Comisión de Cultura despachó proyecto de protección y fomento de la artesanía
El grupo parlamentario culminó la tramitación del proyecto, originado en mensaje del Ejecutivo, que reconoce la artesanía como disciplina artística cultural. El texto pasa ahora a la Comisión de Hacienda, antes de ser visto por la Sala de la Cámara.
Apoyar, proteger, salvaguardar y fomentar el desarrollo de la artesanía, así como dotarla de un marco normativo. Ese es el objeto del proyecto (boletín 16371) que culminó su tramitación en la Comisión de Cultura.
La iniciativa, en primer trámite y que tiene su origen en mensaje del Ejecutivo, ingresó a tramitación el 17 de octubre de 2023. Su despacho desde la Comisión de Cultura coincidió con la conmemoración del Día Mundial del Artesano y Artesana, el pasado martes 19 de marzo.
El texto reconoce a la artesanía como una práctica artística cultural y la pone en valor, junto a sus creadoras y creadoras, a través de definiciones y reconocimientos. A su vez, establece nuevos mecanismos de participación institucionalizada y descentralizada, para lo cual se crean mesas regionales y un Consejo Nacional de Artesanía. Por otra parte, se establece apoyo estatal para la artesanía y sus cultores, a través de una Política, un Plan Nacional y un Comité Interinstitucional.
Entre los fundamentos del mensaje, se señala que la artesanía tiene relevancia en distintos ámbitos del quehacer cultural, tales como los culturales, sociales, económicos y turísticos. Es decir, se trata de una disciplina que expresa un sentido de pertenencia e identidad multicultural.
La normativa busca respaldar la creación, promoción, producción, difusión, exhibición, circulación y comercialización de la artesanía. Igualmente, promueve la asociatividad, formación, profesionalización, investigación y transmisión del conocimiento del sector. Por otra parte, propicia la protección de la labor artesanal artística y sus materias primas.
Reacciones
Las y los diputados agradecieron el trabajo de las comunidades de artesanas y artesanos en las regiones, que lograron visibilizar las falencias de esta área de las artes.
Marta González (PPD) dijo que esta ley responde a una demanda de larga data y que se busca recoger la visión de otros países que relevan la artesanía como eje de desarrollo cultural y económico. Al mismo tiempo, planteó que hay oficios que están por desaparecer y hay que rescatarlos para que sigan por varias décadas más.
Al respecto, valoró el fomento a las capacitaciones y a la difusión de sus obras.
En tanto, Eduardo Durán (RN) coincidió con otras legisladoras respecto a que esta normativa es el puntapié inicial, pero que puede mejorar más.
Agregó que este marco trae protección a las y los artesanos para que puedan ser reconocidos junto a su actividad por el Estado. Concluyó que esta actividad tiene que tener la relevancia y el sitial que le corresponde, ya que los países se proyectan en cultura a través de su artesanía.
Política, Plan, Consejo y Registro
El texto establece una serie de definiciones. Entre ellas, los conceptos de artesanía, artesano y artesana, feria de artesanas y artesanos, oficios de artesanía y taller artesanal.
La Política Nacional de Artesanía será el instrumento de planificación que señala los objetivos para lograr el desarrollo de la actividad artesanal y de las y los artesanos, que se fijará por cinco años. Será elaborada por el Ministerio de las Culturas (Mincap) con el Consejo Nacional de Artesanía, organismos que tendrán un plazo de seis meses para su dictación.
En tanto, el Plan Nacional de Artesanía se aprobará por decreto supremo del Mincap, a partir de las propuestas entregadas por el Comité Interinstitucional y se dictará cada cuatro años. El Plan operativizará las medidas propuestas en la política del sector y considerará convocatorias públicas, premios y actividades de formación.
Luego, se refiere a la creación del Consejo Nacional de Artesanía, que será presidido por el subsecretario/a de las Culturas y las Artes. También lo integrarán un delegado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; dos académicos con reconocida trayectoria; y dieciséis representantes de todas las regiones.
Dicho organismo asesorará al Mincap en la formulación de una Política Nacional de Artesanía. Junto a ello, propondrá acciones que contribuyan al desarrollo de diversas manifestaciones de la artesanía.
Paralelamente, se crea el Registro Nacional de Artesanía como único compendio nacional con carácter oficial, público y gratuito, administrado por el Mincap. Así como, el Comité Interinstitucional de Artesanía, conformado por representantes de diversos ministerios y organismos públicos, que tendrá como función coordinar el trabajo intersectorial con temáticas relevantes para el sector. También, colaborará en el diseño del Plan Nacional y promover el cumplimiento de medidas, y realizar su seguimiento y evaluación.
Sobre las particularidades de cada territorio, se crearán mesas regionales de artesanía presidida por el seremi respectivo. Ellas propiciarán el enlace con los gobiernos regionales y las entidades y autoridades culturales y municipales. Su objetivo será aprobar un Plan de Trabajo Regional y promover instrumentos locales en beneficio del sector.
Reconocimientos y uso del espacio público
En materia de reconocimientos, eleva a rango legal los premios como el “Sello de Excelencia” y “Maestro/a Artesano/a”. Y, por otra parte, fija el 7 de noviembre como el Día Nacional de la Artesanía.
En la última sesión, se aprobaron modificaciones para regular el uso del espacio público facultando a las municipalidades para dictar ordenanzas. En ellas, se regularán las condiciones, requerimientos y funcionamiento de exhibiciones y realización de actividades y oficios artísticos artesanales, de manera permanente o eventual.
Igualmente, señala los puntos que debe incluir la ordenanza, por ejemplo, si se trata de permisos gratuitos o de pago. También, identificar los bienes nacionales de uso público, priorizando lugares, espacios y horarios donde se concentre el mayor número de personas. Al respecto, las municipalidades no podrán restringir o condicionar la emisión de permisos en base a discriminaciones, exclusiones, preferencias o valoraciones artísticas no justificadas de las obras.