Cámara analizó la denominada “Operación tributo”
En la oportunidad se presentaron cinco resoluciones, todas aprobadas. En ellas, por ejemplo, se condena enérgicamente los delitos de fraude tributario perpetrados por un grupo de empresarios en la denominada “Operación Tributos”. Igualmente, se pide avanzar en materias legislativas para fortalecer el ámbito de fiscalización y, en particular, al SII.
Analizar los resultados de la investigación conocida como “Operación Tributo” fue el objetivo de la sesión especial celebrada hoy por la Sala de la Cámara.
En el tiempo previo intervino el diputado Boris Barrera (PC). El parlamentario dijo que la operación tributo ha causado un daño económico sin precedentes, defraudando a chilenos y chilenas.
Comentó que se detectaron a 55 personas involucradas en el caso, con una exorbitante suma de 250 mil millones de pesos. Con tal dinero, acotó, se podrían haber construido 25 centros de salud familiar, tres hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos.
Así, llamó a fortalecer al SII para detectar y perseguir de manera oportuna estos delitos. La idea es perseguir la corrupción económica. Asimismo, añadió que las sanciones deben ser ejemplificadoras para quienes incumplan sus compromisos tributarios.
Adicionalmente, pidió crear una agenda que condene el crimen organizado. “Los delitos económicos socaban nuestra nación debilitando la base fiscal. Es hora de poner fin a la impunidad”, puntualizó.
Por último, enfatizó que el Congreso tiene la posibilidad de entregar las herramientas necesarias para fiscalizar estos hechos. En particular apuntó al proyecto de fortalecimiento de obligaciones tributarias, que discutirá mañana la Cámara.
También en este espacio expuso la diputada Gael Yeomans (PCS). Emplazó a quienes piden mano dura con la delincuencia, pero se ven incomodados a la hora de enfrentar el “empresariado delincuencial”.
En tal línea, dijo que muchos se burlan de chilenos y chilenas y se creen intocables. “Lo saben porque hay un sector político que no ha aprobado medidas para perseguirlos, oponiéndose a estas medidas”, sostuvo.
Indicó que, cómo se le explica a la ciudadanía que después de casos como este, hayan partidos que no quieran dar mayores fortalecimiento al Servicio de Impuesto Internos (SII).
Otras opiniones sobre la Operación tributo
En el debate posterior participaron Camila Musante (IND), Daniel Manouchehri (PS) y Alexis Sepúlveda (PR).
En términos centrales, señalaron que se trata de un tema para escandalizarse. Remarcaron que son múltiples las obras en materia de educación, salud o carcelario que pudieron edificarse con los recursos de este fraude.
Mencionaron que la creación de empresas con el solo hecho de defraudar al fisco corresponde a un hecho delincuencial. Incluso lo definieron como “el tren de Vitacura”.
Igualmente, comentaron que hubo notificaciones formales y alertas en su minuto en el SII. Por eso, criticaron que se debió actuar diligentemente. “¿Qué pasa cuando las alertas se encienden o una notable dejación de funciones de las autoridades del SII ante un hecho que era evidente?”, se recalcó.
Del mismo modo, señalaron que se podría evitar el nivel de daños, el volumen al que se llegó. “¿Cómo sancionamos al SII frente a este nivel de omisión? Son materias que deben ser optimizadas”, se agregó.
Hacienda y SII
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que si queremos tener la capacidad para detectar y aplicar penas es importante tener recursos y facultades legales.
En este sentido, comentó que es importante avanzar en el proyecto de cumplimiento tributario y la iniciativa sobre inteligencia económica contra el crimen organizado.
El personero entregó los detalles de cada norma y cómo pesquisarían falencias en caso de ser necesario.
Aseguró que sí les preocupan estos casos y la lucha contra el crimen organizado. “Es importante la entrega de mecanismos y combatir el fraude y el delito en todas sus formas”, acotó.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, planteó que el servicio tiene hoy un sistema de información que permite aplicar herramientas de inteligencia informática y principalmente nutrirnos de la analítica tributaria.
Frente al caso en debate, explicó que las primeras alertas se manifestaron el segundo semestre del 2017. Comenzaron en las direcciones regionales a través de un sistema de fiscalización.
Agregó que se trató de elementos que se fueron procesando. Relató que es una compilación en la que se va conociendo las facturas y las redes que absorben.
“En la medida que avanzamos, llegamos a cerca de 60 empresas operando en todo el país. En 2018, empiezan las primeras querellas hasta el 2022 y, la ultima, el 2023, en mayo”, precisó.
Tras esta información interpuesta en las querellas, agregó, “el caso revienta con la acción del Ministerio Público en términos de todos los formalizados”.
“Este año hemos presentado una ampliación de las querellas aumentando los involucrados”, sentenció.
Igualmente, sostuvo que “nuestro accionar ha sido oportuno (…). Son acciones fundadas donde queda claro todo el proceso involucrado. Hacemos acciones que nos permiten disminuir el daño fiscal”.
Finalizó diciendo que el trabajo del SII no es solo dilucidar la red y las personas involucradas, sino también emprender acciones contra los responsables y que paguen con cárcel.
Resoluciones
En la oportunidad se presentaron cinco resoluciones, todas aprobadas. En ellas, se condena enérgicamente los delitos de fraude tributario perpetrados por un grupo de empresarios en la denominada “Operación Tributo”.
También se solicita al Presidente de la República que tome medidas legislativas para mejorar y agilizar el proceso del levantamiento del Secreto Bancario al estándar de la OCDE. La idea es combatir con eficacia los delitos tributarios, financieros y de la ruta del dinero. Esto, en particular, teniendo a la vista al narcotráfico y al crimen organizado.
Asimismo, se requiere al Gobierno que presente un proyecto de ley con calificación de urgencia que defina la imprescriptibilidad del delito de fraude al fisco. Igualmente, para los demás delitos funcionarios contra la probidad administrativa.
Paralelamente, se insta al Ejecutivo a otorgar urgencia al proyecto (boletín 16533) que fortalece la autonomía del Ministerio Público. Ello aplica tanto para la investigación como para la persecución de delitos tributarios.
Junto a lo anterior, la Cámara se compromete a legislar para combatir la evasión y elusión de impuestos.
Otra solicitud pide incrementar los recursos destinados al SII, especialmente aquellos destinados a la fiscalización de grandes contribuyentes. En adición, se propone perfeccionar e incrementar el trabajo interdisciplinario.