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Educación continuó análisis de reforma constitucional que extingue deudas del CAE

La Comisión recibió al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien alertó que la propuesta irroga gasto fiscal. El CRUCH, en tanto, dijo no apoyar la condonación a las deudas que se plantea, porque es una norma de difícil aplicabilidad.

Más de un millón de chilenos endeudados con el CAE (Crédito con Aval del Estado) por estudiar en la educación superior. Esa es la motivación de la iniciativa que se estudia en la Comisión de Educación.

El principal promotor de la propuesta es el presidente del grupo parlamentario, diputado Gaspar Rivas (PDG). Este indicó que se trata de una disposición transitoria en la Constitución que condona las deudas contraídas, desde publicada la Ley 20.027, sobre financiamiento de Estudios en la Educación Superior (boletín 15961).

Sin embargo, no deroga el CAE, para seguir solventando el ingreso a la educación superior, como lo solicitó el Ejecutivo, hasta que se establezca un nuevo mecanismo de financiamiento.

Informó que presentó una indicación complementaria que señala que también se condonará la deuda a quienes se incorporen al sistema luego de la entrada en vigencia de la disposición transitoria. Dicha norma no implicará ningún tipo de indemnización o compensación al sistema bancario o financiero.

Por último, propone regular el valor máximo del arancel anual en las carreras de educación superior.

Mineduc

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró la preocupación transversal por el tema. Reiteró que el CAE es parte de un proceso de masificación de la educación superior que salió más caro de lo planificado.

Agregó que no tuvo el rendimiento que el país esperaba, tanto en el aumento de la productividad como en el incremento de las remuneraciones de las personas. “Es una mochila pesada para muchos profesionales y personas que no han terminado sus estudios”, enfatizó.

Alertó que el proyecto irroga gasto fiscal. Explicó que el 57% de la deuda está en manos del Estado, que ya la pagó, por la ejecución de garantías. Es decir, ya tiene en su poder esos títulos. Al respecto, manifestó que hay que revisar cómo, contablemente, el Estado asume una política de solución sin provocar un desbalance estructural.

Sobre la indemnizaciones o compensaciones para la banca, acotó que aplicaría para el resto del 43% de la deuda restante.

En cuanto a la regulación de los aranceles, sostuvo que el tema ya se encuentra regulado para algunas carreras, desde 2018, en las normas de gratuidad, sobre la base de un esquema de costos.

Finalmente, afirmó que están comprometidos con salir del actual modelo de financiamiento. Asimismo, aseguró que el Gobierno, luego de lograr el pacto tributario, presentará un proyecto de ley que establezca un nuevo instrumento.

CRUCH

En tanto, Luis Urra, vicerrector de Gestión Económica y Administración de la Universidad de Talca, señaló que el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) no apoya la condonación a las deudas que se plantea, porque es una norma de difícil aplicabilidad.

Planteó que no es equitativa con el total de los deudores que no sólo son del sistema CAE. Evaluó que tampoco es clara sobre si se condona respecto a todos los préstamos otorgados o solamente a los que están en mora. Agregó que la condonación del CAE puede incentivar el no pago de otras deudas del Fondo Solidario o de otros créditos universitarios.

Por otra parte, recordó que el CAE contempla dos avales: la institución donde se matricula el estudiante, por el riesgo de deserción académica; y el Estado, hasta que el beneficiario haya pagado el total del monto luego de egresado.

Sobre el punto, sostuvo que también las universidades son garantes y se les deben recursos. Por lo tanto, una condonación no implica sólo a los bancos e instituciones financieras. Así, si no se consideran indemnizaciones por las pérdidas, se pone en riesgo el financiamiento de las universidades estatales y privadas, recalcó.

Reacciones

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) valoró la intención del proyecto con personas que no han podido cumplir sus compromisos económicos de educación. Pero planteó que no es la mejor alternativa, porque es una solución parcial. Añadió que está de acuerdo con el Gobierno en señalar que irroga gasto. Por ello, observó que la indicación presentada es inadmisible.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) expresó que existe acuerdo transversal para reconocer que existe una deuda del Estado. Dijo que el proyecto no es suficiente, ya que la condonación no aborda la complejidad del problema que, igualmente, es avanzar a un nuevo mecanismo de financiamiento.

El grupo parlamentario acordó reiterar la invitación al ministro de Hacienda y realizar dos sesiones más de audiencias. Además, fijó la votación para el martes 25 de julio.