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Comisiones aprobaron en general proyecto que regula el uso de la fuerza

En la sesión expusieron abogados quienes analizaron los alcances de regular el uso de la fuerza por parte de las policías y FF.AA. en materia de orden público.

Por 18 votos a favor y cinco en contra, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana aprobaron en general el proyecto sobre reglas del uso de la fuerza (boletín 15805). La iniciativa fue presentada por el Gobierno en abril y explicada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Desde ese momento y hasta la fecha, la instancia recibió diferentes invitados que plantearon sus observaciones a la norma. En lo concreto, la propuesta del Ejecutivo busca dar mayor certeza jurídica y claridad respecto a los procedimientos en esta materia y sus efectos. Así, pretende permitir una actuación más certera por parte de las policías.

El proyecto se fundamenta en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad en el uso de la fuerza. Junto a esto, establece las reglas del uso de la fuerza (RUF) y detalla los deberes de identificación; advertencia; gradualidad; de reducir al mínimo daños y lesiones; de prestar auxilio; y de reportar.

En el momento previo a la votación, hubo parlamentarios que criticaron que no participaran en la sesión representantes del Ministerio del Interior. Por otra parte, quienes votaron en contra de la idea de legislar plantearon que el proyecto tiene un “grave sesgo”. Éste sería el partir de la base que las policías y FF.AA., violan los derechos humanos. Además, consideran que va contra el espíritu de la llamada Ley Naín-Retamal.

Expositores sobre uso de la fuerza

Previo a la votación, la instancia también recibió la exposición de abogados que expusieron sus observaciones a la norma. El primero en exponer fue el exalcalde y ministro de Defensa, Jaime Ravinet. En su presentación, calificó la iniciativa como “un muy mal proyecto” que “desconoce la realidad de las FF.AA. y las policías”.

El exalcalde agregó que se comete el error de centrarse en la protección de las personas y no dice nada de sobre la propiedad privada. Junto a esto, agrega que es necesario retirar el concepto de “proporcionalidad” de la norma. La idea, acotó, es enfocarse en el de racionalidad.

Por su parte, Juan Ignacio Gómez, abogado del Instituto Libertad y Desarrollo propuso incorporar al cuerpo legal a Gendarmería. Del mismo modo, le parece relevante sumar a la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Finalmente, el abogado Felipe Abbott señaló que, necesariamente, el proyecto debe ser limitado en torno a la protección de los derechos humanos. Asimismo, destacó la necesidad de capacitación de las policías y el mejoramiento de sus equipamientos. A su vez, alertó que la utilización de las FF.AA. en orden público afecta el necesario perfeccionamiento de las policías.