Eligen comisión que analizará acusación constitucional en contra de ministra Siches
El sorteo definió que la instancia estará integrada por dos independientes, dos representantes de la UDI y una legisladora del PC. A partir de hoy, corre el plazo de tres días para notificar a la secretaria de Estado.
Por sistema de sorteo, la Cámara de Diputadas y Diputados definió la composición de la comisión que estará encargada de analizar la acusación constitucional, presentada en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.
Tras darse cuenta de la presentación del libelo acusatorio ante la Sala, la Corporación inició el sorteo. Así, se determinó la participación de los diputados Christian Matheson (IND), María Candelaria Acevedo (PC), Natalia Romero (IND), Fernando Bórquez (UDI) y Cristhian Moreira (UDI).
Definidos estos pasos, comienza hoy a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, a la secretaria de Estado. Se establece con ello, la prohibición de salida del país mientras se desarrolla este proceso.
A partir de la notificación, la titular del Interior y Seguridad Pública tendrá diez días para presentar sus descargos ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.
La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación.
Estas normas, así como los procedimientos a seguir tienen su base en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Título VI).
La acusación
La acusación constitucional se ingresó el pasado 15 de junio, por parte de parlamentarios del Partido Republicano.
El texto se centra en la responsabilidad de la secretaria de Estado en el fallido control de la delincuencia y los hechos de violencia. En esa línea, precisa que Siches, “por acción u omisión, comprometió gravemente el honor y seguridad de la nación, infringió la Constitución y las leyes y dejo estas sin ejecución”.
En particular, la acusación constitucional responsabiliza a la ministra de la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur. Específicamente, el libelo apunta a la situación en las provincias del Biobío y Arauco, así como de la región de La Araucanía.
Cabe agregar que la ministra calificó la acusación en su contra como “absolutamente infundada”. En esa línea, afirmó que puede ser una oportunidad para “mostrar lo que se ha hecho”.
La referida acusación constitucional solicita la destitución de la ministra y su inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, por un plazo de cinco años.