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Inician votación de proyecto que cambia entrega de pensiones de gracia

No obstante, la comisión de Desarrollo Social no tuvo unanimidad para admitir a trámite la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno.

 

Sin admitir a trámite la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno al proyecto de ley que busca establecer normas generales sobre el otorgamiento de pensiones de gracia, la comisión de Desarrollo Social inició la votación particular del texto.

La propuesta gubernamental proponía establecer la obligación de la autoridad política de tener a la vista los antecedentes penales del posible beneficiario. Ello, ya sea por simple delito o por crimen. Asimismo, hacer que el acto de otorgar una pensión de gracia sea revocable.

“La normativa legal y reglamentaria no es suficiente y, por lo tanto, hay que modificarla”. Así lo aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para argumentar la necesidad de hacer precisiones a la ley 18.056.

Desde un sector de la comisión, que no dio la unanimidad necesaria para ingresar las indicaciones a trámite, las y los diputadas/os criticaron estas enmiendas. En particular, criticaron que el Presidente de la República no haga uso de la facultad con la que cuenta para revocarlas.

Remarcaron que no se hacen cargo del problema actual, que es resolver los casos de los últimos beneficios otorgados, en el marco del estallido social.

Al respecto, el subsecretario Monsalve enfatizó que el Presidente Boric no esperará contar con una normativa para resolver lo que respecta a su facultad administrativa.

“El presidente revertirá por la vía administrativa las pensiones de gracias otorgadas”, puntualizó.

Cabe recordar que el proyecto de ley en trámite se originó en tres propuestas refundidas (boletines 16304, 16305 y 16310). Estas surgieron por los cuestionamientos a las pensiones de gracia otorgadas luego del estallido social, que alcanzan a 418 beneficiarios/as.

Esto, porque pese a estar dirigidas a víctimas de violaciones a los DD.HH., el 10% de ellas se habrían otorgado a personas con condenas, tanto en los mandatos del expresidente Sebastián Piñera y en la actual administración.