Continúan audiencias sobre proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
La Comisión de Agricultura continúa el estudio de la iniciativa, que crea un servicio público enfocado en la protección de la naturaleza terrestre y marítima en el contexto de crisis climática y biodiversidad, recogiendo la opinión de distintos sectores productivos y representantes de comunidades indígenas y la academia.
Diversas posturas sobre el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín 9404), conoció la Comisión de Agricultura.
La iniciativa comenzó su tramitación el 2014 en la administración de Michelle Bachelet. En su segundo trámite, ya fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.
El objeto del nuevo servicio público será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.
Además, gestionará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrará las áreas protegidas del Estado y supervisará la administración de estas. Asimismo deberá fiscalizar las actividades que se realicen en ellas.
Salmonicultores de Magallanes
En representación de su asociación gremial, participó Carlos Odebret, quien señaló que comparte que es necesario concentrar en una institución la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, planteó sus reparos respecto al futuro de las concesiones de salmón que tienen vigencia de 25 años, renovables. Indicó que 400 de ellas (30% aprox.) se otorgaron en Áreas Silvestres Protegidas de Aysén y Magallanes, de acuerdo a los territorios que fija la autoridad.
En ese sentido, Odebret dijo que existen varios problemas en el proyecto. Ello porque las concesiones no serían renovadas al eliminar la opción de actividades a futuro en áreas Silvestres Protegidas, que no sean de turismo, educación o investigación científica. Así las concesiones no podrían continuar su operación, pese a que ya fueron evaluadas ambientalmente.
Por otra parte, el Área de Conservación de Pueblos Originarios también sería incompatible con actividades productivas, lo que generaría conflictividad en los territorios.
Consorcio Lechero
Su gerente Octavio Oltra respaldó el proyecto, que viene a impulsar el desarrollo sostenible y dinámico del sector lácteo chileno.
En esa línea, Natalia Jones, coordinadora del área de sustentabilidad, detalló el trabajo que vienen desarrollando desde 2016 junto a la sociedad civil y la academia, con la firma de un programa con la FAO. Indicó que la biodiversidad de los campos es relevante. Ello porque el 80% de la leche se produce en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, desde un entorno natural.
Respecto al proyecto de ley, sostuvieron que es un gran avance para el país en investigación y desarrollo, tanto para el trabajo público cómo privado. Pese a ello, indicaron que se requiere certeza de la normativa fuera de las Áreas Protegidas. Al respecto pidieron mantener el principio de asesorar al SAG en materia de productos usados en producción animal (por ejemplo, fertilizantes).
Universidad Austral
La Dra. Olga Barbosa del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) de la casa de estudios del Valdivia, explicó que no existen Áreas Protegidas en la zona de mayor diversidad. “Chile tiene buenos indicadores pero mala distribución”, explicó.
Agregó que existe riqueza de especies de fauna en la zona central y que la biodiversidad no sólo está en las Áreas Protegidas.
Indicó que se deben especificar los sitios prioritarios, redefinirlos y no disminuir las atribuciones para llevar a cabo la planificación de esas áreas. Además, dijo que genera incertidumbre en los agricultores la falta de apoyo técnico para tomar acciones eficientes en la producción con conservación.
Comunidad Lof Moluche Kiwmon
El representante de la comunidad mapuche de Mulchén, región de Bío-Bío, José Escalona, consideró que existe vulneración en la participación de los pueblos originarios.
En ese sentido, criticó el proceso de Consulta Indígena que fija el Convenio 169 de la OIT, realizada en el segundo período de Bachelet. Según señaló se trató de un proceso que no llegó a término, con dos reuniones informativas donde no tuvieron participación todas las comunidades y territorios.
A su vez, dijo que la redacción de la norma no deja claro que rol tendrán los pueblos indígenas en la determinación de las áreas silvestres protegidas, en los planes de manejo, y en las concesiones que afecten territorios donde se realicen cultos y costumbres ancestrales.
Desarrollo Productivo
La representante del Centro de Estudios y ex asesora del ministerio del Medio Ambiente, Andrea Barros planteó que se debe proteger el derecho de propiedad y el desarrollo productivo. En esa línea llamó a eliminar la superposición de facultades.
Recordó que uno de los puntos de la norma es que se prohíbe la alteración física de humedales que constituyen sitios prioritarios. Allí, Barros propone solicitar al Servicio de Biodiversidad un permiso de alteración y así no paralizar todas las actividades productivas cercanas.