CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Por cerca de cuatro horas, representantes de viñateros y agricultores de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía, fueron escuchados en terreno por la Comisión de Agricultura. A la reunión, desarrollada en la sede de Agrícola Central en Talca, también asistió el ministro Esteban Valenzuela y representantes de los organismos dependientes de la cartera, como Indap, SAG y Odepa.

En primer lugar, participaron pequeños y medianos viñateros y productores vitivinícolas que denunciaron que están en crisis. Estos consideran que son explotados por el bajo precio que se paga por el kilo de uva. Ello, al existir posición dominante de tres viñas que tienen el 85% de participación en el mercado nacional (Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita).

Además, los intermediarios no cumplen con la ley de transacciones comerciales que fija la publicación del precio de compra, información que no llega a los productores. Indicaron que se paga entre 100 y 180 pesos por kilo de uva, tanto para cepa país y, otras, como sauvignon, chardoney, cabernet y carmenere. Los precios que se pagan no alcanzan para asumir los costos de producción y la mano de obra, señalaron. Eso hace que muchos quieran dejar la actividad, porque, además, están endeudados con créditos de Indap.

Por otra parte, manifestaron que la legislación que permitió la vinificación con uva de mesa ha generado problemas, porque ha bajado la calidad del vino. Por otra parte, indicaron que se está produciendo vino con agua y edulcorante. Y, lo lamentable, es que dichos productos como cóctel de vino o vino desalcoholizado se venden como vino, pese a tener menor graduación (8,5%). Criticaron la poca fiscalización porque esos productos facturan como vinos, lo que impide la libre competencia.

Por ello, solicitaron una serie de medidas ya que están en jaque, como prohibir la vinificación con uva de mesa. También, que se elimine el impuesto ILA para pequeños y medianos productores pyme y la denominación de origen para las cepas patrimoniales del territorio. La idea es que se dé valor agregado a la uva y puedan seguir comercializando un vino más ancestral.

Crisis agrícola y trigo

Por su parte, Fernando Medina de Agrícola Central, manifestó que hace cuatro gobiernos que vienen planteando los mismos problemas en la producción agrícola; actividad que poco a poco disminuye en cantidad de hectáreas, porque no se alcanzan a cubrir costos de producción, ni competir con productos importados. Lo que se manifiesta en la industria del vino, el trigo y el maíz, entre otros.

Al respecto, pidió abordar la distorsión gigante que existe en el mercado y lamentó la despreocupación del Estado con lo que pasa en el país. Por lo que pidió en forma urgente líneas de financiamiento para competir. También, que se utilicen contratos con plazos de entrega, que la Comercializadora del Trigo (Cotrisa) tenga un rol relevante, que se puedan guardar las cosechas, que se analicen las distorsiones de precios, que se releven los suelos degradados y que se potencien obras de riego para mitigar la sequía, entre otras.

Camilo Guzmán, de la Asociación de Agricultores Unidos de la zona sur y norte, expresó que el trigo es una siembra social, la gente vive de su cultivo y cosecha. Pidió una moratoria de créditos de BancoEstado, ya que no tienen capital para trabajar. Se les paga 217 pesos el kilo, respecto al valor de 358 pesos del trigo que viene del extranjero.  Además, solicitó fijar un precio mínimo y la paridad respecto a trigo importado que es subvencionado.

Cristián Contreras lamentó que se incentive la importación del grano en plena época de cosecha, cuando no existen problemas de stock. También criticó a los molinos importadores y que impongan el precio a los agricultores. “Hay una colusión evidente”, recalcó. Por otro lado, expresó su preocupación por que pudiera ingresar trigo transgénico, por lo que pidió el análisis de muestras del SAG.

Apoyo transversal

En tal sentido, todos los expositores pidieron la intervención del Estado y que se mejore la legislación. Los parlamentarios recogieron el llamado y, transversalmente, se comprometieron en avanzar para terminar con la crisis agrícola y poner reglas al mercado en temas de distorsión y abuso de posición dominante. Así como, avanzar en soberanía y seguridad alimentaria. En tal plano, realizarán una sesión especial con la presencia del ministro de Hacienda, porque se necesita más financiamiento para dicho sector.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Estaban Valenzuela, se refirió a la carga impositiva que tienen otros países para apoyar la agricultura. En ese sentido, planteó que la reforma tributaria es habilitante para obtener más recursos. Explicó que el programa de gobierno no es proteccionista sino desarrollista y busca más apoyo a la agricultura tradicional. Agregó que se deben lograr mínimos básicos en la regla de costo, como ocurre en países de la OCDE.

A su vez, manifestó su disposición a modificaciones legales, por ejemplo, a la vinificación con uva de mesa o a la denominación de origen de cepas tradicionales, ya que las viñas son patrimonio de la nación.

Añadió que BancoEstado presentará la primera quincena de abril un crédito agrícola especial y que la próxima semana el Consejo de la Corfo recapitalizará Cotrisa. A su vez, se llamará a una mesa entre productores y molineros. Y, dijo que estudiarán las denuncias realizadas a la Fiscalía Nacional Económica y los argumentos que las desestimaron, para ver una posibilidad de presentar respuestas.

Los encargados de ODEPA, el SAG e Indap, también detallaron las acciones que han emprendido respecto al tema de la uva y el vino. César Rodríguez, director (s) de Indap, explicó que existe la posibilidad de renegociar créditos o prorrogar -sin cambio de categoría de condición crediticia-. Esto, porque operará un nuevo crédito llamado “Reimpulsa”, que baja la tasa de interés del 3 al 1,5%. Igualmente, hay concursos de apoyo para procesos de comercialización para vinos guardados.

Etiquetado bebidas alcohólicas

En otro ámbito, el martes 19 de marzo, la Comisión de Agricultura aprobó y despachó -en forma unánime- el proyecto de ley que modifica la normativa en materia de comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas producidas o importadas (boletín 16606).

La idea de la moción es responder a lo que los parlamentarios consideran un vacío legal, y eximir de exigencias de etiquetado de advertencias de salud y energía, a productos ya comercializados, que ya se encuentran en puntos de venta.  Ello, por la dificultad que significaría retirar los productos, re-etiquetarlos y re-distribuirlos. Tema que afectaría a pequeños productores y distribuidores. Esto porque la responsabilidad del etiquetado corresponde a los productores e importadores.

El texto aprobado indica que las disposiciones del artículo 40 bis de la ley 21.363 no se aplicarán a aquellos productos que hayan sido comercializados antes de la fecha de entrada en vigencia de la normativa mencionada, los que podrán seguir comercializándose hasta que agoten sus existencias.

En la sesión participó el asesor del Ministerio de Salud, Jaime Junyent, quien señaló que comparten lo señalado en el oficio del Ministerio del Interior, que indica que la obligación de etiquetado no se aplica a los locales de expendio y a productos ya comercializados. Pero sí a productores o fabricantes nacionales, o importadores, a partir del 7 de julio de 2024. A su juicio, no existe vacío legal y la moción no afecta lo señalado en la ley.

La iniciativa es impulsada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) y suscrita por las y los legisladores Jorge Alessandri (UDI), Karol Cariola (PC), Felipe Donoso (UDI), Andrés Jouannet (AMA), Harry Jürgensen (IND), Paula Labra (RN), Diego Schalper (RN), Alexis Sepúlveda (PR) y Francisco Undurraga (EVO).