monto de remuneración que declararon con el de su sueldo tributable al mes de julio de 2019. Estos funcionarios no habrían cumplido con el requisito que estableció la norma de haber sufrido una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones al mes de julio y habrían dado información falsa o inexacta con el objeto de acceder a dicho aporte estatal.
En el tiempo previo, en representación de los solicitantes de la cita, el diputado Jorge Alessandri (UDI) describió el proceso que se debía llevar a cabo para obtener el mencionado bono; los requisitos solicitados y la declaración jurada vía online solicitada por el Servicio de Impuestos Internos para acceder a los $500.000 y cómo algunos no respetaron la confianza entregada.
“Esta sesión no la pedimos para salir en persecución de 37 mil funcionarios sino por las 37 mil familias ajenas al sector público que tenían derecho al bono y que no pudieron acceder a este porque esos funcionarios públicos hicieron trampa”, remarcó.
El parlamentario puntualizó que, como ciudadanos, tienen “el derecho de exigir más a los funcionarios públicos” y lamentó que, desde el Frente Amplio, se impulsara la idea de un “perdonazo”, ya que, según señaló, es una ofensa.
Planteó que surge la interrogante sobre si estos funcionarios están efectivamente facultados para emprender acciones fiscalizadoras si acceden a beneficios sin necesitarlos, sobre todo por la información privilegiada con la que cuentan.
En la sesión intervinieron, además, los diputados Ramón Galleguillos (RN) y Mario Venegas (DC).
Ejecutivo
Vía remota, el titular de la cartera de Hacienda, Ignacio Briones, agradeció la sesión especial ya que “se hace cargo del buen uso de los fondos públicos”.
La autoridad destacó que el Bono Clase Media benefició a más de un millón 660 mil personas y recordó los alcances del beneficio de Préstamo Solidario, los que, en conjunto, movilizaron recursos cercanos a los 2.500 millones de dólares.
Precisó que la ley se ancló en la búsqueda de un beneficio que llegara rápido y, para ello, se tuvo que hacer algunas concesiones en términos de la información con la que dispone el Estado de Chile que, en muchos aspectos, es insuficiente.
“En particular, a nivel de las remuneraciones del sector privado, el SII dispone de información en línea prácticamente en tiempo real respecto de los ingresos formales de personas con boleta de honorarios, también de los empresarios individuales, pero en materia de empleados dependientes que tienen un contrato de trabajo formal, esa información no está en tiempo real, se puede conocer con dos meses de desfase y esa es la razón por la que este proyecto disponía que, para no esperar dos meses y conocer los ingresos reales y conocer que efectivamente habían disminuido los ingresos se hiciera un voto de confianza con el ciudadano mediante una declaración jurada”, precisó.
Por otro lado, consideró increíble que el Estado central no disponga de la nómina completa de remuneraciones de todos los trabajadores del sector público, incluidos municipalidades.
Detalló que luego que el día 2 de octubre del 2020 tomaron conocimiento de lo ocurrido, por una fiscalización del SII, se dispusieron estos antecedentes a los ministerios y órganos pertinentes para que llevasen a cabo la fiscalización y las investigaciones pertinentes. De igual menara, se comunicó lo sucedido a la Contraloría General de la Republica.
También estuvo presente vía remota la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, entregando alcances de lo ocurrido, con los casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el “Bono Clase Media”.
Resoluciones aprobadas
En la sesión se aprobaron dos resoluciones:
- La 1424, que solicita al Ejecutivo instruir a los órganos del Estado los criterios para perseguir la responsabilidad administrativa y penal de funcionarios públicos que hayan percibido irregularmente beneficios estatales.
- La 1425, que pide al Gobierno que instruya al Servicio de Impuestos Internos para que este adopte todas las medidas necesarias para la investigación, fiscalización y sanción de aquellos funcionarios públicos que hayan percibido indebidamente el bono clase media.