Respaldan legislar sobre accesibilidad universal para viviendas destinadas a adultos mayores
El grupo parlamentario de Vivienda respaldó en forma unánime la iniciativa que considera elementos de seguridad en vivendas para adultos mayores. Además, comenzó la tramitación de otros proyectos de ley.
Por ocho votos a favor, los integrantes de la Comisión de Vivienda respaldaron, en general, la moción (boletín 16.120) que establece una regla de accesibilidad universal a proyectos inmobiliarios destinados a viviendas para adultos mayores.
En ella se plantea que, independiente de su fuente de financiamiento, el proyecto inmobiliario deberá contar en el diseño y construcción de sus unidades habitacionales con criterios especiales para dicho rango etario. Este deber implicará, a lo menos, la instalación de asidero o barras de seguridad y una ducha en alguno de los baños de la vivienda.
Para abordar el tema asistió la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y un representante de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Claudia Asmad, titular del Senama, informó que de acuerdo a la última encuesta CASEN, el 78% de las personas mayores son autovalentes y el 22% tiene algún grado de dependencia. En cuanto a la población total del país, el 18% son personas mayores. Mientras que, se estima que en el año 2050, el 30% de la población será mayor de 60 años.
Sobre la propiedad de la vivienda, el 80,1% de personas mayores son propietarios y el 19,9% no cuenta con vivienda propia.
Consideró que de acuerdo a las convenciones internacionales de los derechos de las personas con discapacidad y de protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, el proyecto va en la línea correcta. Sobre la redacción del proyecto, consideró reemplazar la palabra asidero por elementos de apoyo.
Costos accesibilidad para adultos mayores
Tomás Riedel, de la Cámara Chilena de la Construcción, valoró el impulso a la accesibilidad universal de las viviendas para adultos mayores; sector de la población que históricamente ha enfrentado barreras económicas para acceder a viviendas. y, en particular, destacó los beneficios específicos para grupos vulnerables como el subsidio DS49.
Riedel consideró que debiera existir un incentivo a la accesibilidad universal para quienes acceden a viviendas con y sin subsidio. Pero, explicó, desde el sector inmobiliario no se sabe quién va a comprar, por lo que no es tan fácil incorporar la medida. Además, consideró que podría haber un traspaso al precio de la vivienda.
La diputada Natalia Romero (IND), principal impulsora de la iniciativa, sostuvo que se busca que en adelante se consideren medidas de seguridad para que las personas mayores no pierdan su autovalencia. A su vez, manifestó su apertura a nuevas indicaciones que puedan añadir otros elementos de seguridad.
Agregó que no están pidiendo elementos que encarezcan la construcción. “No son lujos, hay que pensar en viviendas para la población que está envejeciendo más rápido de lo que quisiéramos”, recalcó.
Reconstrucción
En la instancia legislativa también inició su tramitación el proyecto que exime de requisitos a la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por sismos o catástrofes (boletín 16642).
El diputado Jorge Saffirio (DEM), principal promotor de la norma, explicó que el objetivo es eximir de los requisitos de saneamiento de títulos de dominio, conexión a agua potable y alcantarillado, y otras exigencias, con el objeto de facilitar la reconstrucción de viviendas siniestradas.
Ello, añadió, considerando los constantes y reiterados megaincendios producidos a lo largo de nuestro territorio. Dijo que esto hace necesaria, una respuesta eficaz en dignidad para las comunidades afectadas y que reste burocracia. Asimismo, plantea un plazo de tres años para regularizar las viviendas.
En la comisión hubo acuerdo en avanzar en el tema. Además, se planteó respecto al megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso, la posibilidad de sesionar en terreno y ver los problemas que enfrentan los afectados. A su vez, se acordó oficiar a los ministerios de Vivienda y de Hacienda, para conocer mecanismos que permitan financiar la reconstrucción, que se estima en más de mil millones de dólares, lo que, sin duda, requerirá medidas legislativas.
Viviendas Sociales
En otra línea, comenzó la tramitación del proyecto que asegura el cumplimiento de la obligación de habitar efectivamente las viviendas adquiridas mediante subsidio (boletín 16.280).
El autor de la iniciativa, Marcos Ilabaca (PS), expuso el proyecto. Sostuvo que de 100 viviendas sociales entregadas, cerca del 20% de ellas son mal utilizadas.
De este modo, lo que busca la norma es establecer un pacto de retroventa en la escritura pública de entrega. Es decir, que el Estado tenga derecho a retrotraer la venta si el beneficiario del subsidio o de su núcleo familiar no cumple los requisitos de habitar la vivienda. Además, aumenta esa exigencia de 5 a 10 años.
Agregó que, actualmente, para dicho incumplimiento existe un procedimiento judicial, lo que se pretende cambiar a un acto administrativo, para acortar los plazos.