Respaldan investigación sobre funcionamiento de corporaciones municipales
La comisión tuvo un foco especial en la comuna de Vitacura, donde se acusa que el exedil, Raúl Torrealba, implementó un mecanismo de desvío ilegal de recursos en el que participaron otros funcionarios municipales.
La implementación de un mecanismo de desvío ilegal de fondos por parte del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, con participaron de funcionarios municipales, y un actuar negligente del Concejo Municipal en materia de fiscalización, son parte de las acusaciones formuladas por la comisión investigadora (CEI 20) sobre el funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales y corporaciones municipales de dicha comuna, que hoy la Sala de la Cámara respaldó.
El informe resalta que dichos hechos motivaron una investigación penal en la que se encuentra imputado el exedil. Se le acusa de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.
El esquema de defraudación significó una pérdida de recursos municipales cercana a los $750 millones de pesos. Además, existieron delitos tributarios que afectaron las arcas fiscales.
Se relata, por ejemplo, que la auditoría efectuada por la Contraloría determinó la existencia de gastos improcedentes rendidos en 2020 y 2021. Fueron relativos a honorarios médicos no pagados con la subvención municipal; servicios no prestados; pagos realizados por Vitasalud que exceden el monto establecido en el contrato; y notas de crédito no consideradas en las rendiciones de cuenta, entre otros. La demanda estatal respectiva apuntaría a más dos mil 91 millones.
Según se resalta, la municipalidad de Vitacura transfirió recursos públicos a través de subvenciones a las denominadas Corporaciones Vita. Eran organizaciones comunitarias funcionales que realizaban funciones públicas como salud y deporte.
“Durante las exposiciones se identificaron prácticas de favoritismo y nepotismo en la asignación de contratos y licitaciones. En varios casos, encontramos que las empresas asociadas con las Corporaciones Vita obtuvieron contratos sin cumplir con los requisitos necesarios”, se observó.
Debilidad en el control de las corporaciones
El informe critica la falta de supervisión y control de las administraciones anteriores de la municipalidad, así como de los concejos municipales. “No ejercieron adecuadamente su rol fiscalizador en la transferencia y ejecución de recursos a las corporaciones Vita, facilitando los hechos de corrupción”, se acota.
Entre las debilidades regulatorias detectadas por la comisión se pueden mencionar:
- Ausencia de inhabilidades/incompatibilidades legales que impidan los conflictos de interés entre la municipalidad y las corporaciones/entidades privadas que reciben fondos municipales.
- Carencia de un registro actualizado de quién recibe recursos públicos desde el órgano municipal.
- Poca claridad respecto a la exclusividad de la función pública municipal. Permitió que funcionarios habilitantes de los convenios sean parte, en paralelo, de la entidad ejecutora y realicen funciones remuneradas fuera del servicio público.
- Inaplicabilidad de la normativa de transparencia y acceso a la información pública a corporaciones financiadas por recursos municipales.
- Deficiencias en la aprobación de rendiciones de recursos por parte de la Dirección de Control de la Municipalidad de Vitacura.
- La Contraloría General de la República tiene limitaciones competenciales y presupuestarias para fiscalizar los actos administrativos de los municipios. Además, hay corporaciones municipales que han objetado las facultades de la Contraloría para hacerles aplicable sus dictámenes.
- El Servicio Electoral no inició acciones administrativas ni penales frente a eventuales aportes ilegales a candidatos con recursos provenientes del fraude al municipio, a diferencia de cómo actuó en el caso Penta. No queda clara la justificación de esta omisión.
Recomendaciones y debate
El informe recomienda acelerar el trámite de un proyecto, iniciado en dos mociones en la cámara, ya despachado al Senado. La iniciativa (boletines 14594 y 15523) fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos de cualquier tipo.
También se sugiere que en el presupuesto público se establezcan excepciones justificadas al principio de concursabilidad respecto a las transferencias de recursos a organizaciones comunitarias.
Por último, entre otras propuestas, se recomienda fortalecer los mecanismos de fiscalización y los procedimientos sancionatorios para todos los intervinientes, personas jurídicas y naturales, en relación a los hechos acontecidos; aumentar el control sobre las subvenciones y la relación transparente entre habilitantes y receptores; mejores herramientas de auditoría; establecer reglas claras y precisas en cuanto a la contratación de personal, objeto y rendición de la utilización de recursos públicos; promover la participación ciudadana en la vigilancia de las instituciones públicas; y fomentar la educación y la cultura de integridad.
En la discusión expusieron el presidente de esta comisión, Luis Alberto Cuello (PC), y dos de sus integrantes: Tomás Hirsch (PAH) y Leonidas Romero (IND). También entregaron su posición Francisco Pulgar (IND), Marcela Riquelme (IND), Jorge Brito (RD), Camila Rojas (Comunes), Gael Yeomans (PCS), Stephan Schubert (IND) y Andrés Celis (RN).
Un punto que cruzó las opiniones es la necesidad de reforzar la institucionalidad municipal y la Contraloría para un efectivo control del correcto uso de los recursos públicos. Así, se planteó como fundamental avanzar en probidad, transparencia y en fiscalización para terminar con la corrupción.