Extienden aplicación del estado de excepción en la macrozona sur otra quincena
El informe entregado por el Ejecutivo indica que, entre el 01 de enero y el 08 de octubre, se observa una disminución del 12% de los eventos de violencia rural en el territorio bajo la medida de excepción, pero que la continuidad de hechos violentos amerita su continuidad.
La Sala de la Cámara aprobó, por 89 votos a favor, 25 en contra y 15 abstenciones, una nueva quincena de aplicación del estado de excepción en la macrozona sur. Esta rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío.
Esta medida se comenzó a implementar el 16 de mayo de 2022 y la última prórroga expira el próximo 23 de octubre. De tal modo, la nueva extensión del EECE regirá tras esa fecha.
Entre los antecedentes entregados, se informa que Carabineros reporta 340.248 controles realizados desde el inicio del EECE al 8 de octubre de 2023. De ellos, el 67% fueron vehiculares y el 33% de identidad.
En el periodo, además, se concretó la detención de 656 personas en el contexto de servicios por el Estado de Excepción. La principal causal fue el robo de madera.
Disminución de la violencia
El reporte, incorporado en la solicitud presidencial, indica que, entre el 01 de enero y el 08 de octubre, se observa una disminución del 12% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur, con respecto al 2022; y un descenso del 42%, con respecto al 2021 (mismo periodo).
La variación 2022-2023 es incidida por la disminución de un 40% en el Biobío y contrarrestada por el aumento de un 12% en la Araucanía. Arauco fue la provincia que más incidió en la disminución de los casos a nivel de provincias con la aplicación del estado de excepción. Presentó un decrecimiento del 37% de los casos.
Los eventos de mayor violencia también mostraron disminuciones. Así, los ataques incendiarios se redujeron en un 19%, los bienes incendiados un 32% y los eventos con presencia de arma de fuego son un 29% menores al 2022. De la misma forma, las usurpaciones se redujeron a menos de la mitad de las registradas el año anterior (-61%), la menor cifra registrada desde el 2018 y la mayoría es no violenta (79% del total de usurpaciones del 2023).
Adicionalmente, los detenidos por delitos de violencia rural son casi el triple (+179%) que los reportados en el 2022.
Por último, entre otros datos, se informa que se han destinado recursos en el fortalecimiento de la persecución penal para desmantelar organizaciones criminales dedicadas al robo de madera. Además, se han implementado nuevos puntos de control en rutas estratégicas de la región de Los Ríos, territorio que no se encuentra bajo el decreto.
Discusión
Participaron en el debate Stephan Schubert (IND), Marta Bravo (UDI), Miguel Mellado (RN), Gloria Naveillan (IND), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Daniel Lilayu (UDI), Johannes Kaiser (PREP), Juan Carlos Beltrán (RN), Henry Leal (UDI), Flor Wiesse (UDI), Vlado Mirosevic (PL), Jorge Rathgeb (RN), Leonardo Soto (PS) y Miguel Ángel Becker (RN)
Las y los diputados de sectores de derecha tuvieron una mirada amplia sobre el tema. Algunos expusieron su posición de apoyo del EECE como medida necesaria y fundamental para contravenir la violencia en el sur y los actos delictivos. Otros estimaron que es insuficiente y anunciaron su voto contrario. Apelaron a la aplicación de medidas más enérgicas, como un estado de sitio.
En las intervenciones se pidió protección a las víctimas, atacar las usurpaciones y observar la persistencia de la violencia en provincias como la de Malleco. Se llamó también a dar urgencia legislativa a los proyectos de ley sobre inteligencia y reglas del uso de la fuerza.
Por otras parte, los diputados Mirosevic y Soto, pidieron poner atención a las cifras oficiales que demuestran una baja importante de los hechos de violencia. Sostuvieron que ello demuestra la determinación del Gobierno en poner freno al tema y en un buen accionar de las instituciones estatales, respetando el estado de derecho.
Por el Ejecutivo participaron la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el ministro del Interior (S), Manuel Monsalve. Este último sostuvo que hay una preocupación especial por las víctimas, para lo cual se ampliaron recursos en dicha línea. Además, dijo que esperan discutir en el marco de la Ley de Presupuestos herramientas para avanzar en la reparación de bienes incendiados.
También llamó a atender las cifras oficiales que reconoció presentan una mayor incidencia en Malleco. Por ello, anunció que se concentrarán acciones en rutas estratégicas y bases militares, como la que se instalará próximamente en Traiguén.
Remarcó que un punto de esencial de la estrategia es desmantelar las organizaciones criminales. Así, informó que mientras en 2020 se tuvieron 59 condenas; en 2021 se llegó a 108; y en 2022 se tuvieron 217. En lo que va de este año, se llega a 133 condenas por querellas por violencia rural. “Esto es un trabajo del Estado”, recalcó.
Igualmente, mostró como las usurpaciones sin violencia bajaron de 229, en 2021, a 34, en la actualidad. Y, de las violentas, de 29, en 2021, a 5, en este año.