CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con un respaldo transversal unánime, la Sala aprobó un proyecto que modifica la Ley general de servicios eléctricos (boletín 16051). Su objetivo es rebajar el cobro por el recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno, para los servicios sanitarios rurales.

El texto, que continuará su tramitación en el Senado, establece que, en el caso de los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios, según la Ley 20.998, que regula los servicios sanitarios, se les aplicará un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta (art. 155 de la Ley General de Servicios Eléctricos).

Dicho descuento en la tarifa eléctrica se verá reflejado en la respectiva facturación.

Los descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, para efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios, los que, luego, serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución.

En su artículo transitorio, el proyecto de ley señala que los descuentos deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.

Períodos de consumo 

Entre los fundamentos de la propuesta se resalta que la aplicación del cargo adicional de invierno perjudica gravemente a los sectores rurales del país. Así, se expone que el alza implica un aumento considerable en el costo de operación de los Comités. También en las cooperativas de agua potable rural existentes (SSR). Esto afecta directamente en su patrimonio y situación financiera, pero, también, el presupuesto de los usuarios finales.

Se detalla que las tarifas para los clientes de empresas distribuidoras del Sistema eléctrico Nacional (SEN), según los niveles de demanda, consideran dos períodos de consumo durante el año. Por un lado están los meses con menores exigencias para el sistema eléctrico, entre 1 octubre y 31 de marzo. En segundo término, los meses con mayor demanda y costos, entre 1 abril y 30 de septiembre.

En este último periodo, como señal de racionalización del consumo eléctrico, se aplica el denominado “control de punta”. Esto implica sobrecargos en las tarifas de los clientes.

En los periodos de mayor demanda y costos, se aplican recargos en la tarifa eléctrica por “horario punta” y “límite de invierno”. Actualmente, corresponden al período comprendido entre las 18:00 y las 22:00 horas, entre abril y septiembre.

Debate

Las y los parlamentarios manifestaron su respaldo a la iniciativa, coincidiendo en que se beneficiará a cerca de 2 millones de personas que habitan las localidades rurales.

A su vez, plantearon que es un pequeño grano de arena, pues es necesario legislar sobre la propiedad privada con el derecho al agua.

Relevaron que los comités paguen menos luz eléctrica. “Es un gran apoyo para las personas que viven en sectores rurales”, se mencionó. Acotaron, asimismo, que ayudará a generar un ahorro significativo en las familias campesinas rurales.

Adicionalmente, expresaron que este proyecto hace justicia con el beneficio que desarrollan los servicios sanitarios rurales. Estimaron que fue importante co-legislar con los usuarios de agua del mundo rural.

Participaron en el debate Francisco Pulgar (IND), Marta Bravo (UDI), Alberto Undurraga (DC), Carolina Marzán (PPD), Nathalie Castillo (PC), Flor Weisse (UDI), Consuelo Veloso (RD), María Francisca Bello (PCS), Henry Leal (UDI), Leonidas Romero (IND), Nelson Venegas (PS), Camila Musante (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), María Candelaria Acevedo (PC), Héctor Barría (DC), Miguel Ángel Calisto (IND), Marcela Riquelme (IND), Marisela Santibáñez (PC), Marta González (IND), Jorge Brito (RD), Fernando Bórquez (UDI) y Jaime Mulet (FRVS).