Comisión de Trabajo analizó devolución de Bono Clase Media
La instancia abordó el proceso de reintegro de los dineros, tras detectarse su entrega a trabajadores que no cumplían los requisitos para ser beneficiarios del mismo.
Para abordar el proceso de devolución del Bono Clase Media para quienes no obtuvieron los requisitos para su adjudicación, así como las razones y el criterio utilizado por el Servicio de Impuestos Internos para exigir la devolución del mismo, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados citó a diversas autoridades.
La instancia escuchó, vía telemática, a representantes del Ejecutivo, del SII y de los trabajadores, con el objeto de formarse una convicción, primero sobre cuáles fueron las falencias del proceso, que derivó en que se hayan otorgado los fondos a 473 mil solicitantes que supuestamente no cumplían los requisitos y, segundo, qué alternativas y plazos se están entregando para su reintegro.
Cabe recordar que el bono en cuestión se trató de un aporte fiscal directo de un máximo de $500 mil, no reembolsable, para trabajadores y empresarios individuales que hubieran tenido una disminución de sus ingresos de 30% o más como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Ejecutivo
En representación del Ejecutivo intervino, en primer término, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien explicó que dada la premura existente se dio la posibilidad de autoreportar las remuneraciones para acelerar el proceso de pago, a través de una ley en la que se advirtió que la entrega de datos erróneos se podía convertir en un delito, por lo cual se entregaron las facultades al Servicio de Impuestos Internos, para cotejar la información y realizar la fiscalización correspondiente.
“La idea era que la gente pudiera autoreportar para acelerar la entrega de los beneficios; acá se optó por esa vía para hacer frente al difícil momento que se vivía, poniendo un voto de confianza en los ciudadanos”, precisó.
Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, precisó que al Gobierno lo que le interesa “es que las herramientas de protección funcionen y lleguen de la manera más expedita posible. Lo importante de este análisis y también del funcionamiento del Ingreso Familiar de Emergencia, es que las políticas sociales estén bien focalizadas y puedan ser objeto de revisión para sus perfeccionamientos”.
Por su parte, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, fue enfático al señalar que “apenas la información estuvo disponible, con el desfase habitual de dos meses, nosotros contrastamos la información e, inmediatamente, a aquellos casos donde no se respetó la norma, entregamos al trabajador las dos posibilidades de restituir los recursos, complementar la información o apelar en el caso de que en ese lapso se presentara alguna información adicional que no figurase en el sistema”.
Trabajadores
En tanto, Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, cuestionó la forma cómo se llevó a cabo el beneficio.
Al respecto, informó que “al servicio se le entregó prácticamente una semana para implementar el sistema. Nosotros no sabemos si hay gente que cuando ingresó sus datos el sistema le arrojó cero de remuneración, se equivocaron en ingresarlos o actuaron de mala fe; de hecho sabemos casos de personas a las cuales, tras el cruce de datos, se les ha informado que deben devolver un beneficio que nunca recibieron”.
En tal sentido, sostuvo que existió una falta de instrucciones claras por parte del servicio, al tiempo que, agregó, “nos han endosado a los funcionarios los problemas de una situación que nació enferma y que pudo haberse evitado si hubiera habido mayor tiempo de planificación”.
En esa misma línea, Marcos González, presidente nacional de los funcionarios del SII, llamó a pensar en los trabajadores que han tenido y tienen necesidades económicas derivadas de la pandemia, afirmando que “lo que pretendía ser un beneficio hoy se va a transformar en una persecución para casi medio millón de familias (…) aquí nunca hubo una presunción de inocencia de estos trabajadores y, por el contrario, de inmediato se les imputó una irregularidad”.
González hizo un llamado al parlamento al señalar que, “si no hacemos correcciones hoy a esta ley, no solo vamos a generarle un problema a miles de trabajadores sino que además vamos a distraer la atención de un porcentaje importante de trabajadores del servicio para perseguir estos hechos, en circunstancias en que debemos centrar nuestra acción en como recaudar más fondos para implementar las reformas que vienen para el país”.
Finalmente, el presidente nacional de la ANEF, José Pérez, sostuvo que si bien la intención del bono fue positiva, “se trató de un proceso muy acelerado”.
“El sistema no puede estar bien cuando el propio portal del servicio, al revisar los datos. lo valida y dice que está ok. Acá se está ejerciendo una acción contra trabajadores de clase media y nos hubiera gustado ver la misma energía contra los grandes contribuyentes que han defraudado al Estado”, sentenció.
Finalizadas las exposiciones, la instancia parlamentaria acordó continuar analizando el tema en una próxima sesión, para lo cual se invitará al Contralor General de la República y al Fiscal Nacional, con el objeto de seguir profundizando en la fiscalización del sistema y en la persecución penal enmarcada en el proceso de reintegro.