Exdelegado presidencial de Coquimbo expuso en comisión de acusación constitucional
Pablo Herman dio a conocer las razones de su voto en contra del proyecto Dominga. También expusieron juristas que abordaron temas que van desde las querellas criminales presentadas en contra del Presidente Piñera a la ilegitimidad en el ejercicio del poder.
En su quinta jornada, la comisión que estudia la acusación constitucional contra el Presidente de la República recibió al exdelegado presidencial Pablo Herman. La exautoridad presidió el Comité de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, que aprobó el proyecto minero portuario Dominga, en agosto pasado, pero con su voto en contra.
Explicó a las y los parlamentarios que su decisión fue política, “para visibilizar el problema ambiental de la región”. Dijo que le preocupa la instalación de cuatro puertos en la zona.
“Se nos trata de genocidas por votar por Dominga, pero nadie dice nada del proyecto Cruz Grande, que está más cerca de la Reserva Pingüino de Humboldt, ya aprobado en el gobierno anterior”. Explicó que dicho proyecto es portuario multipropósito y consideró que va a matar el sector pesquero de Chungungo.
“Mi voto es por convicción personal porque conozco la región, a diferencia de los Seremis que estaban obligados a votar como votaron”, acotó. Recordó que el Tribunal Ambiental dijo que debían ajustarse a derecho y respetar los informes técnicos de sus servicios..
Por otra parte dijo que fue una votación transparente, sin presión alguna ni de él ni del poder central.
Finalmente, dijo desconocer si su salida del cargo responde a eso, pero la atribuye a sus críticas a la designación de un seremi acusado de violencia intrafamiliar.
Querellas Criminales
En tanto, los abogados Luis Mariano Rendón y Romanina Morales se refirieron a las querellas criminales que presentaron en contra del Presidente Piñera por los hechos de los “Pandora Papers”, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Una de ellas fue presentada el 5 de octubre por Rendón. Pasó a tramitación el 7 de octubre. Según explicó, el primer análisis señala que existen hechos constitutivos de delito y no está extinguida la responsabilidad penal del querellado.
Con ello, se busca que se investiguen posibles “negociaciones incompatibles” por parte del Mandatario en la compra y venta del proyecto Dominga.
Rendón agregó que como ciudadano espera que la acusación constitucional tenga éxito y que Piñera sea sancionado por la Constitución Política. “Espero una sanción ejemplar al máximo exponente de la corrupción entre negocios y política”, enfatizó.
En tanto, Romanina Morales presentó, junto a Paulina Vodanovic, una querella en contra del Presidente por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. La acción, aún no acogida, se refiere a la compraventa de la Minera Dominga, cerrada el 2010 en las Islas Vírgenes.
Además, solicitaron dos medidas cautelares, la prohibición de actos jurídicos patrimoniales. Es decir, que no pueda vender o enajenar; y prohibición para su salida del país.
En forma paralela, la abogada expresó que presentaron una denuncia a Contraloría por probidad administrativa. No solo por el Presidente, sino también por todo organismo involucrado en la tramitación y evaluación de la Comisión de Evaluación Ambiental.
Otras posturas expuestas
Una postura diferente expuso el abogado Julián Alcayaga. Señaló que, si existe delito del Presidente Piñera, este no se puede invocar porque está penado o prescrito por el Código Penal. Además, el Servicio de Impuestos Internos, según la normativa, no puede informar cómo los hijos de Sebastián Piñera obtuvieron el dinero.
Por otra parte, sostuvo que no está expresamente en la ley la prohibición de invertir o crear empresas en paraísos fiscales.
En otra línea, el abogado Carlos Mena se refirió a la deslegitimización del gobierno de Piñera. A su juicio, existe una ilegitimidad en el ejercicio del poder por la falta de transparencia, que hace que el titular de poder pierda la confianza de los ciudadanos para ejercer su mandato.
Afirmó que ello ocurre cuando hay actuaciones poco claras y no hay una separación entre lo público y privado, que tiene que tener un gobernante.
Finalmente, planteó que, en un mundo globalizado, se daña con este tipo de casos el prestigio internacional del país, el honor de la República y la seguridad nacional.