Continúan audiencias en el marco de la acusación contra ministro Montes
En doble jornada, la instancia que analiza la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, recibió a académicos y al abogado querellante del caso convenios, Pablo Toloza.
La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, continuó con las audiencias para profundizar en los diversos capítulos del libelo.
En primer lugar, la instancia recibió al abogado Enrique Rajevic, quien se desempeña como profesor de derecho. En su exposición, el académico criticó la pertinencia de la acusación. A su juicio, las conductas planteadas en el texto son realizadas por otras personas, quienes a su vez dependen de autoridades distintas al ministro.
Por otro lado, destacó que cuando se acusa de faltas a la probidad se está diciendo que el ministro sería deshonesto. Pero, desde su perspectiva, los antecedentes del caso evidencian que no es lo que ha ocurrido con el secretario de Estado.
Lo mismo con la acusación de no omitir la denuncia de los hechos. El abogado señaló que, para esto, el ministro en primera instancia debía tener conciencia de que hay un delito. Esto no ocurrió, sostuvo, y cuando pasó, el ministro Montes tomó las medidas que la normativa establece (realización de denuncias, sumarios, términos de convenios, etc.).
Finalmente, señaló que lo que se puede esperar es que exista un análisis centrado en los antecedentes que actualmente existen en este caso. De otra manera, se genera un desprestigio al trabajo de las y los parlamentarios.
En segundo lugar, participó el abogado Jorge Baraona, también profesor de derecho. En su intervención, destacó el carácter político de la acusación y planteó la responsabilidad de ministro al designar en el cargo a las autoridades que provocaron todo este conflicto.
Así también, señaló que antes hubo elementos para sospechar del caso de los convenios. Sin embargo, no hubo una vigilancia adecuada ni pudo detectar los hechos con anterioridad.
Además, agregó que, considerando la escala que tuvo este caso, que “un ministro, en estas circunstancias, no sea responsable políticamente es una señal muy mala”.
Querellante caso Convenios
En su jornada vespertina, la comisión recibió al abogado, exintendente de la región de Antofagasta, y querellante del caso Convenios, Pablo Toloza. Este hizo una cronología sobre los hechos ligados a la causa.
Recordó que el 8 de junio de 2023, la exsubsecretaria Tatiana Rojas informó al ministro Montes de la situación que ocurría en Antofagasta.
Si bien la subsecretaria en ninguna parte del informe detalló que existía una irregularidad -ya que textualmente no se señala- Toloza sostiene que al analizar el oficio, efectivamente, había una serie de hechos que, a lo menos, ameritaban una acción por parte de quien lo recibía, que era el ministro.
Lo anterior, recalcó, basado en que aparecen una serie de fundaciones con una cantidad no menor de recursos transferidos, montos que hasta la fecha no estaban ejecutados y tampoco rendidos. Por tanto, declaró, ahí había una situación que se debió revisar.
Posteriormente fue el turno del abogado Enrique Aldunate. Su exposición estuvo centrada en el capítulo quinto del libelo que dice relación, específicamente, a la responsabilidad que le correspondería al ministro Carlos Montes.
En tal plano, afirmó que, de acuerdo a los antecedentes que contiene el libelo, no se puede entender que existe la posibilidad de subsumir la conducta atribuida al ministro.
Agregó que si los hechos son como lo plantea la asociación de funcionarios que dio a conocer los antecedentes de este caso y estuviesen los elementos, la obligación de denuncia era de ellos y no de la autoridad central. Esto, ya que la ley en los funcionarios públicos no distingue entre una mayor o menor jerarquía en ese contexto, subrayó.
En su opinión, “el libelo no cumple la exigencia que prevé la Constitución respecto a constituir una infracción específica de la ley por las razones que ya se ha esgrimido en relación a la estructura que tiene el sistema de la omisión de denuncias en el Código Procesal Penal chileno”. El abogado recalcó que, ni en el ámbito de la responsabilidad política ni jurídica, cree que el ministro Montes tiene responsabilidad.