Comisión inició análisis de proyecto que busca prevenir incendios forestales y rurales
La iniciativa, analizada por las y los diputados de Vivienda, busca establecer nuevos instrumentos y fortalecer los ya existentes, para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional.
La Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales inició la discusión del proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales (boletín 16335).
La propuesta tiene como fin principal fortalecer la estrategia de prevención de incendios en el país. Para ello, se propone definir zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) en los instrumentos de planificación territorial y fortalecer los instrumentos de gestión forestal existentes.
Junto con ello, crea zonas de amortiguación forestal (ZAF) de aplicación inmediata en el territorio, al tiempo que dota de facultades sancionatorias al Servicio Nacional Forestal (Sernafor).
Recordar que el Sernafor será el heredero de la actual Conaf, tema que se aborda en otro proyecto (boletín 11175) en segundo trámite, en el Senado, desde diciembre de 2017. En este texto, también se incorporan funciones nuevas específicamente destinadas a la gestión y protección contra este tipo de emergencias.
Para este debate, la instancia recibió al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. En su intervención señaló que, en Chile, la mayoría de los incendios forestales se producen en áreas o zonas donde convergen poblaciones humanas y ecosistemas boscosos y xerofíticos.
Planteó que estas áreas, denominadas zonas de interfaz urbano-rural, comprenden aproximadamente el 5% del territorio nacional, pero concentran un 80% de la población. Según especificó, en ellas ocurren un 60% de los incendios del país.
Informó que el proyecto propone que los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales definan zonas de interfaz urbano-rural forestal.
Conaf
Durante la sesión también expuso el director ejecutivo de la Conaf, Christian Little. Expuso que la prevención de incendios es esencial. Agregó que el enfoque del proyecto está en prever y reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios antes de que sucedan. “Esto es crucial para proteger vidas, bienes, infraestructura y ecosistemas”, remarcó.
Acotó que la gestión para reducir el riesgo de incendios forestales y rurales requerirá la colaboración activa y coordinada de diferentes entidades, tanto públicas como privadas.
El director indicó que la iniciativa busca basar las medidas de prevención de incendios en la mejor información científica disponible. “Esto implica priorizar la protección de personas, bienes, infraestructura y ecosistemas, además de actualizar constantemente estas medidas con nuevos datos científicos”, puntualizó.
Finalmente, sostuvo que las políticas y estrategias diseñadas en el marco de esta ley deben adaptarse a las características y riesgos específicos de cada región o territorio donde se implementen. Precisó que “esto asegura una respuesta más efectiva y adaptada a las condiciones locales”.
Alcances de la iniciativa
La iniciativa establece, entre otras materias, la obligación de definir zonas de interfaz urbano-rural forestal en la planificación territorial y de considerar medidas de prevención de incendios forestales y rurales. Busca proteger la población, sus bienes, la infraestructura y los ecosistemas, evitando la propagación de incendios.
Además, fortalece los instrumentos de gestión forestal existentes en base a una clasificación del territorio. Esto se realizará según los niveles de amenaza de ocurrencia de incendios forestales y rurales, generando una pauta de prescripciones técnicas obligatoria para su prevención.
Asimismo, crea las zonas de amortiguación forestal en caso de no existir instrumentos de planificación territorial o instrumentos de gestión forestal actualizados. Se espera que otorguen mayor flexibilidad para abordar, en el corto plazo, la gestión del riesgo de incendio en áreas especialmente vulnerables y altamente expuestas a este tipo de fenómenos.
Por último, introduce facultades de fiscalización y sancionatorias para el Servicio Nacional Forestal.