Continúan audiencias en proyecto sobre autorización de eventos masivos
En la Comisión de Cultura, la alcaldesa de Ñuñoa propuso abordar indemnizaciones y compensaciones por los efectos que ocasionan dichas actividades. Mientras, los productores culturales temen un encarecimiento en los precios para dichos eventos, con el aumento de exigencias a cumplir.
La Comisión de Cultura prosiguió con el estudio del proyecto que modifica la Ley 19.928, sobre fomento de la música chilena, en materia de autorización de eventos masivos (boletín 15419).
El objetivo de la propuesta es abordar los conciertos y eventos musicales masivos, en el sentido de recalificar el concepto legal de “evento masivo”. Ello, para extender su alcance para una reglamentación general e incorporar requisitos para la autorización de eventos que impliquen una alteración del orden público.
También propone que el Ejecutivo elabore un reglamento único a nivel nacional para la autorización de estos espectáculos por parte de las respectivas delegaciones presidenciales regionales.
Alcaldesa de Ñuñoa
En dicho contexto, la alcaldesa de Nuñoa, Emilia Ríos, dijo que ni comunidad ni el municipio se oponen a la realización de grandes eventos deportivos o culturales. Sin embargo, planteó que tienen que existir normas más exigentes para evitar impactos en los territorios.
Observó que han surgido crecientes dificultades en el manejo de masas en eventos deportivos como el fútbol. Pero, también, se ha replicado en eventos masivos culturales, lo que implica una alerta.
En esa línea, consideró que el proyecto es un aporte en transparentar ciertas conversaciones y el rol que le compete al municipio y a la delegación presidencial.
Al respecto, la autoridad propuso definir dos categorías de eventos masivos. Una que vaya de 3 mil a menos de 20 mil asistentes y otra de gran impacto, con más de 20 mil personas. Dichas clasificaciones permitirían definir el apoyo policial y diferenciar multas, entre otras materias.
Ríos consideró que, para los eventos de gran impacto, se deberían tomar medidas similares a las que se aplican para los clásicos del fútbol, para resguardar los barrios y suspender la venta de alcohol en los alrededores del estadio (Nacional).
Por otra parte, respecto a la limpieza y aseo que rodea a los eventos, dijo que se debería establecer una recuperación o compensación de las empresas por el daño de áreas verdes en las inmediaciones del evento. Dicho impacto, planteó la edil, debiera ser definido por la delegación presidencial.
Igualmente, estimó que haya un pago de derechos municipales, ya que la municipalidad tiene que desplegar contingente extra frente a estos eventos. En todo caso, reconoció que en los últimos conciertos las productoras desplegaron turnos de aseo y baños químicos, entre otros elementos. Finalmente, planteó que las multas por responsabilidades de las productoras deberían elevarse hasta mil UTM.
Productoras
En la oportunidad, también expusieron Jorge Ramírez y Francisco Goñi, presidente y vicepresidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec).
Ramírez indicó que dicho sector productivo otorga 160 mil empleos y agradeció que se haya retomado la actividad luego de la pandemia, para lograr recuperar la salud mental de todos los chilenos.
Igualmente, consideró que la definición de evento masivo debiera aplicarse a todo tipo de evento, ya sea deportivo, una concentración política o cultural. Así, la regulación se aplicaría a todos ellos, no solo a los espectáculos.
El dirigente dijo que lo que ocurrió en el evento de Daddy Yankee es un hecho aislado, dentro de los 800 conciertos realizados desde la reapertura.
Agregó que están dispuestos a colaborar en el mejoramiento de la norma, en definir quién controla, a quién corresponden las responsabilidades y hasta dónde llegan. Sin embargo, consideran que las productoras son responsables dentro del recinto y no fuera de él, tarea que le corresponde a la fuerza pública, de acuerdo a la ley.
Al respecto, le preocupa que los eventos se encarezcan y los chilenos no puedan acceder a ellos.
Reacciones
La principal promotora del proyecto, Alejandra Placencia (PC), estimó que debe existir una regulación mayor para hacerse cargo de la realidad actual. A su juicio, las productoras deben hacerse cargo de la seguridad en el acceso y en la permanencia del evento. De igual modo, responsabilizarse cuando hay una mala logística.
En tanto, el diputado Gustavo Benavente (UDI) indicó que le preocupa cómo delimitar la seguridad. Recordó que el proyecto propone que las productoras garanticen la seguridad de acceso, pero, como son lugares públicos, se topa con la responsabilidad del Estado. Además, se vincula con la seguridad en la permanencia del recinto, lo que se relaciona con la ley de vigilantes privados.