CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Sala de la Cámara  respaldó parte importante de las modificaciones del Senado al proyecto (boletín 14137) que moderniza la Ley 19.886 y otros cuerpos normativos. El objetivo de la propuesta es mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

Un grupo de disposiciones se apoyó por 133 votos a favor, mientras que otro, que requerían un quórum de aprobación de 78 votos favorables, contó con 136 votos a favor y 2 abstenciones.

No obstante lo anterior, hubo múltiples observaciones a algunas de las enmiendas. Tal hecho generó varias votaciones separadas que derivaron en rechazo. Con ello, las discrepancias se deberán abordar ahora en una comisión mixta con el Senado.

En términos generales, la propuesta propone incorporar elementos como la ampliación del ámbito de aplicación, procedimientos más competitivos, nuevos procedimientos de contratación pública, uso eficiente de los recursos públicos y gestión de los contratos.

Asimismo, busca establecer la modernización y ampliación de los sistemas de información; mejoras al Tribunal de Contratación Pública; nuevas facultades para la Dirección de Compras y Contratación Pública; mayor probidad y transparencia, impulso a la participación de empresas de menor tamaño (EMT) y fomento a la innovación y la sustentabilidad.

Respaldos 

Hubo acuerdo con normas relacionadas con las demandas que podrán ser interpuestas, según corresponda, por cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés directo en el procedimiento administrativo, el contrato administrativo y/o la ejecución de este que se impugna; en la inscripción en el Registro de Proveedores que se impugna; o en el contrato administrativo cuya nulidad se solicita, entre otros puntos relacionados.

Igualmente se coincidió en que una vez determinada la necesidad de adquirir bienes o servicios, se iniciará el proceso de preparación de la contratación administrativa. Previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación pública, el organismo del Estado estará obligado a consultar el Catálogo de Convenio Marco antes de proceder a llamar a una Licitación Pública, Licitación Privada, Trato Directo o Contratación Excepcional Directa con Publicidad u otro procedimiento especial de contratación. 

Asimismo, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones señaladas tendrá la calidad de agente público. Así, estará sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda. 

También se apoyó la norma sobre promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el Sistema de Compras Públicas. 

Discrepancias 

Uno de los puntos objetados refiere a los sujetos y entidades a los que les será aplicada la ley. Entre ellos se mencionan organismos de la Administración del Estado, fundaciones en las que participe la Presidencia de la República, corporaciones relacionadas al ámbito público, CNT, Contraloría, Congreso y Ministerio Público. 

De igual modo, hubo duda respecto de la norma que determinaba que, excepcionalmente, en caso de ser necesario por las características de la licitación a efectuar, dichos procesos o parte de ellos se podrán efectuar fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado. Para ello se proponía la realización de un acto administrativo debidamente fundado. Este iba a ser emanado de la dirección correspondiente del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Por otra parte, hubo diferencias respecto de la selección preferente a empresas de economía social. En la misma línea, a aquellas que promuevan la igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional, según lo determine el reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, se establecía que dichos criterios no podrían prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica. Tampoco podían tener como consecuencia excluir o impedir la participación de otros oferentes. 

En términos centrales los parlamentarios y parlamentarias llamaron a mejorar el sistema de compras públicas y la calidad del gasto público en nuestro país. Ello, porque ampliará la competencia y la transparencia.

Destacaron la participación de las pymes y la compra ágil. En este sentido, esperan que los mecanismos de control y fiscalización sean efectivos.

Puntualizaron que lo más importante es la transparencia para evitar que sigan ocurriendo hechos irregulares.

Por otro lado, manifestaron que la probidad es importante de mantener, así como conocer con detalle lo que ocurre con las empresas.

Relevaron la rápida tramitación de la norma, recalcando que mejorará el sistema de compras públicas, la contratación de servicios y la eficiencia del gasto público.

En tal contexto, plantearon que se universaliza la compra y contratación a través de un sistema transparente, como es el sistema de compras públicas.

Participaron en el debate Marta Bravo (UDI), Miguel Mellado (RN), Mercedes Bulnes (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Bernardo Berger (IND), Francisco Pulgar (PDG), Luis Sánchez (PREP), Fernando Bórquez (IND), Andrés Jouannet (Amarillos por Chile). Leonardo Soto (PS), Matías Ramírez (PC), Emilia Nuyado (PS), Mónica Arce (IND), Leonidas Romero (IND), Raúl Leiva (PS), Jorge Rathgeb (RN), Flor Weisse (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Camila Rojas (Comunes), Daniel Lilayu (UDI), Jaime Sáez (RD), Henry Leal (UDI), Jaime Mulet (FRVS), Jorge Brito (RD) y Stephan Schubert (IND).