Solicitan incorporar acciones respecto de la política de hidrógeno verde
Las y los diputados esperan, entre otros puntos, que se promueva la industrialización nacional y el cuidado del medioambiente.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó la resolución 950. Por medio de ella se solicita al Ejecutivo incorporar una serie de acciones claves para un buen desarrollo de la política sobre hidrógeno verde.
Por un lado, se busca fortalecer la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de la industria del hidrógeno verde.
Se considera importante dictar todas las guías ambientales pendientes que son necesarias para las evaluaciones ambientales, por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y del Ministerio del Medio Ambiente.
Además, se pretende impulsar políticas públicas que aseguren que esta industria contará con un encadenamiento productivo en el que se promueva la industrialización nacional.
A ello se suma el potenciar los cambios regulatorios necesarios que aseguren que un porcentaje importante de la energía eólica y solar, producida por la industria de hidrógeno verde en Magallanes y otras regiones, se inyecte a la matriz energética de estos territorios.
La idea es apoyar la descarbonización de dicha ciudades y transformarlas en las primeras ciudades verdes de Chile.
Junto a lo anterior, se pide revisar las actuales leyes de excepción que existen en Magallanes e implementar un nuevo Fondo Regional o ampliar el actual Fondema, regulado por la Ley 19.275, de 1993.
El objetivo es retener una parte significativa de los impuestos recaudados por la producción de hidrógeno verde.
Política de hidrógeno verde
La solicitud de las y los diputados de Convergencia Social Javiera Morales, María Francisca Bello, Lorena Fries, Diego Ibáñez, Emilia Schneider, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, así como de las independientes Mercedes Bulnes, Marcela Riquelme y Clara Sagardia, busca potenciar el paso que dio Chile en junio de 2022.
En esa oportunidad y en materia de combate al cambio climático, se aprobó una nueva Ley Marco que regula la nueva institucionalidad requerida para poder enfrentar la crisis socioambiental que está viviendo el planeta. Pero, también fija metas ambiciosas y necesarias, para que Chile pueda reducir la emisión de gases de efecto invernadero y convertirse en un país carbono neutral para el año 2050.