Comisión sobre operaciones de línea aérea venezolana Conviasa descartó vínculo terrorista
Sin embargo, la instancia investigadora constató la falta de estándares en el control aeronáutico para alertar sobre eventuales riesgos. Asimismo, observó la ausencia de coordinación entre autoridades, hecho que impide el análisis conjunto de información sobre ingreso y egreso de equipaje, carga y pasajeros al país.
En forma unánime, se aprobó el informe de conclusiones de la comisión investigadora (CEI 10) de actos de organismos competentes en relación a las operaciones de la línea aérea estatal venezolana Conviasa en Chile, por eventuales actos de terrorismo de sus integrantes.
Dichas conclusiones de consenso surgieron luego de meses de indagatorias, luego de que se convocara en octubre de 2022.
Cabe recordar, que en virtud de interés nacional y la seguridad del país, la pesquisa se abocó a verificar si había efectividad de algún acto de tipo terrorista en un vuelo que tuvo su origen en Caracas y que aterrizó en Santiago, el 22 de junio de 2022.
En particular, la sospecha apuntaba a eventuales vínculos a grupos terroristas por parte de tripulantes de origen iraní, de acuerdo a investigaciones en Argentina y Paraguay.
El vuelo, según información entregada, contaba con 17 personas en su tripulación, de nacionalidad venezolana; y 89 pasajeros que arribaron a Chile. Pero existían diferencias de información respecto al equipaje.
En la Sala, el informe lo entregará el presidente de la instancia, Andrés Jouannet (IND).
Conclusiones
El grupo parlamentario no logró establecer un vínculo probado y fehaciente entre la operación aeronáutica y delitos terroristas. No obstante, se constató la falta de estándares en el control aeronáutico. Lo anterior, respecto a analizar, alertar o controlar, eventuales riesgos o amenazas.
La investigación evidenció la falta de coordinación entre las distintas autoridades. Esto impide el análisis conjunto sobre el ingreso y egreso de equipaje, carga y pasajeros al territorio nacional. Asimismo, se detectaron contradicciones entre las autoridades y un manejo liviano y poco riguroso en el aeropuerto.
Se detalla que las declaraciones en relación al vuelo de Conviasa, del director General de Aeronáutica Civil, gral. Raúl Jorquera, son insuficientes, vagas y contradictorias. Ello revela carencia severa de controles y registros adecuados.
El grupo parlamentario estimó que se requieren mayores atribuciones, sin afectar compromisos adquiridos por el Estado ni el normal tráfico aéreo. Igualmente, mayor nivel de fiscalización a empresas que prestan servicios a las aeronaves, incluyendo la obligación de denunciar hechos ilícitos, y la revisión exhaustiva de vuelos no regulares.
A su vez, se destacan graves inconsistencias entre los datos públicos y de las entidades privadas respecto a la carga y los pasajeros. Dicha situación genera dudas sobre la finalidad de los vuelos cuestionados.
Propuestas
Entre las propuesta, se plantea la creación de una Policía Aeronáutica dependiente de una Policía de Fronteras. La idea es que ejerzan en los aeropuertos una supervisión más rigurosa y efectiva, en vista de la deficiencia de los controles. Además, que se establezcan medidas más avanzadas y sofisticadas en relación con los vuelos y el tráfico aéreo. El punto observado es que son cada vez más vulnerables a robos, delincuencia organizada y amenazas terroristas.
También se propone mejorar las alertas de seguridad. Junto a ello, generar un protocolo de reacción eficiente, eficaz y directa frente al requerimiento de control de cualquier organismo público, más aún si corresponde a otro poder del Estado, como el caso de la Cámara, que realizó una oportuna solicitud de información frente a una situación sospechosa.
Del mismo modo, se recomienda estudiar el diseño e implementación de un nuevo modelo de aeropuertos, de alto nivel de sofisticación en materia de seguridad. Como ejemplos a seguir se citan Alemania, Francia, Italia y España.
De igual modo, se sugiere centralizar el manejo de información respecto al control de vuelos nacionales e internacionales, así como la implementación de registros. Los llamado a ello son la DGAC, SAG, Aduanas, PDI y empresas externas.
Finalmente, se piden mejoras respecto a la contratación de ciudadanos extranjeros en aeropuertos, particularmente, en revisión de equipajes y en funciones de empresas privadas externas. A esto se suma, la actualización de equipos y tecnología en la DGAC, PDI y SAG, entre otros planteamientos.
Otras ideas
El diputado Álvaro Carter (UDI) planteó explicitar en el informe que el Estado tiene como obligación resguardar a los aeropuertos, considerados como infraestructura crítica. La idea se respaldó por la mayoría de los presentes.
Mientras, el legislador Boris Barrera (PC) propuso que las empresas concesionadas privadas que operan en el aeropuerto estén obligadas a prestar servicios a cualquier aerolínea de países que tenga relaciones diplomáticas con Chile. Ello se respaldó en forma unánime.