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Aprobada nueva prórroga al estado de excepción en Macrozona Sur

Durante el debate, una de las preocupaciones fue el inicio de la temporada de incendios. La nueva prórroga al estado de excepción, inicialmente decretado en mayo de 2022, busca continuar con el trabajo desarrollado en La Araucanía y Bío Bío.

Nueva prórroga al estado de excepción en la Macrozona Sur

Con 100 votos a favor, 23 en contra y 18 abstenciones, la Cámara entregó su respaldo a una nueva prórroga al estado de excepción constitucional para la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

La petición que realiza el Presidente de la República, Gabriel Boric, extiende por otros quince días esta herramienta, con el objetivo de continuar el trabajo de prevención de delitos en la zona.

En los antecedentes de la solicitud, el Ejecutivo hace una evaluación positiva del estado de excepción constitucional. “La presencia activa de las fuerzas de seguridad ha logrado revertir la tendencia creciente de violencia”, indica el texto. Incluso, señala que algunos indicadores registran las mejores cifras de los últimos años.

Nueva prórroga para desafíos de temporada

Dos fueron las preocupaciones más mencionadas durante el debate: la preparación para el inicio de la temporada de incendios y la protección de las cosechas.

Así, por ejemplo, el diputado Miguel Mellado (RN), pidió más contingente para acompañar a los agricultores. También solicitó medidas preventivas para identificar a los grupos terroristas que aprovechan la época estival para provocar incendios forestales.

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) dijo que los grupos que ejercen la violencia para negocios ilícitos están asociados también al crimen organizado. En ese sentido, indicó que la nueva prórroga del estado de excepción permite frenar la violencia y el crimen organizado.

A su turno, el diputado Felipe Donoso (UDI) consultó por la aplicación de la ley de usurpaciones y por qué no se ha visto resultados evidentes respecto a los predios tomados.

En otro tema, el diputado Johannes Kaiser (PREP) se refirió al informe que el INDH publicó en noviembre. El reporte menciona violación sistemática en los derechos a la seguridad personal, educación, libertad de culto, libertad de circulación y de propiedad, dijo. Señaló que esto es responsabilidad del Estado, el que debe reprimir a los grupos que causan estos problemas.

Acuerdo por seguridad

Otro tema abordado, a la luz de los resultados del último plebiscito, es la necesidad de adoptar acuerdos en materias como la seguridad. El diputado Daniel Manouchehri (PS) llamó a ponerse de acuerdo y centrarse en lo relevante, que es la seguridad de los chilenos.

La diputada Joanna Pérez (DEM) coincidió con esto y manifestó que su colectividad está disponible a apoyar tanto el estado de excepción, como el control de fronteras y la migración. Se mostró proclive a lograr acuerdos, pero pidió también que se consideren los proyectos propuestos en esta materia.

De manera similar, el diputado Vlado Mirosevic (PL) señaló que luego del domingo hay que abrir una nueva etapa y construir acuerdos transversales para ofrecer seguridad en las calles.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (AMA) valoró la extensión de la permanencia del jefe de la defensa y subrayó la importancia de que las nuevas autoridades militares conozcan la realidad de la zona.

Intervinieron también los diputados Daniel Lilayu (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Miguel Ángel Becker (RN), Flor Weisse (UDI), Bernardo Berger (IND) y Juan Carlos Beltrán (RN).

Posteriormente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que ha habido una disminución en delitos de violencia rural. En lo que respecta a las usurpaciones, indicó que la ley ya se aplicó en Collipulli, sin embargo, señaló que en usurpaciones previas a la ley, habra un debate en tribunales. Ello, puesto que, al ser un delito permanente, se debate si se aplica la ley previa o la nueva.

En esa línea precisó que hay un cambio en la dinámica de las usurpaciones. Sin embargo, precisó que, en cuanto a cifras, estas han disminuido, tanto gracias al estado de emergencia como por la nueva ley.