Constituyen comisión investigadora sobre fraude tributario
La instancia, que presidirá la diputada Camila Musante, investigará el caso que implicó un fraude al fisco de 240 mil millones de pesos.
Con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades políticas en torno al denominado mayor fraude tributario de Chile, se constituyó la comisión investigadora respectiva, que presidirá la diputada Camila Musante (IND).
Asimismo, se suma hacer propuestas y analizar la participación de los órganos del Estado en la operación que implicó una defraudación al fisco por más de 240 mil millones de pesos.
En la petición para conformar la instancia, impulsada por la diputada Musante, se precisa que los ilícitos fueron cometidos a partir del año 2015 a la fecha; es decir, durante casi nueve años. De manera preliminar se habla de más de 100 mil facturas ideológicamente falsas, que involucran a más de 300 contribuyentes.
La legisladora dijo que es preciso determinar responsabilidades políticas y por qué el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó acciones legales en su momento, cuando se conocieron los antecedentes.
Primeros invitados y horarios
La comisión acordó sesionar los días lunes, de 19:15 a 20:45, y entre sus primeros invitados destaca la citación al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, y a la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.
A ellos se suman, como una lista preliminar de invitados y citados, representantes de la PDI, del Ministerio Público y el Ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El mandato de la comisión es fiscalizar los actos del Gobierno, en particular, del Ministerio de Hacienda. Igualmente, de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, entre otras entidades.
Cabe destacar que en el funcionamiento de este fraude tributario se habrían creado más de 100 empresas “fantasmas”, que operaban en al menos 10 regiones del país. Involucran, además, a más de 400 cuentas bancarias, un sinnúmero de inmuebles, centenares de vehículos, dinero en efectivo y otras divisas; y la detención de al menos 50 empresarios.