Constituyen comisión que analizará la admisibilidad de la acusación en contra de excanciller Allamand
La instancia parlamentaria será presidida por el diputado Jaime Araya y sesionará a partir del próximo lunes 16 de mayo.
Este martes se constituyó la comisión encargada de evaluar el mérito jurídico de la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.
Integran esta instancia las y los diputados Cristián Labbé (UDI), Andrés Celis (RN), Catalina Pérez (RD), Jorge Brito (RD) y Jaime Araya, este último electo presidente del grupo parlamentario.
Asimismo, se acordó sesionar los días lunes, de 14:00 a 17:00 horas; y los martes y miércoles de 10:00 a 15:00 horas, sin perjuicio de las jornadas adicionales que se puedan requerir.
Según se informó, se esperará para iniciar el trabajo a que el excanciller sea formalmente notificado. Conforme a dichos plazos, se proyecta comenzar el análisis del libelo acusatorio, el próximo lunes 16 de mayo.
Para dicha oportunidad se invitó a los alcaldes de las regiones de Tarapacá y Atacama, en tanto que el día martes se escuchará a los gobernadores regionales y a expertos en derecho internacional.
Datos de la acusación
El libelo acusa al exministro de Relaciones Exteriores de comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación. Ello, en relación a su ausencia durante la crisis migratoria en el norte del país, en febrero de este año.
En el texto se menciona que Andrés Allamand estaba, ese mes, en España, haciendo uso de su feriado legal. Al respecto, se cuestiona que, durante esos días, haya asumido la Secretaría General Iberoamericana, en paralelo a su cargo como secretario de Estado.
En ese sentido, se establece que el exministro comprometió gravemente la seguridad de la nación, al haber abandonado el país y a sus compatriotas en esta situación. Se cuestiona su ausencia en reuniones de autoridades de Chile y Bolivia. Según el libelo, dejó de “cumplir sus altas funciones en un momento clave y, particularmente, crítico”.
En segundo término, se le acusa de haber comprometido el honor de la nación. Esto, debido a que prefirió o negoció “una asunción anticipada de un puesto internacional por sobre los importantes y esenciales intereses de Chile”.