Constituyen comisión que analizará la acusación constitucional en contra de ministra Izkia Siches
La instancia parlamentaria será presidida por el diputado Cristhian Moreira y sesionará a partir del próximo lunes 4 de julio.
El grupo parlamentario encargado de informar la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, por eventual incumplimiento a la Constitución y las leyes, se reunió para trazar el camino que seguirá conforme al mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
En la sesión, el grupo determinó que será el diputado Cristhian Moreira (UDI) quien dirigirá las labores de la instancia.
Asimismo, se acordó sesionar con la modalidad presencial-telemática y celebrar sus sesiones ordinarias a contar del lunes 4 de julio. El horario será de 14:00 a 16: horas.
Para dicha oportunidad, se contemplan dos invitados: la profesora de Derecho Constitucional, Tania Busch; y el profesor de Derecho Privado de la UC, Jorge Baraona. En todo caso, se determinó que, hasta el viernes, se podrán incluir más invitados.
También integran la comisión María Candelaria Acevedo (PC), Natalia Romero (IND), Fernando Bórquez (UDI) y Christian Matheson (IND).
Datos de la acusación
La acusación constitucional se ingresó el pasado 15 de junio conteniendo 161 páginas. La suscriben las/los diputadas/os de la bancada PREP Cristóbal Urruticoechea, Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Leonidas Romero, Stephan Schubert, Harry Jürgensen, José Carlos Meza y Luis Sánchez.
El texto se centra en la responsabilidad de la secretaria de Estado en el fallido control de la delincuencia y los hechos de violencia. En esa línea, precisa que Siches, “por acción u omisión, comprometió gravemente el honor y seguridad de la nación, infringió la Constitución y las leyes y dejo estas sin ejecución”.
En particular, la acusación constitucional responsabiliza a la ministra de la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur. Específicamente, el libelo apunta a la situación en las provincias del Biobío y Arauco, así como de la región de La Araucanía.
Cabe mencionar que, de acogerse la admisibilidad de la propuesta y resultar aprobada, luego, en el Senado, la ministra enfrenta la destitución del cargo y se le impone la inhabilidad para el ejercicio de otros puestos públicos, por un plazo de cinco años.