Posted on:

Investigadora por fundaciones oficia a Contraloría tras inasistencias de exsubsecretario Crispi

El objetivo del oficio, impulsado por el presidente del grupo parlamentario, José Miguel Castro (RN) es que se inicie un proceso sancionatorio contra el ahora jefe de asesores de la Moneda, Miguel Crispi, debido a su segunda inasistencia a la comisión.

La comisión sobre asentamientos precarios MINVU, relacionada al traspaso de recursos a fundaciones, acordó oficiar a Contraloría debido a la inasistencia del ex subsecretario de desarrollo regional, Miguel Crispi.

La instancia esperaba por segunda vez la presencia del personero, sin embargo este nuevamente no asistió.

La citación tiene como fin conocer antecedentes relacionados a su pasada función como Subdere, en la que habría permitido que la Fundación ProCultura fuese subejecutora en un cuestionado programa en la región de Antofagasta.

Su inasistencia causó controversia entre los parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron duramente al también ex diputado. En tanto el oficialismo en su mayoría se alineó en defensa del actual jefe de asesores de la Presidencia de la República. No obstante, hubo parlamentarios de Gobierno que criticaron su ausencia.

Punto importante en la discusión fue aclarar si este tiene actualmente o no, la calidad de funcionario público.

De acuerdo a lo informado por la secretaría de la comisión, Miguel Crispi se excusó mediante un correo electrónico, recibido por la instancia el pasado miércoles 11 de octubre a las 18:00 horas.

Dado lo anterior el grupo parlamentario aprobó por 6 votos a favor y 3 en contra, oficiar a la Contraloría General de la República frente a las excusas presentadas por el ex subsecretario y ahora jefe del denominado “segundo piso” de La Moneda.

El documento indica que, en razón a la obligación de comparecer ante la comisión investigadora por parte de ministros y funcionarios de la administración del Estado, entre otros, se deben remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, con el propósito de iniciar el procedimiento administrativo sancionador.