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Respaldan de forma unánime informe sobre irregularidades en ENAMI

El texto aprobado por las y los diputados de la instancia investigadora da cuenta  de la responsabilidad de diversos ejecutivos en el mal manejo de la empresa estatal.

La Comisión Investigadora sobre la administración y estados financieros de ENAMI respaldó de forma unánime su informe de conclusiones y propuestas.

La presidenta de la instancia, diputada Daniella Cicardini (PS), destacó la importancia de llegar a un consenso por lo vital que es la Empresa Nacional de Minería para el país y los pequeños mineros.

Aquello, pues independientemente de los colores políticos, siempre ha existido la sensación de que se han llevado a cabo manejos sospechosos o dudosos, apuntó.

Informe de consenso

Comisión investigadora ENAMI

Desde la instancia existió el ánimo de llegar a un informe de consenso. En un primer análisis de conclusiones y propuestas, surgieron dudas en cuanto a citar expresamente los nombres de una serie de ejecutivos respecto de su responsabilidad por el mal manejo de la empresa estatal.

Esta opción se descartó considerando que el problema que arrastra ENAMI es de larga data y no solo a la acción de actuales o recientes ejecutivos. Sin embargo, en líneas generales, el texto plantea que los Ejecutivos -en el periodo analizado- no levantaron alertas ante irregularidades y denuncias de sindicatos y funcionarios.

E igualmente, se da cuenta de la responsabilidad de administraciones anteriores, ya que “la situación de ENAMI es de larga data, por lo menos 20 años”.

El texto también deja de manifiesto que a lo largo de diversos periodos legislativos, diputadas y diputados han advertido sobre estos hechos.

Situación financiera de ENAMI

Comisión investigadora ENAMI

En materia financiera, particularmente, se solicita al Ejecutivo que reprograme los pasivos de la empresa puesto que se encuentra asfixiada. A ello se suma la elaboración y ejecución de un plan de modernización.

Finalmente, se solicita que las consideraciones de este trabajo sean analizadas por diversos organismos públicos, como el Ministerio Público, para que realicen las investigaciones necesarias según sus competencias.