Cámara analizó persecución penal y la ejecución de condenas por graves hechos de violencia
En la sesión especial de la Sala, el enfoque estuvo dirigido a los hechos de violencia que se viven en la macrozona sur, respecto de lo cual se pidió al Ejecutivo restituir el estado de excepción constitucional de emergencia. Por su parte, el Ejecutivo reiteró la necesidad de mantener el diálogo en la zona y comunicó los pilares del plan que espera concretar prontamente.
Discutir la postura y estrategia del Gobierno ante la persecución penal y la ejecución de condenas por parte de protagonistas de graves hechos de violencia y criminalidad que han afectado a la macrozona sur, así como a otros puntos del país, fue el objetivo de la sesión especial realizada esta tarde por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El debate lo iniciaron los diputados Miguel Mellado (RN) y Henry Leal (UDI), en representación de los solicitantes del encuentro.
Mellado sostuvo que el Gobierno no quiere entender la crítica situación que vive la macrozona y lamentó el levantamiento del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE). Criticó, además, que el Gobierno diga que busca el diálogo, pero se abstenga de participar en este plano con la comunidad. Así, refutó que el Presidente Gabriel Boric no aceptara la invitación del gobernador provincial ni de 32 alcaldes a la “Cumbre por la Paz”.
Negó que existan presos políticos mapuches y citó casos emblemáticos sobre la materia. En particular reprochó que los inculpados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay obtuvieran un beneficio carcelario solo a tres de 18 de su condena.
Leal, en tanto, acusó la falta de una estrategia real para enfrentar el problema en la zona. “Vamos a dialogar con quiénes, ¿con los que tienen metralleta o capucha?”, recriminó.
Asimismo, resaltó que los hechos de violencia se incrementaron en un 146% con el término del EECE. Junto a ello, lamentó situaciones como la reducción o retiro de querellas.
Otras apreciaciones
Diputados/as de RN, UDI y PREP, así como independientes afines a dichas colectividades, estuvieron en una línea similar a la de Mellado y Leal. Criticaron el tema de las querellas y la entrega de beneficios carcelarios a inculpados por hechos criminales juzgados. De igual modo, remarcaron la necesidad de que el Ejecutivo participe en la citada “Cumbre por la Paz”.
Algunos pusieron énfasis en las cifras, como las 53 muertes constatadas a la fecha en la macrozona por hechos de violencia. Otros hicieron llamados directos al Gobierno a responder a la ciudanía, especialmente, en materia de seguridad.
Otra visión se enfocó en la necesidad de avanzar en acciones concretas y en concitar un diálogo abierto. En este marco, varios se manifestaron dispuestos a reunirse con el Ejecutivo a generar consensos y una agenda a largo plazo.
Para otros, la violencia en la macrozona es consecuencia de un actuar inadecuado del anterior Gobierno. Especialmente se criticó la militarización y la falta de entendimiento del problema. Así, estimaron que la actual administración va bien encaminada. Por otra parte, estimaron que se deben reconocer los derechos de este pueblo en temas como tierras y autodeterminación.
Finalmente, se recalcó que los beneficios carcelarios mencionados fueron sin intervención del Ejecutivo, sino parte de un proceso donde intervino el Poder Judicial y Gendarmería.
Intervinieron Lorena Fries (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Flor Weisse (UDI), Emilia Nuyado (PS), Vlado Mirosevic (PL), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Lorena Pizarro (PC), Juan Carlos Beltrán (RN), Jaime Araya (IND), Sergio Bobadilla (UDI), Jorge Saffirio (DC), Stephan Schubert (IND), Francesca Muñoz (RN), Mauricio Ojeda (IND), Andrés Jouannet (IND), Jorge Rathgeb (RN), Johannes Kaiser (PREP) y Ericka Ñanco (RD).
Invitados
Al encuentro asistieron las ministras del Interior y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos. Adicionalmente, participaron los subsecretarios del Interior y de Desarrollo Regional, así como el director nacional de Gendarmería de Chile.
Izkia Siches invitó a los parlamentarios/as a “reencontrarnos como país y trabajar en conjunto en soluciones de fondo”. Ello, para recuperar la tranquilidad y el buen vivir para todo el país, sin exclusiones. “No queremos más víctimas mapuches y no mapuches, no más muerte, no más temor”, remarcó luego.
Manifestó que la solución no es exclusivamente judicial y militar, sino política, a través del diálogo de todos los sectores. Agregó que la estrategia considera cinco pilares:
- Crear una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico.
- Diálogo y acuerdos territoriales.
- Instituciones del Estado en las soluciones (Conadi).
- Estrategia del buen vivir.
- Garantizar la seguridad en el territorio (redistribución policías, mayor presencia policial y mayor equipamiento).
Otra idea es avanzar en un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado, para lo cual se trabaja coordinadamente con la PDI, Carabineros y la Fiscalía.
Explicó, también, que el retiro de 139 querellas, obedece a dejar de lado la calificación de ley de seguridad interior del estado a delitos comunes.
La titular de Justicia, Marcela Ríos, resaltó que es Gendarmería el servicio encargado de determinar los beneficios intrapenitenciarios. Sean estos de libertad condicional, permisos de salida o de fin de semana. Acotó que es un actuar que la cartera monitorea, pero respetando las decisiones del organismo.
Por su parte, el director nacional de Gendarmería se refirió a los beneficios otorgados a los condenados por el caso Luchsinger-MacKay. Sostuvo que pudieron acceder por los abonos en el tiempo de condena que poseía cada uno y que es determinado por orden judicial.
Resoluciones
En la sesión se presentaron y votaron cinco resoluciones, tres propuestas por RN, una por la UDI y otra por el PREP. De ellas solo tres se aprobaron, a saber: las resoluciones 48, 49 y 50.
La primera de ellas solicita al Gobierno tomar medidas en contra de las usurpaciones de terreno. Además, pide que se ejerzan acciones penales correspondientes por hechos de violencia. Igualmente, llama a que se decrete el EECE en la macrozona sur e implemente un plan de recuperación económica para mipymes.
La 49 también pide por el restablecimiento del EECE, mientras que la 50 rechaza el otorgamiento de beneficios carcelarios para José y Luis Tralcal. Ellos están condenados por el asesinato del citado matrimonio Luchsinger-Mackay.
De igual modo, se insta a la revisión de la sujeción al marco constitucional de la resolución exenta que permitió la entrega de dicho beneficio.