CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

La Sala de la Cámara aprobó otros 15 días de prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur.

Al contar ya con la aprobación del Senado, el requerimiento se devolverá al Ejecutivo para la formulación del decreto respectivo. Recordar que esta medida comenzó a implementarse el 16 de mayo de 2022. Afecta a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío. Se justifica en la ocurrencia de hechos de violencia y atentados en la zona.

El último decreto se publicó el 22 de diciembre pasado. De tal modo, la nueva extensión del EECE regirá tras la fecha de expiración del anterior decreto.

En el debate participaron Juan Carlos Beltrán (RN), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Miguel Mellado (RN), Mauricio Ojeda (IND), Flor Weisse (UDI), Miguel Ángel Becker (RN), Stephan Schubert (PREP), Gloria Naveillan (IND), Felipe Donoso (UDI), Marta Bravo (UDI), Andrés Jouannet (AMA), Henry Leal (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Jorge Guzmán (Evop), Joanna Pérez (DEM) y Gustavo Benavente (UDI).

Gran parte de los discursos lamentaron que los hechos de violencia se mantienen en la macrozona sur pese a dos años de implementación del EECE. Si bien algunos reconocieron que han disminuido en cantidad, estimaron que han subido en gravedad. Así, varios cuestionaron la efectividad de aprobar 15 días de prórroga de la medida.

En dicho contexto mencionaron el reciente asesinato de una pareja de adultos mayores en Malleco, cuya vivienda, además, resultó incinerada. Al mismo tiempo, asociaron este acto de cruel violencia con el caso Lucsinger Mackay. Del mismo modo, vincularon la situación con la resolución judicial que entregaría la libertad condicional de Celestino Córdova, imputado por dicho crimen.

Otro cuestionamiento es que se invite a la Coordinara Arauco-Malleco (CAM) a una mesa de conversación.

En materia legislativa, se planteó la posibilidad de reingresar un proyecto para extender los periodos de aplicación de los estados de excepción. También para avanzar en inteligencia y estrategias contra el crimen organizado.

Ejecutivo

En representación del Ejecutivo expuso el ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve. Primero, llamó a no levantar acusaciones infundadas. Aclaró, asimismo, que se ingresarán indicaciones a un proyecto en trámite para entregar dos nuevas facultades al Gobierno en materia de pensiones de gracia. Una de ellas obligará a tener a la vista los antecedentes penales de las personas favorecidas. Junto a ello, se posibilitará revocar el beneficio.

Informó que Celestino Córdova aún no está en libertad y refrendó la posición del Ejecutivo de enfrentar los delitos graves. En tal plano, dijo que se ingresó la apelación respectiva así como una orden de no innovar que deberán ahora revisar los tribunales de justicia.

Recalcó que tampoco hay personas intocables en Chile y mencionó en este contexto la cantidad de condenas en los últimos años relacionadas a violencia rural:

• 65 en 2020.
• 121 en 2021.
• 231 en 2022.
• 167 en 2023.

 

Por otra parte, comentó que el Gobierno sabe que entre esos condenados hay 171 personas que son parte de una estructura criminal. 69 de ellas son de la CAM. “Para eso hay investigación criminal, para ello se han traspasado recursos y herramientas para que las personas sean detenidas”, comentó.

Adelantó que, próximamente, se destinarán $16 mil millones a la PDI y otros $12 mil millones a Carabineros para reforzar su instrumental.

Finalmente, previo a solicitar la aprobación de la Sala a los 15 días de prórroga, sugirió a la Corporación convocar, en una próxima ocasión, a las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad para que, en una sesión secreta, se entreguen antecedentes detallados sobre la estrategia impulsada y los datos duros del accionar policial y militar en la zona.