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Ministro Ávila expuso sobre avance en implementación del Sistema de Educación Pública

En su exposición ante las comisiones de Educación de ambas cámaras legislativas, el secretario de Estado dio cuenta de la gradualidad, las dificultades y fallas que impulsaron la recalendarización en la entrada en funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Dando cumplimiento a la obligación legal, las comisiones de Educación de la Cámara y el Senado conocieron los avances en la implementación de la Ley 21.040, con el informe entregado por el ministro del ramo, Marco Antonio Ávila.

En la sesión conjunta, realizada en la sede de Santiago del Congreso, la autoridad recordó que la normativa que establece una educación pública fue consensuada con una mirada de Estado a largo plazo. El objetivo es poner la calidad como foco de aprendizaje.

En el debate participaron diversos actores educativos, sociales y políticos. El foco estuvo en el proceso de gradualidad en la entrada en funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Este se ha visualizado con dificultades y fallas. Es así que se proyecta una nueva recalendarización y la tramitación de un nuevo proyecto de ley que contendrá varias modificaciones, según explicó el ministro.

Ávila señaló que, entre 2018 -2023, son 11 los SLEP en régimen y 16 en instalación. Para 2029 se espera que haya 70 en régimen, lo que impactará a un millón 300 mil estudiantes y sus familias, 116 mil docentes y directores y 89 mil asistentes de la educación.

Desafíos pendientes

El ministro relató que para enfrentar los problemas detectados se seguirá la “Estrategia Nacional de Educación Pública”. Esta es validada por el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. La finalidad es mejorar los aprendizajes; fortalecer la capacidad de los equipos; perfeccionar la gestión de liderazgo; corregir las condiciones físicas y de infraestructura; y la sostenibilidad financiera de los SLEP.

Ávila explicó que uno de los puntos críticos es la administración en los SLEP. Esto, porque algunos directivos no tienen conocimientos en administración del Estado, lo que entrampa un buen proceso de implementación. Por ello, se plantea fortalecer los equipos, con la integración de personal de las direcciones municipales de educación que tienen, por ejemplo, capacidad en compras públicas.

Entre los desafíos 2023 está la asociación del territorio educativo con mayor aporte local y con la coordinación colaborativa de distintos organismos con los SLEP.

Otro punto que se pretende reforzar es mejorar la infraestructura de los establecimientos donde se destinan cuantiosos recursos. Sin embargo, existen dificultades por licitaciones inadmisibles en tres de las siete macrozonas. Al respecto, se estudia otra vía con el Ministerio de Obras Públicas, con una ejecución más rápida y pago por contraprestación.

Debate

En la oportunidad, varios de las y los diputados valoraron la cuenta del ministro Ávila y manifestaron su disposición a seguir colaborando en un espacio más amplío de trabajo, con la participación de otros actores, como organizaciones y gremios. Así lo expresó Emilia Schneider (Comunes).

En tanto, Helia Molina (PPD) expresó que falta capacitación para quienes dirigen los SLEP. En tal sentido, planteó que necesitan una línea base de formación que entregue las herramientas para una buena gestión.

Por su parte, Juan Santana (PS) lamentó la dotación en los distintos SLEP. Comparó el de Chichorro, que tiene una matrícula de 15 mil estudiantes y considera 88 funcionarios, con el de Atacama, con una matrícula de 30 mil alumnos y cuenta con 86 personas. En tal plano, consideró que, si las instituciones no se robustecen con personal, los resultados no serán buenos.

Daniela Serrano (PC) llamó a la autoridad a que los cambios consideren a la ruralidad, donde existen problemas de infraestructura y falta de matrícula.

Finalmente, Gaspar Rivas (PDG) planteó una inquietud ciudadana recurrente, respecto a la falta de cupos para niños chilenos en jardines infantiles y salas cunas. En tal sentido, solicitó que Junji aclare si se mantiene el rango de prioridad que tienen hijos de madres migrantes irregulares, por sobre hijos de madres solteras chilenas trabajadoras.