CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Con las partidas de los Gobiernos Regionales y del Tesoro Público, junto con el articulado del proyecto (boletín 16330), la Sala de la Cámara concluyó el análisis y votación de la Ley de presupuestos de la nación para 2024.

El debate se desarrolló a través de cinco días de análisis y votaciones. El lunes 13, la Corporación se abocó a la discusión en general, donde el texto se aprobó por 99 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Con ello, pasó a la siguiente etapa, con el estudio del articulado y partidas presupuestarias.

El debate en particular comenzó el martes 14, donde se aprobaron, en primer lugar, las partidas de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, la Contraloría y el Poder Judicial.

Luego, se respaldaron, después de un amplio debate, los presupuestos de los ministerios del Interior y Economía. Le siguieron a las anteriores las carteras de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

El miércoles 15, se apoyó el erario de Educación, con la reducción en algunos de sus ítems. Seguidamente, se revisaron y despacharon las partidas de Justicia y Defensa, así como de Obras Públicas. También se dio luz verde a los dineros de Agricultura (aunque con reducciones) y de Bienes Nacionales. Se concluyó el día aprobando el Ministerio del Trabajo.

Jueves y viernes

En la jornada del 16, la Sala desarrolló un nuevo y extenso debate en dos de las partidas. Se trató de Salud, donde se terminó por respaldar todo; y Vivienda, que también pasó a segundo trámite sin cambios en sus montos.

La partidas de Transportes y del Ministerio Público, igualmente, conservaron sus recursos. Sin embargo, se espera que en el segundo trámite se aclare que el 50% de los fondos espejo vayan a proyectos exclusivamente para transportes. Respecto de la Fiscalía, existe un compromiso de avanzar con celeridad en el proyecto de ley que fortalece dicha institución.

Con un debate acotado en Minería y sin discusión en los casos de la Segegob, Ciencias y Servel, se aprobaron sus respectivas partidas presupuestarias.

Además, se respaldó la asignación del Ministerio de Desarrollo Social en todos programas, pasando a segundo trámite.

Entre la noche del jueves y la mañana del viernes se aprobaron las partidas de la Segpres, Energía y Cultura.

Una situación similar aconteció con los ministerios de Deportes y de la Mujer, que se despacharon sin modificaciones este 17 de noviembre. Mientras que Medioambiente, analizada la noche del 16, vio rechazados sus gastos variables.

Cerraron el debate y votaciones, como se indicó más arriba, las partidas de los Gobiernos regionales y del Tesoro Público, que también se despacharon, junto al articulado de la ley.

Así, el debate continuará ahora en el Senado, donde se desarrollará el segundo trámite del Presupuesto 2024. De producirse cambios en dicha Corporación, el articulado y partidas afectadas volverán a un nuevo análisis en la Cámara, en los puntos específicos donde se hayan introducido los cambios. Cabe alertar sí que el plazo máximo para despachar esta iniciativa es el 28 de noviembre próximo.

Gobiernos regionales

La partida de los gobiernos regionales considera ingresos y gastos por un billón 765 mil 548 millones. Presenta un alza positiva de 5,8%, respecto al presupuesto 2023.

En este ámbito se destacan los programas de funcionamiento, tales como el área en la que se consideran ingresos y gastos por la suma de $116.765 millones (+0,8%).

Por su parte, en el caso de los programas de inversión regional, se presentan montos por $116.765 millones.

En la instancia previa, se explicitó que todas las modificaciones presupuestarias de los gobiernos regionales deberán pasar por toma de razón de la Contraloría General de la República.

Además, se permitirá que adquieran terrenos para la construcción de viviendas. Igualmente, podrán contratar o firmar contratos con las empresas sanitarias para fortalecer los Planes Socavones.

Por otra parte, se determinó que, con la creación del Fondo para la Productividad y el Desarrollo (fondo Royalty) se podrán seguir ejecutando los arrastres de las iniciativas del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) vigentes a la fecha.

También se repuso la posibilidad de que los Gore destinen hasta el 8% de su programa de inversión a actividades de apoyo a la comunidad.

Fueron parte de la discusión Juan Fuenzalida (UDI), Jaime Sáez (RD), Diego Schalper (RN), María Candelaria Acevedo (PC), Andrés Jouannet (AMA), Emilia Nuyado (PS), Johannes Kaiser (IND), Marta González (IND), Francisco Pulgar (IND), Daniel Lilayu (UDI), Clara Sagardia (IND), Carlos Bianchi (IND), Francisco Undurraga (EVOP), Paula Labra (IND),  Jaime Mulet (FRVS), Héctor Barría (DC), Marcos Ilabaca (PS), Agustín Romero (PREP), Joanna Pérez (DEM),  Renzo Trisotti (UDI), Marcela Riquelme (IND), Miguel Mellado (RN), Eric Aedo (DC), Flor Weisse (UDI), Stephan Schubert (IND), José Miguel Castro (RN),  Ericka Ñanco (RD), Sebastián Videla (IND), Felipe Donoso (UDI), Javiera Morales (PCS), Andrés Longton (RN), Félix González (PEV), Sofía Cid (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI).

