Inician debate de proyecto que busca reducir tasas de reincidencia
La iniciativa, en segundo trámite, establece una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación efectiva de las penas y la reducción de la reincidencia, entre otras medidas.
La Comisión de Constitución inició la tramitación de un proyecto de que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social. (boletín 15661)
El debate de la iniciativa comenzó con la exposición del ministro de Justicia Luis Cordero, quien presentó la norma ya despachada por el Senado, que la analizó en su primer trámite.
En la oportunidad el secretario de Estado destacó el avance alcanzado por el texto. “El proyecto que aborda la reincidencia también recoge elementos para mejorar la persecución penal, gracias al debate parlamentario generado y el aporte de las instituciones como el Ministerio Público a través de la Fiscalía Nacional y de la Defensoría Penal”, precisó.
En tanto los diputados integrantes de la instancia plantearon consultas sobre la aplicación de las atenuantes, la privación de libertad y el funcionamiento de la cooperación eficaz.
Respecto de estos y otros puntos se anunció que eventuales modificaciones se propondrán en el transcurso del debate legislativo.
Tasas de reincidencia
La iniciativa busca establecer una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación real de las penas. De esta forma persigue un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia.
Todo lo anterior con la finalidad de modificar sus resultados actuales, sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.
Para obtener lo anterior se modifican diversas normativas, con el objeto de que, en el caso de los reincidentes, se pueda permitir una persecución penal más eficiente.
El texto establece normas que permiten acceder a la suspensión condicional si es que el imputado se somete a tratamiento de rehabilitación de alcohol y/o drogas; así como dispone la existencia de un procurador común en los casos en que haya uno o más querellantes en un mismo proceso.
Adicionalmente, fija normas de protección a los fiscales en casos especiales y también establece disposiciones de cooperación eficaz.