Estudian proyectos de protección a funcionarios agredidos por denunciar delitos
Las mociones analizadas por la Comisión de Desarrollo Social proponen agravar la responsabilidad penal de quienes agredan a funcionarios judiciales, de salud y educación que han denunciado delitos. Por otra parte, entrega protección del Ministerio Público al denunciante.
Dos son los proyectos que analiza la Comisión de Desarrollo Social relacionados a dar protección a funcionarios públicos agredidos. Ambas iniciativas modifican el Código Penal y el Código de Procesal Penal.
La primera moción (boletín 15430) resguarda la figura del denunciante que pone en conocimiento de órganos persecutores, hechos que pueden revestir el carácter de delito. Por lo anterior, es susceptible de posibles repercusiones de parte de los denunciados u otras personas.
En tanto, la segunda propuesta (boletín 15918) tiene como fin “entregar protección a funcionarios y funcionarias tanto del área judicial, así como también de salud, educación y cualquier otro servicio, que enfrente agresiones por parte de usuarios o personas externas, en el marco del ejercicio de sus funciones”.
Lo anterior, respecto de quienes han denunciado hechos constitutivos de delitos o prestado su visión técnica en juicios, en lo que respecta a su rol de consejeros técnicos que son auxiliares de la administración de justicia, con informes técnicos pese a no ser peritos. Ello ya sea en casos de pensión de alimentos, cuidado personal del menor, medidas de protección o violencia intrafamiliar.
Esto también ocurre con funcionarios de la salud y educación, quienes tienen la obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos o vulneración de niños, niñas y adolescentes.
Ambos textos establecen una agravante en el Código Penal para los agresores de los funcionarios públicos y privados, y de sus familiares. Por otra parte, obligan al Ministerio Público a velar por la protección del denunciante del delito en todas las etapas del procedimiento penal, con el fin de resguardar su integridad y seguridad.
Confedeprus y protección de funcionarios
La presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud (Confedeprus), Margarita Araya valoró los proyectos de ley. Señaló que la violencia en el ámbito laboral es una realidad que atenta contra la integridad física y psíquica de sus funcionarios.
La dirigente indicó que, luego de la pandemia, las denuncias por agresión se incrementaron de 25 a 120, sólo en el Servicio de Salud Viña del Mar -Quillota.
Agregó que las agresiones se dan, principalmente, en el marco de la delincuencia y el narcotráfico. Responden también a vulnerabilidades que se dan en el territorio, en infraestructura y en razón a la función del trabajador. Recalcó que la precarización afecta a la dotación en salud que, fundamentalmente, son mujeres.
En ese sentido, dijo que las agresiones las realizan pacientes y familiares. Reiteró que no existe capacidad suficiente para proteger a las y los trabajadores. Al respecto, mencionó casos como el del Hospital Padre Hurtado, en la región Metropolitana, y procedimientos de salud mental donde falta personal.
Además, mencionó las zonas rojas de La Araucanía, sector donde no se entregan elementos de seguridad por parte de las autoridades de salud.
Defensoría
En tanto, Leonardo Moreno, asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, realizó varias precisiones a los proyectos.
Indicó que como está redactada una de las norma, se considera que la agravante exija una intención adicional más allá del dolo del delito. Estimó que dicha intención es subjetiva y cuestionable. Por otra parte, evaluó que su acreditación es difícil de probar. Igualmente, dijo que se debe aclarar si la regla de agravante modifica la lógica de lo que constituye una víctima.
A su vez, cuestionó quién hace efectiva la agravante: el denunciado por un delito u otra persona que cometa la agresión.
Además, dijo que no queda claro si se considera la opinión técnica sólo en procedimientos penales o en cualquier procedimiento judicial. Ya sea, en materias como familia, laboral o civil; o en casos de violencia intrafamiliar con connotaciones penales. También, si aplica a peritos o si se incluirán testigos expertos.
Finalmente, el jurista consideró que es indispensable la opinión del Ejecutivo y del Ministerio Público. Sobre este punto coincidió la comisión, que reiterará la invitación al ministro de Justicia, Luis Cordero.