Aprueban en general proyecto que consagra como vías de acceso a huellas o senderos históricos
La iniciativa, que retorna a la Comisión de Cultura para un segundo informe, reconoce antiguos senderos que comunican distintos predios rurales, para permitir el paso de personas que desarrollan actividades económicas o domésticas ancestrales.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la iniciativa originada en moción que consagra el carácter de vías de acceso a las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral (boletín 12.696). Sin embargo, por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Cultura para su discusión en particular.
El objetivo de la iniciativa es otorgar reconocimiento y protección especial en el ordenamiento jurídico, a las huellas y/o senderos históricos por los cuales han transitado distintas comunidades de campesinos, pescadores artesanales y pueblos originarios por décadas, e incluso siglos, para el desarrollo de sus actividades económicas o domésticas.
Cabe recordar que la Comisión de Cultura aprobó una indicación sustitutiva, -como lo explicó en su informe a la Sala, la diputada Carolina Marzán (PPD)-, que cambia el título del proyecto, porque modificó su contenido, consagrando a las huellas y senderos históricos ya no como caminos públicos, sino como vías de acceso.
En concreto, la iniciativa intercala un nuevo artículo en el decreto ley 1.939, de 1977, sobre Normas de Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.
La propuesta legal establece que los propietarios de terrenos donde se encontraren huellas o senderos de uso histórico que sirvan como vía de comunicación terrestre de personas y animales hacia altas montañas, dehesas, playas, ríos, lagos o centros ceremoniales indígenas, deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos.
Ya fijadas las vías de acceso, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno, no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas de ningún modo.
En caso de contravención, el infractor será sancionado con multa a beneficio fiscal de diez a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá aplicar una multa equivalente al doble del máximo establecido.
En el caso de que las huellas o senderos de uso histórico se encuentren al interior de áreas naturales sujetas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, estas deberán mantener una calidad conforme a su categoría de protección y cualquier tipo de acceso deberá cumplir con un plan de manejo y con lo dispuesto en la ley de Bases del Medio Ambiente y otras normativas ambientales.
Votaciones y debate
Se realizaron dos votaciones para ratificar su idea de legislar: una relativa a las normas de carácter general, que contó con 70 votos a favor, 50 en contra y nueve abstenciones; y otra con las disposiciones de ley orgánica constitucional, que no alcanzó los 88 votos requeridos para su aprobación (68 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones).
Tras dicho resultado se dieron por rechazadas las siguientes normas:
- El procedimiento de fijación de las correspondientes vías de acceso, plazos y reclamaciones.
- La aplicación de la multa y la reclamación se regirán por disposiciones contenidas en la Ley 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.
- La que dispone que las municipalidades deberán velar por el uso tradicional y cultural de estas huellas o senderos, promoviendo su conservación, y elaborando un catastro con aquellos que se hayan destinado por más de 50 años a los fines señalados, agregándolos a un Registro Comunal de Huellas o Senderos Históricos.
Durante la sesión, intervinieron las y los parlamentarios DC Jorge Sabag y Matías Walker; FRVS Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet; RN Arturo Longton y Leopoldo Pérez; Evópoli Luciano Cruz-Coke; PS Leonardo Soto; independiente Marcelo Díaz; PC Amaro Labra; PR José Pérez; UDI Renzo Trisotti; y PPD Carolina Marzán.
Las y los autores del proyecto llamaron a las autoridades a entender el sentido que tiene la propuesta, que es abordar el problema que viven crianceros, arrieros y recolectores de algas que desarrollan su actividad económica y que tienen dificultades en zonas rurales, donde incluso les cobran por el paso con sus animales, con días de trabajo. Es decir, buscan reconocer la trashumancia desde su valor patrimonial y su carácter ancestral.
En tanto, parlamentarios oficialistas, pese a reconocer las buenas intenciones de la iniciativa, manifestaron su preocupación por la afectación al derecho de propiedad y que no se considere que los terceros afectados tienen derecho a oponerse. Por otra parte, plantearon que se pueda causar un daño en parques nacionales o reservas naturales.
Por su parte, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, criticó la propuesta y coincidió con los anteriores en que el texto afecta el derecho a la propiedad yen criticar que no se considera la forma de acreditar las huellas y senderos históricos. Además, sostuvo que la norma contempla una carga económica para el Fisco, por lo que hizo reserva de constitucionalidad.