CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Montos billonarios destinados a sostener la operatividad y al personal de las tres ramas de las FFAA, así como para enfrentar el tema carcelario y el funcionamiento de los centros de la niñez vulnerable se respaldaron en la Sala de la Cámara a través de la aprobación de las partidas de los ministerios de Defensa y de Justicia (boletín 16330).

Esta última repartición considera ingresos y gastos por la suma de $1.37 billones, lo que implica una variación total de 3,6%, respecto al presupuesto vigente de la institución.

Entre sus objetivos está el propender a la reinserción social y hacerse cargo del hacinamiento y déficit en materia de infraestructura carcelaria. Asimismo, buscará dotar al país de un sistema de ejecución de penas más eficiente. Lo anterior sobre la base de la seguridad pública y el respeto a los DDHH.

Para cumplir lo anterior se diseñaron cuatro objetivos estratégicos, que ordenan su presupuesto y políticas sectoriales:

1. Difundir y promover los derechos humanos respecto de todas las personas. Esto, en el marco establecido por la Constitución Política y las leyes.
2. Mecanismos de acceso a la justicia. No únicamente desde las prestaciones que se otorgan, sino desde su promoción.
3. Reinserción social y política penitenciaria. La idea es desarrollar acciones que permitan una reinserción social efectiva de personas infractoras de ley. Así, contribuir en su inserción y en seguridad.
4. Probidad y transparencia como eje transversal de todos los actores involucrados en el sistema de justicia.

Ejes de Justicia

Entre los ejes sobre los cuales se estructuran estos recursos asignados a la cartera está el sistema de justicia penal y penitenciaria. En este marco se consideran inversiones en recintos penitenciarios con el objeto de contar con nuevas plazas en el sistema, lo cuales presentan problemas de sobrepoblación y hacinamiento.

Luego, está la agenda integral de derechos humanos en democracia. El aspecto central dice relación con el Plan Nacional de Búsqueda como política permanente de Estado. Actualmente, está en tramitación ante la Contraloría General de la República.

Su finalidad es conocer las circunstancias y condiciones de la desaparición forzada de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este contexto, se consideran recursos para la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Servicio Médico Legal.

Un tercer punto es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el cual implementará sus primeras fases desde enero de 2024 en la macrozona norte.

Por último, se espera concretar una justicia accesible e inclusiva, centrada en las personas. Esta se desarrollará por las Corporaciones de Asistencia Judicial mediante programas de representación jurídica, con recursos provistos por anteriores leyes de presupuestos.

Discusión

Intervinieron en sala las y los diputados Cristián Araya (PREP), María Candelaria Acevedo (PC), Juan Antonio Coloma (UDI), Lorena Fries (PCS), Andrés Longton (RN), Carmen Hertz (PC), Jorge Guzmán (EVOP), Gaspar Rivas (PDG), Gloria Naveillan (IND), Leonardo Soto (PS), José Carlos Meza (PREP), Felipe Donoso (UDI), Jaime Sáez (RD), Andrés Jouannet (AMA), Miguel Mellado (RN), Yovana Ahumada (IND) Daniel Lilayu (UDI), Boris Barrera (PC), Johannes Kaiser (IND), Claudia Mix (Comunes), Juan Carlos Beltrán (RN), Agustín Romero (PREP), Lorena Pizarro (PC), Stephan Schubert (PREP),Matías Ramírez (PC), Consuelo Veloso (IND) y Benjamín Moreno (PREP).

En la discusión, hubo referencia transversal a la situación de sobrepoblación carcelaria, construcción de nuevas cárceles y mejoras a las condiciones de los funcionarios de Gendarmería y su protección personal y salud mental. También, se reiteró la necesidad de implementar inhibidores de señales en los centros penitenciarios para evitar las mafias que las rodean. Otros aspectos planteados fueron la baja en los recursos para el Sename y la reinserción social juvenil.

Asimismo, se abordaron materias cómo la trascendencia del Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada en dictadura. Igualmente, el trabajo y tecnología del Servicio Médico Legal en la identificación de osamentas y la continuidad del programa para víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el estallido social.

En la ocasión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que el presupuesto tiene como énfasis el programa de menores, con más y menos recursos, con instituciones que se encuentran en transición ($18 mil millones en expansión).

Respecto a las cárceles, sostuvo que, de aquí a 2026, hay siete proyectos en ejecución en distintas regiones. En cuanto a los inhibidores de señales, informó que existen $4.200 millones desde el Plan de Crimen Organizado. En el caso del Centro de Justicia Santiago Sur, existen 1.900 millones para un proceso de licitación programado para 2024.

Agregó que existe presupuesto para el fortalecimiento institucional de Gendarmería, que considera mejorar las condiciones de trabajo y otros aspectos. Informó que sobre el Plan Nacional de Búsqueda existe una asignación importante, pues es una prioridad de Gobierno que recibirá un suplemento de recursos, de ser necesario.

Defensa

Posteriormente, se aprobaron los dineros del Ministerio de Defensa. Esta Partida, según la Dirección de Presupuestos, registra un aumento de 1,26% en moneda nacional y una variación positiva de 2,6% en moneda extranjera convertida a dólares, en comparación con el año 2023.

Para 2024, se tendrá en este sector una suma de $2,16 billones (sumados montos en moneda local y extranjera). Dicha cifra, comparada con la del año en curso, implica un crecimiento de 1,4%.

Esta partida presenta financiamiento para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, junto con sus instituciones asociadas, como son los organismos de salud o de industria. También se sostienen por esta vía la propia cartera de Defensa, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Se suman a los anteriores la Dirección General de Movilización Nacional, el Instituto Geográfico Militar, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. También, el Estado Mayor Conjunto y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

En lo particular, los recursos para el año 2024 permiten financiar la continuidad de las operaciones de las instituciones del sector. Además, permite conservar los niveles de personal requerido, conforme a la planificación vigente.

El foco de esta partida estará orientado a recursos dirigidos al pago de remuneraciones, esto es, un 74% de los recursos. Igualmente, se sostienen los bienes y servicios de consumo requeridos, junto con los activos no financieros del sector que precisan renovación prioritaria, cuya asignación crece un 24%.

Cabe mencionar que los planes de inversión, así como los flujos del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, están garantizados por la Ley 21.174 y no por la ley de presupuestos.

Debate

El debate en esta área estuvo centrado en la pertinencia o no de tener un presupuesto de continuidad, sin aumentos porcentuales relevantes para las Fuerzas Armadas.

Dichos reparos vinieron en su mayoría de parte de parlamentarios de oposición. Resaltaron que las FF.AA. cumplen un rol crucial para enfrentar en terrorismo y el narcotráfico. En  ese plano relevaron la labor que realizan en la región de La Araucanía y en el norte del país.

Finalmente, plantearon que es urgente fortalecer la capacidad operativa de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). Enfatizaron que es primordial entregarle las mejores herramientas para que puedan realizar sus tareas de fiscalización en las costas del territorio nacional.

Intervinieron Johannes Kaiser (PREP), Gonzalo Winter (PCS), Renzo Trisotti (UDI), Miguel Ángel Becker (RN), Andrés Jouannet (AMA), Héctor Ulloa (IND), Joanna Pérez (DEM), Christian Matheson (IND), René Alinco (IND), Álvaro Carter (UDI), Miguel Mellado (RN), Cristián Araya (PREP), Francisco Undurraga (EVOP), Miguel Ángel Calisto (IND) y Luis Sánchez (PREP).