Aprueban idea de legislar sanciones al acoso sexual en el ámbito académico
La Comisión de Mujeres aprobó, en forma unánime, la idea de legislar sobre sancionar el acoso sexual en los planteles de educación superior, los cuales deberán contar con una política integral de prevención y un protocolo para este tipo de casos.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en sesión mixta -presencial y telemática- aprobó en general, con siete votos a favor, el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico (boletines 11.750, 11.797 y 11.845), surgido en mociones refundidas de senadores/as, y que se encuentra en segundo trámite.
El objetivo de la propuesta busca asegurar que los establecimientos educacionales de enseñanza universitaria, técnico profesional y, en general, todos los escenarios educativos, constituyan espacios libres de violencia y abuso sexual, teniendo como eje principal la dignidad humana y el principio de no discriminación, promoviendo su prevención mediante mecanismos reguladores y sancionatorios.
Además, señala que comete acoso sexual en la educación superior quien, en un contexto académico o de investigación, solicite favores de materia sexual. Para evitar este tipo de conductas se establece que las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral para abordarlo.
Antes de la votación, las diputadas escucharon las exposiciones de las académicas Raquel Flores y Cory Duarte, de las universidades Bernardo O´Higgins y de Atacama, respectivamente.
Raquel Flores indicó que han estudiado el tema del acoso sexual y las demandas expresadas en 24 tomas feministas que se realizaron en diversos planteles universitarios en 2018. A raíz de ello, 23 casas de estudio adoptaron protocolos. Sin embargo, sostuvo que las víctimas denuncian poco porque desconocen el mecanismo y las universidades no difunden el protocolo en cada estamento.
La académica recalcó que el proyecto es un avance para Chile y que “se debe poner el foco en los efectos del acoso sexual en la víctima y no en la intención de quien acosa”, ya que muchas estudiantes abandonan los estudios porque no tienen solución e incluso se suicidan, porque tienen que seguir en clases con el acosador, que puede ser un profesor o alumno.
Flores, añadió que el acoso sexual puede ser físico, verbal y no verbal, y no es deseado por el/la destinatario/a, donde se ejerce el poder y la dominación mediante el abuso. Entre las manifestaciones de acoso sexual se cuentan: mensajes con contenido sexual, comentarios de la vestimenta o cuerpo, recibir invitaciones a citas íntimas cuando la víctima se ha negado insistentemente, asedio con broma, mirada morbosa y gestos de índole sexual, ser espiado/a en baños y camerinos, e intentos de besar o abrazar a la víctima, entre otros.
Por su parte, Cory Duarte valoró que se legisle al respecto y que se incluya a todas las instituciones de educación superior en establecer mecanismos para cumplir con los estándares éticos comprometidos con la dignidad y los derechos humanos, y no se deje impune el acoso sexual. En ese sentido, destacó la participación triestamental en la elaboración de planes de acción y medidas preventivas.
Agregó que queda confuso en la norma el tema de las denuncias falsas. “Su número es ínfimo y da pie a que las víctimas puedan ser contra denunciadas, considerando sus denuncias como no objetivas ni tan graves”, consideró.
Finalmente, Duarte señaló que le preocupa cómo funcionan los mecanismos actuales con las personas acusadas que, pese a ser sancionadas, se van cambiando de universidad.
La comisión acordó establecer como plazo para presentar indicaciones el martes 13 de octubre, y votarlo en la jornada del 14 de octubre.
Otras mociones
La instancia, además, comenzó la discusión de dos mociones presentadas por diputadas y diputados: la que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges, para efectos de prestaciones de salud (boletín 11.294) y la que modifica el Código Civil para incorporar el femicidio en las causales de indignidad para suceder al difunto (boletín 12.338).
Para ambas iniciativas expusieron la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas; y Bárbara Sepúlveda, directora de la Asociación de Abogadas Feministas, Abofem.
Respecto del proyecto sobre carga familiar, ambas invitadas coincidieron en avanzar contra la discriminación arbitraria basada en temas históricos de definición de roles, pero indicaron que la propuesta es inconstitucional.
Sin embargo, manifestaron diferencias en relación al proyecto que incorpora el femicidio como causal de indignidad.
Desde el ministerio, que aún no fija una postura clara, consideran que actualmente el Código Civil no excluye el femicidio, ya que el homicidio no distingue el género que tiene la víctima; mientras que desde ABOFEM son partidarias de incluir este tipo de delito en la legislación para entregar certeza al juez y proteger a las víctimas extendidas, como son los niños y niñas descendientes.