Analizan controles y auditorías para los proyectos de presupuestos
En sesión especial, la Sala de la Cámara analizó la eventual flexibilización de controles administrativos y financieros en el manejo de los recursos públicos.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados desarrolló una sesión especial. El objetivo fue analizar los controles y auditorías para los proyectos de presupuestos.
La sesión fue convocada para discutir las reformas legislativas y administrativas impulsadas por la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuestos, para flexibilizar los controles administrativo-financieros, particularmente las modificaciones aprobadas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y las glosas impulsadas para reducir los controles en el marco de la Ley de Presupuestos para el año 2023.
En el tiempo previo al debate hizo uso de la palabra el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien afirmó que existe falta de rigurosidad con los recursos fiscales.
Precisó que se bajaron barreras creadas para resguardar los fondos del Estado y protegerlo de la corrupción.
En ese marco, apuntó a la responsabilidad de la actual directora de presupuestos Javiera Martínez, respecto de una reducción de los controles. Cuestionó además la flexibilidad de la Partida 31 de los Gobiernos Regionales y la discrecionalidad para gastar recursos a última hora, solo para cumplir plazos.
Visión del ejecutivo frente a controles
En representación del Ejecutivo intervino en primer término el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Llamó a hacer un examen detallado de la Ley de Presupuesto, más allá de los titulares de prensa. Recalcó que en los últimos dos años los controles aumentaron, pues los cambios hechos para la Ley de Presupuesto 2023 restringieron la discrecionalidad.
Descartó así que existiese interés de ocultar información y señaló que todos los antecedentes ya están publicados en los canales respectivos.
Marcel explicó que, dado los cambios que se incluyeron en la Ley de Presupuesto de 2023, e incluso desde antes, se ha bajado considerablemente el monto asignado a las transferencias o convenios directos, que llegó al 60% en 2022.
“Esto va a continuar en la ley que se ingresará en los próximos días; se apuntará a reducir el número de glosas y se realizarán mayores controles para el sistema de transferencia, además de mecanismos más acotados, para los recursos que se reserven para emergencias”, precisó.
Al respecto señaló que se está haciendo un programa minucioso “partida por partida, item por item, glosa por glosa, para controlar la ejecución de los recursos”.
En tanto el ministro secretario general de la Presidencia, Alvaro Elizalde, enfatizó que los hechos de corrupción deben investigarse. “Que se apliquen las sanciones que establece la ley; ese es el compromiso que tiene el Gobierno”.
Sostuvo que el desafío es trabajar para que esto no ocurra y que los recursos lleguen a los chilenos que más lo necesitan.
Para ello se está elaborando una agende legislativa que calificó como “ambiciosa”. Destacó además la dictación de un instructivo sobre transferencias del Estado emitido en agosto. Relevó la implementación de una Estrategia Nacional de Integridad Pública; así como el trabajo de la Comisión de Expertos, quienes realizaron un diagnóstico respecto de las falencias que presentan los distintos organismos públicos.
Señaló que la idea es llevar adelante una estrategia como política de Estado, más allá del Gobierno de turno.
Debate y resoluciones
Participaron en el debate las y los diputados Paula Labra (RN), Jaime Sáez (RD), Francisco Undurraga (EVOP), José Carlos Meza (PREP), Enrique Lee (IND), Marlene Pérez (IND), Camila Rojas (COMUNES), Benjamín Moreno (PREP), Gael Yeomans (CS), Benjamín Moreno (PREP), Joanna Pérez, Frank Sauerbaum (RN) Miguel Ángel Becker (RN) y Boris Barrera (PC).
En la oposición las intervenciones se centraron en la controversia del “caso convenios” y en críticas a la labor de la directora de presupuesto. En el oficialismo, en tanto, se cuestionó el uso político de los hechos acontecidos.
Posteriormente la Sala aprobó un total de 5 resoluciones. En ellas se solicita al Presidente de la República, entre otros aspectos, instruir al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno para que haga llegar de manera mensual a la Cámara los informes y documentación que elabore y, que permita pesquisar la ocurrencia de prácticas contrarias a la buena administración de los recursos públicos, conformando una mesa de trabajo colaborativa entre el Ejecutivo y el Congreso.
Asimismo, se pide la adopción de medidas legislativas y administrativas para elevar estándares de rigurosidad, límites y transparencia en las transferencias directas desde el Estado Central y los Gobiernos Regionales hacia entidades privadas para el buen uso de los recursos públicos. En ese plano, se pide como no aumentar las facultades de los estos últimos, hasta no implementar sistemas de control eficientes.