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Postergan votación de proyecto que aumenta penas en delito de lesiones contra la mujer en el “pololeo”

El texto aumenta las penas al delito de lesiones, cuando el agresor tenga o haya tenido con la víctima una relación de pareja, de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género continuó con la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para aumentar las penas aplicables al delito de lesiones en contra de una persona respecto de la cual el agresor tenga o haya tenido con la víctima una relación de pareja, de carácter sentimental o sexual, sin convivencia (boletín 13.545).

Tras escuchar a la académica en Derecho Penal de la Universidad Católica, María Magdalena Ossandón, el grupo parlamentario decidió postergar la votación de las indicaciones realizadas a la propuesta legal, con el fin de lograr efectivamente el objetivo que se busca, que es “sancionar la violencia física con connotación de género”, como lo explicó la presidenta de la instancia, diputada Camila Vallejo (PC).

En su exposición, la abogada Ossandón expresó que es clave tomar las medidas posibles para evitar la violencia contra la mujer, pero reaccionar a través de Código Penal, “es sumar más violencia a la sociedad”.

El proyecto considera agravar en un grado penal la sanción en contextos de relación sentimental o sexual, presentes o pasadas. A juicio de la jurista, puede que la agravante no sea realmente útil porque no serán penas tan elevadas (…), pero puede generar en los adolescentes, que ingresen al sistema penal, un efecto criminológico peor, que puede traer más violencia contra la mujer”.

En ese sentido, consideró que sería mejor reformar el Código Penal en el tema general de lesiones, que es un sistema arcaico con una regulación difícil de aplicar, mejorando la figura de maltrato, lesiones y formas de agravación.

Acoso Sexual en la educación superior

Igualmente, la instancia continuó la discusión del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico (boletines refundidos 11.750, 11.797 y 11.845), surgido en mociones de senadores/as, y que se encuentra en segundo trámite.

Para ello, escuchó las exposiciones de la presidenta de la Red de Investigadoras, Adriana Bastías y de la académica de la Universidad Austral, UACH, Yanira Zúñiga.

Adriana Bastías -que representa a 180 mujeres que promueven en todo el país la equidad de género en la investigación- entregó algunas cifras sobre el acoso sexual en las universidades. Al respecto, señaló que en 2018 se investigaban 132 casos en dieciséis casas de estudio. Además, indicó que de 56 instituciones, sólo siete (11%) cuentan con protocolos de acoso sexual publicados.

En cuanto a la igualdad de género, sólo 21 universidades de las 30 del Consejo de Rectores (CRUCH) disponen de mecanismos para abordar la igualdad de género, mientras que 17 de ellas no tienen instrumentos para casos de acoso sexual.

Sobre las falencias de la iniciativa en trámite, Bastías dijo que se debe revisar la definición de acoso sexual en el ámbito académico, no sólo apuntar a la sanción sino también a la prevención; que la instauración del protocolo sea un requisito para la acreditación de las instituciones de educación superior y dar mayor protección a los/as testigos. Además, consideró que se debe incluir el acoso sexista, que se refiere a la subestimación de una persona en razón del género.

En tanto, Yanira Zúñiga coincidió en que existe una definición vaga del concepto de acoso sexual en el contexto académico o investigaciones asociadas, pero se dejan fuera otras actividades que se dan dentro de las universidades. Además, el texto no distingue el acoso sexual y sexista, y no plantea acciones de prevención.

Al mismo tiempo, la profesora de la UACH, cuestionó las medidas de confidencialidad en el proceso de investigación de acoso sexual, por la falta de transparencia y pérdida de legitimidad del proceso. “Finalmente no se sabe porqué son sancionadas las personas”, recalcó.

Las expositoras fueron invitadas a la próxima sesión de la instancia para responder las consultas de las parlamentarias.