Este debate estuvo marcado por la malversación de fondos en dichas entidades. Se estimó necesario una modernización y análisis de fondo de los gobiernos regionales. También se criticó la escasa ejecución presupuestaria.

Al momento de las votaciones, se aprobó una indicación del Ejecutivo en torno al financiamiento de los programas de inversión de los gobiernos regionales. Señala que los gobernadores regionales elaborarán la distribución inicial de sus presupuestos de funcionamiento e inversión, para lo cual tendrán un plazo máximo de 10 días corridos una vez publicada esta ley.

Luego, someterán la distribución del presupuesto a la aprobación del Consejo Regional respectivo. Dicho órgano tendrá un plazo máximo de aprobación de 10 días corridos. Una vez aprobada por el Consejo, el gobernador regional deberá remitirla a la Dirección de Presupuestos, a más tardar en los cinco días corridos posteriores.

Igualmente, se respaldaron una serie de indicaciones a las cuales se solicitó reserva de constitucionalidad por ser materias propias del Ejecutivo. Entre ellas estuvo una que requiere la aprobación del Consejo ante cualquier asignación de recursos  de funcionamiento e inversión. Otras refirieron gastos de traslados y reembolsos de los consejeros regionales; y sobre requisitos necesarios para decretar las respectivas transferencias desde los Gobiernos Regionales a las corporaciones.

Tesoro Público

La última de las partidas revisadas fue la del Tesoro Público, que concita los mayores ingresos y gastos del erario nacional. Para el próximo año concita un crecimiento del 13,5%.

Es relevante explicar que desde esta partida se transfieren las llamadas asignaciones sectoriales. Esto explica que concentre un monto de $77,2 billones, cuando el conjunto del presupuesto presenta $76,9 billones como gasto para 2023.

En esta partida se explican cuáles son los ingresos generales proyectados que tendrá el país. Estos pasan, por ejemplo, por la identificación de los montos esperados en materia de tributación. Asimismo, contribuyen a dicho cálculo supuestos macroeconómicos sobre el comportamiento esperado del crecimiento del PIB y de la demanda. Igualmente, influyen las proyecciones del precio del cobre, del tipo de cambio y de la inflación.

También se registran en este apartado los subsidios, el servicio de la deuda pública y las empresas y sociedades del Estado. Junto a ello, se declaran los montos que manejarán los diversos fondos estatales, como el de pensiones o el de educación, y se contempla el financiamiento de entidades autónomas, como el Tribunal Constitucional o el Instituto de Derechos Humanos.

Intervinieron en el debate Nathalie Castillo (PC), Lorena Fries (PCS), Miguel Mellado (RN), Joanna Pérez (DEM), Jaime Araya (IND), Luis Sánchez (PREP), Daniel Lilayu (UDI), Sofía Cid (RN), Boris Barrera (PC) y Flor Weisse (UDI).

En la partida del Tesoro Público la discusión estuvo centrada en diversos temas. Sin embargo, un tema que resaltó fueron los recursos y funcionamiento para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Así, por ejemplo, quien defendieron la institución relevaron que el órgano sea autónomo y se fortalezca. Otra visión acusó deficiencias en su vigilancia en La Araucanía.

En la oportunidad, se aprobó una indicación que plantea que con recursos de esta partida, el Presidente de la República entregue soluciones a los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública. La idea es proveer continuidad del servicio educacional y resguardar el derecho a la educación y la integridad de los miembros de las comunidades educativas.

Articulado

Además de las partidas, el proyecto contempla un conjunto de artículos que entregan facultades al Estado, por ejemplo, para otorgar garantía estatal a los créditos que contraigan o los bonos que emitan las empresas del sector público y universidades estatales.

Otra norma relevante es la que autoriza al Presidente a contraer obligaciones en moneda nacional o extranjeras (art. 3°) que, por concepto de endeudamiento, se incluye en los ingresos generales de la nación.

En el debate de este segmento participaron Johannes Kaiser (PREP), Javiera Morales (PCS), Joanna Pérez (DEM), Andrés Jouannet (AMA) y Marcos Ilabaca (PS). El principal punto abordado por los legisladores fue el monto y destino de los recursos a las FFAA. En ese sentido, se llamó a no debilitar los espacios referidos a la industria y la defensa nacional.

En tanto, el ministro Marcel destacó que el articulado es de vital importancia, dado que contiene normas de carácter financiero que regulan la ejecución del presupuesto. Igualmente, relevó la importancia del artículo tercero, acotando que “le da sustento a todo el presupuesto, por lo tanto, no cualquier cifra cabe”.

En ese plano recalcó que las cifras, que están debidamente calculadas, no solo contemplan financiamientos anuales, sino que contratos y compromisos contraídos previamente, por lo tanto, bajar esa cifra significaría tener que reducir el gasto público o dejar de cumplir compromisos con los acreedores.

Pese a lo anterior, al momento de las votaciones, la disposición se rechazó, al no alcanzar el quórum de aprobación requerido.