Inician análisis de proyecto sobre fomento a inversión privada en obras de riego
Con la presencia de la ministra del ramo, la Comisión de Agricultura comenzó el estudio del proyecto de ley del Ejecutivo que propone prorrogar por 12 años los beneficios actuales en materia de riego y focalizar los recursos, especialmente, en pequeños agricultores.
Ante la Comisión de Agricultura, la ministra del ramo, María Emilia Undurraga, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, CNR, Federico Errázuriz; presentaron el proyecto que modifica y prorroga la vigencia de la Ley 18.450, sobre fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje (boletín 14068).
Ambas autoridades hicieron un repaso de los últimos 10 años de aplicación de la normativa actual y presentaron los cambios que propone la presente propuesta legal.
En primer lugar, la ministra de Agricultura destacó que el agua es un desafío clave para el futuro de la actividad agrícola y que junto al cambio climático, es uno de los cinco ejes de la cartera que dirige, por los desbalances hídricos que se están produciendo en diversas regiones, donde se proyecta para los años 2030 a 2060, un 50% menos de disponibilidad en las zonas norte y central.
En ese sentido, María Emilia Undurraga consideró la importancia del riego como motor del desarrollo rural y vehículo para salir de la pobreza, a través de mejorar la superficie regada y tecnificada. Agregó que de las 3,2 millones de hectáreas de cultivo, un millón está bajo riego, y de ellas, 450 hectáreas tienen riego tecnificado.
Una de las mayores dificultades expresó la autoridad, es que sólo el 15% de los usuarios de Indap acceden al riego tecnificado. Sin embargo, destacó los logros en la última década, donde el monto anual entregado para financiar este tipo de proyectos se ha triplicado.
Sobre la iniciativa, con suma urgencia e ingresada el 2 de marzo pasado, el secretario ejecutivo de la CNR entregó los objetivos de las modificaciones propuestas.
En primer lugar, indicó que se busca mantener el fomento a la inversión en riego, con una prórroga del instrumento por 12 años más, hasta el 2033; focalizar la ayuda en pequeños agricultores definiendo tramos menores de hectáreas a beneficiar, e incorporar a arrendatarios itinerantes, que cambian de cultivos y proveen a la agroindustria, donde se establecen pagos parciales proporcionales al avance de la obra.
Además, Errázuriz explicó que la propuesta conserva el carácter concursal y de cofinanciamiento, incorpora objetivos ambientales, con énfasis en el cuidado y ahorro del agua, integra la gestión frente a emergencias agrícolas; mejora la coordinación con la Dirección General de Aguas y establece el pago al consultor al momento de pagar el bono, entre otros.
En cuanto al gasto que implicará esta iniciativa, el representante de la CNR señaló que este se establecerá de manera anual en el Presupuesto de la Nación y considera recursos extras para la remuneración del nuevo cargo que se establece dentro del organismo, que es el de Jefe de la División de Fomento; y para la realización de un estudio encargado por la DIPRES sobre el impacto de la normativa que se debe realizar antes de 2033.
Inquietudes parlamentarias
Tras la exposición, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) dijo “tener una mala impresión de la ley” porque no llega a pequeños agricultores. Por ello, solicitó información desagregada de quiénes han sido beneficiados. Además, en una revisión rápida del año 2010, lamentó que tres grandes viñas de la región de O´Higgins hayan sido beneficiadas con más de 100 millones cada una.
Enfatizó que “los recursos del Estado son para gente que no puede acceder a financiamiento”, por lo que beneficiar a agricultores con más de 40 hectáreas no le parece. Además, indicó que le inquieta aprobar una ley por los próximos 12 años y que no se puede fiscalizar o mejorar constantemente.
Por su parte, el diputado Ramón Barros (UDI) valoró que el proyecto delimite el número de hectáreas de la razón social que postula y que no se puedan recibir recursos por superficie acumulada; tema que, a su juicio, debe quedar absolutamente explícito en la ley, para que la focalización en los pequeños agricultores sea de verdad, recalcó.
En tanto, la diputada Emilia Nuyado (PS) indicó que la situación de las organizaciones campesinas y de las comunidades de pueblos originarios debería plantearse dentro de las modificaciones del proyecto para que ellas puedan postular efectivamente a estos recursos.
Respecto a ese punto, Federico Errázuriz respondió que la participación indígena ha sido baja, por lo que preparan un Manual de Armonización para las comunidades que tienen tenencia de tierras y agua.
Para la próxima sesión, la instancia espera contar con la presencia del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno y representantes de regantes del Tranque Millahue de O´Higgins, así como de las asociaciones de canalistas de Laja en Biobío y Diguillín en Ñuble, quienes solicitaron ser escuchados.