Sala aprueba veto presidencial a norma que aumenta sanciones para delitos económicos
De acuerdo a las observaciones del Ejecutivo, que ahora deben ser revisadas en el Senado, se advirtieron algunos errores en la propuesta que requerían ser subsanados, a la vez que existían algunos aspectos que, aunque menores, resultaban pertinentes, adecuados y deseables de enmendar.
Por 139 votos a favor y una abstención la Sala aprobó el veto presidencial a la norma que modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico. El texto adecua las penas aplicables a todos ellos. (Boletines refundidos 13.204 y 13.205)
Su fundamento está radicado en el establecimiento de un sistema diferenciado para enfrentar la delincuencia económica, así como perfeccionar la legislación penal en dicha materia.
En específico, las observaciones del Ejecutivo modifican el sistema de reglas (tipificación y vacancia). Dichos cambios buscan clarificar interpretación y facilitar operatividad. Asimismo, persiguen aclarar puntos y salvar conflictos eventuales u omisiones.
Veto
En materia de sistema de reglas se corrige la eliminación involuntaria (derogación) de figuras penales que forman parte de los “delitos base” del lavado de activos. También se ajusta la norma sobre uso fraudulento de tarjetas de pago y se corrige la falta de coordinación con regla de vacancia de la reciente ley 21.563 que modifica la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.
Con respecto a modificaciones para clarificar la interpretación y facilitar operatividad, estas colaboran a evitar interpretaciones excesivamente formalistas, con el riesgo de alteración de la pretensión establecida.
Por último, en las modificaciones que clarifican puntos y salvan conflictos eventuales, o que su inclusión salva una omisión, se cuentan la inclusión del delito de falsedad en un procedimiento concursal.
Asimismo se incluye el delito de tráfico de influencias y se clarifica la estructura típica del delito de estafa, dejando la omisión impropia a las reglas generales, entre otros puntos.
Alcances generales
La iniciativa armoniza una serie de normas destinadas a proteger el orden económico. Para ello, regula un completo catálogo de delitos económicos y ambientales. Así, establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.
Asimismo, establece un sistema especial de determinación de la pena, sustitución de penas, determinación y cuantía de las multas, e inhabilitaciones especiales. En este sentido, actualiza algunos delitos y crea otros nuevos. Junto a ello, enmienda la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros puntos.